LA NOTA CHAPINA

Se destinan Q150 millones para entidades de inteligencia

Por: Lorena Álvarez / elPeriódico 

La SIE y los ministerios de Gobernación y de la Defensa cuentan con presupuesto para estas actividades.

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La vigencia del Estado de Sitio para los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán es una muestra de la ausencia de estrategias de seguridad claras, y fallas en el trabajo de las entidades que generan análisis estratégicos y de inteligencia.

El presupuesto de las entidades a cargo de la labor de inteligencia alcanza cerca de Q150 millones este año, pero a decir del exministro de Gobernación Carlos Menocal “se debió detectar los focos de ingobernabilidad y los grupos que protagonizan los eventos”. Una de las funciones de la inteligencia es generar alertas ante los riesgos y amenazas en determinadas áreas, lo que no parece que se hizo en el caso de los municipios de Sololá, explica.

Una opinión similar expresó el diputado de la bancada Semilla Bernardo Arévalo, durante la discusión en el Congreso para la aprobación del Estado de Sitio. El congresista criticó al Gobierno Central por el fracaso en la estrategia de seguridad y que recurra, por segunda ocasión, a imponer un Estado de Excepción. Dijo que es necesario realizar las investigaciones y trabajo de inteligencia para complementar el diálogo y las acciones de intermediación con las comunidades para solucionar el problema en el área.

Menocal indicó que los riesgos y amenazas incluyen los ambientales, por lo que en algunos casos es necesaria la participación de la Coordinadora Nacional para la Atención de Desastres para generar las alertas oportunas.

Gastos específicos
La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) cuenta con un presupuesto vigente de Q32.4 millones, de los que Q27.1 millones se destinan al rubro de personal. Hasta noviembre, la ejecución presupuestaria de esta Secretaría, dirigida por Walter Alexander Levy Herrera, fue de Q26 millones devengados.

Hay dentro del presupuesto otra asignación de Q31 millones para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS), a cargo de Héctor Orellana García. Para los rubros de personal tiene un presupuesto de Q21.5 millones. La ejecución presupuestaria a noviembre es de 81.4 por ciento con un gasto devengado de Q25.2 millones.

Dentro del presupuesto del Ministerio de Gobernación (Mingob) se asignan Q85 millones a la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), que dirige el teniente coronel José Luis Navas Barrera. Esta dependencia destina Q31.9 millones para el rubro de personal y tiene un monto de Q8 millones destinados para construir una sede que no ha ejecutado.

El presupuesto de estas tres entidades suma Q148.4 millones, pero también el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) cuenta con la Dirección de Inteligencia a la que asigna recursos para sus operaciones.

Tanto el Mingob como el Mindef utilizan el renglón presupuestario 198 destinado para “recompensas para la seguridad del Estado”, en las que para 2021 se tienen Q26.2 millones para el pago de información que sea de utilidad para realizar capturas.
En el caso de la Digici, de la cartera de Gobernación, su presupuesto para este propósito es de Q8 millones a noviembre; según el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin) ya se ejecutó el cien por ciento; mientras que la Defensa Nacional carga este renglón a la Dirección General de Finanzas y cuenta con Q17.7 millones de los que ya pagó Q17.1 millones. Esta partida, según una nota publicada en diciembre de 2019 por elPeriódico, queda fuera del ámbito de la auditoría por parte de la Contraloría y el Congreso.

Tareas pendientes
Las entidades de inteligencia civil y militar deben tener una agenda constante de los riesgos y amenazas para que el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) pueda tomar decisiones, pero la información que se presente deberá ir más allá de las estadísticas generadas con los datos de la Policía o estudios para los que se contrata una consultoría, indicó Menocal.

En el caso del Estado de Sitio, el ex-Ministro dijo que se debe retomar la gobernabilidad en el lugar y tener definido un proceso de acompañamiento integral para los ciudadanos.

Arévalo pidió para los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán una estrategia que entre otros temas incluya el desarme de las comunidades, la desarticulación de las redes de tráfico de armas y extorsiones. Además de retomar el proceso para reformar la Ley de Orden Público, que es obsoleta para responder a los problemas de seguridad actuales, indicó.

La Ley de Orden Público tiene 56 años de haber sido aprobada, y desde 2016 el Congreso tiene en discusión la iniciativa 4985 para reformarla.

FUENTE: EL PERIÓDICO

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