LA NOTA CHAPINA

Los grandes negocios del Ejército de Guatemala durante 2021

Por: Investigación / elPeriódico 

Al igual que con su predecesor, Jimmy Morales, las fuerzas militares se han convertido en un aliado estratégico del presidente Alejandro Giammattei ante su falta de caudal político, lo cual ha sido recompensado por el actual gobierno con prebendas y mayor presupuesto.

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Durante 2021, el Ejército se ha convertido en uno de los principales aliados del presidente Alejandro Giammattei, quien a su vez ha dado su apoyo político para que la entidad castrense cuente con el suficiente respaldo presupuestario y pueda ejecutar su programación de gastos.

Durante 2021, el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) dispuso de un presupuesto de Q2 mil 644 millones 699 mil, el cual fue utilizado para sufragar sus gastos operativos, y en parte para concretar millonarias contrataciones, en varios casos con poca transparencia.
Entre los principales negocios ejecutados por el army destacan la compra de alimentos, construcción y remodelación de oficinas, reparación de aeronaves, compra de insumos para uniformes, adquisición de embarcaciones, compra de maquinaria pesada, entre otros.
En muchos casos, la cartera de la Defensa seleccionó como sus proveedores a empresas que han sido señaladas en casos de corrupción o bien son cuestionadas por la poca transparencia con la que funcionan.
A continuación, elPeriódico presenta un resumen de los reportajes publicados sobre esos cuestionados negocios que realizó la entidad castrense durante el presente año.

Compra de alimentos

A falta de días para concluir el año y aún con eventos de licitación y cotización abiertos para adjudicar la compra de insumos para elaboración de alimentos, el Ministerio de la Defensa ha repartido más de Q70 millones en seis proveedores.

La empresa mercantil Distribuidora Tropical, propiedad de Lesvia Haydee Padilla Cruz, es el proveedor más grande de alimentos del Ministerio de la Defensa durante el presente año. Esta entidad ha captado Q35 millones 890 mil 462.61 en contratos para el suministro de insumos para la elaboración de alimentos.

En junio pasado, una investigación publicada por elPeriódico reveló que en los registros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) las cuotas patronales de Lesvia Padilla son pagadas por la empresa Restaurante Unidos, S. A.

El segundo proveedor de alimentos que ha sido más favorecido por el Ejército en el rubro de alimentos es la empresa Pollos del Monte, propiedad del exmilitar Fernando Abugarade Pineda. Esta entidad ha obtenido Q13 millones 221 mil 930.97 provenientes de Defensa.

Le sigue la empresa Distribuciones ONB, de Otto Nery Balconi Turcios, hermano del exministro de Defensa Julio Arnoldo Balconi Turcios. Durante 2021, este proveedor ha sido beneficiado con Q6 millones 719 mil 656.35.

La empresa Industrias Fasamo, S. A., la cual es representada legalmente por la ex reina de belleza Mirna Lissy Salguero Moscoso, ha obtenido en lo que va del año Q6 millones 494 mil 862 en contratos para el suministro de alimentos para elementos del Ejército.

El quinto proveedor de alimentos más beneficiado este año por los militares es la empresa Alimentos y Servicios, de Jorge Manuel Rodríguez García, que ha captado Q6 millones 459 mil 455.25.

Remodelaciones de oficinas

En noviembre pasado, elPeriódico publicó una investigación en la que revelaba cómo el Ministerio de la Defensa había hecho de Óscar Guillermo Ramos Soberanis su remodelador de oficinas favorito y proveedor de otros productos.

La publicación periodística dio a conocer que Ramos Soberanis utilizaba una red de empresas y sociedades anónimas que son representadas legalmente por su empleado Exal Miguel Córdova Ramos y el hermano de este Ludvin Gudiel Córdova Ramos.
Mediante el uso de la empresa individual Construcciones Creativas, Exal Miguel Córdova Ramos captó Q15 millones 303 mil 80.25 en contratos con el Ejército.

Logística de Ingeniería, S. A., la cual está representada por Exal Córdova, también obtuvo este año contratos con la entidad castrense por Q3 millones 326 mil 426.

Exal Córdova fue desde 2013 un empleado de la empresa Servicios Profesionales, propiedad de Óscar Guillermo Ramos Soberanis, acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, del Ministerio Público, en el caso Plazas Fantasma en el Registro de Información Catastral (RIC).

A Ramos Soberanis se le acusa de peculado por sustracción y, según la evidencia presentada por la CICIG, de no cumplir con el trabajo para el que fue contratado en el RIC. Parte del dinero que cobraba en esa institución era entregado a Sara Isabel Torras Trujillo de Baldetti, cuñada de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La CICIG encontró depósitos de Ramos Soberanis a la cuñada de la exvicepresidenta (casada con su hermano Mario Baldetti Elías), quien utilizaba esos recursos para sus gastos personales.

Además, Ramos trabajó al menos un mes para la Secretaría General de la Presidencia con Gustavo Martínez Luna, el yerno del exgobernante Otto Pérez Molina, donde fue contratado bajo el renglón 029 y percibió al menos un salario de Q30 mil 852.54.
Al mismo tiempo que tenía estas plazas, Ramos Soberanis recibía contratos del Estado para su constructora por al menos Q28 millones 355 mil 313.69 durante los cuatro años del gobierno patriota (2012-2015).

A partir de agosto, las cuotas patronales de Exal Miguel empezaron a ser pagadas por la empresa Chipcom, S. A., cuyo representante legal es su hermano Ludvin Gudiel Córdova Ramos.

En lo que va de 2021, Defensa ha otorgado Q2 millones 796 mil 93 en contratos a la entidad Chipcom, S. A.

Un valioso terreno en el Aeropuerto del Puerto de San José

Aunque esta no es una compra que se hiciera con fondos públicos, sí es un tema que evidencia el total apoyo que el presidente Alejandro Giammattei brinda a los militares.

El 29 de abril pasado, el mandatario Giammattei firmó el Acuerdo Gubernativo 95-2021, el cual acuerda “ceder y transferir la propiedad sin pago a favor del Instituto de Previsión Militar (IPM) de una fracción de terreno de 592 mil 591.073 metros cuadrados”.

Esta propiedad se ubica entre la pista aérea del Puerto de San José y la carretera CA-9A, específicamente en el kilómetro 105, ruta CA-9A, del municipio de San José, en Escuintla.

La Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (Dicabi), del Ministerio de Finanzas Públicas, estimó que el bien inmueble transferido al IPM tiene un valor fiscal de Q14 millones 484 mil 422.77, aunque su valor de mercado podría superar con creces esa cifra.

Asimismo, con el Acuerdo Gubernativo 95-2021, firmado por el presidente Giammattei, el IPM tiene previsto utilizar la propiedad para desarrollar dos proyectos de inversión: una Zona de Desarrollo Económico Especial Pública (ZDEEP), un área extraaduanal para el desarrollo de bienes y servicios industriales o actividades comerciales, con tarifas especiales, régimen aduanero temporal y comercio exterior, “la cual generaría desarrollo económico y social en el país”.

El segundo proyecto que tiene previsto el IPM es la construcción de una carretera de peaje para el paso de vehículos pesados que transportan combustibles, “lo cual coadyuvará a descongestionar el tráfico que pasa por el casco urbano del municipio de San José”.

Los militares no van a desembolsar ningún dinero por el inmueble de 592 mil 591.073 metros cuadrados. Pero de acuerdo con el reglamento de cobro de tarifas de las ZDEEP, el IPM como propietario del terreno va a captar entre el 54 por ciento y el 70 por ciento de lo que se le cobre a cada empresa que funcione en la zona extraaduanal.

Este porcentaje de ingresos podría verse incrementado si el IPM también solicita ser el administrador de la ZDEEP que va a operar en el terreno que recientemente el Estado le “regaló” a la seguridad social de los militares por orden del presidente Giammattei. El reglamento de tarifas contempla que el administrador de una ZDEEP obtenga un 20 por ciento de la tarifa que cobre a cada empresa que se instale en la zona de desarrollo.

Insumos para uniformes

Casi desapercibida pasó la adjudicación de insumos para la elaboración de uniformes para el Ejército de Guatemala por un monto de Q27 millones 568 mil 717.

El NOG 14942305 de Guatecompras detalla que ese evento fue otorgado el 2 de septiembre pasado a la empresa Stock Textil, propiedad de César Augusto Ardón Aldana.

De acuerdo con los registros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, César Ardón formó parte de la planilla de la empresa E&T Sistemas Automáticos, S. A., de abril de 2016 a enero de 2018.

E&T Sistemas Automáticos, S. A., es representada legalmente por Ashca Noel Franco Albizures, quien también cuenta con un nombramiento de representación legal con la entidad Señalamiento Vial de Centroamérica, S. A. (Sevica), una empresa que es controlada por Jessica Roxana Romero Guzmán, una de las parejas sentimentales del exdiputado Óscar Armando Escribá Morales.

Desde agosto de 2017, elPeriódico publicó una serie de investigaciones que evidenciaban cómo Escribá Morales había construido aceleradamente una fortuna desde su paso por la Dirección de la Unidad de Conservación Vial (Covial) y el Fondo Social de Solidaridad (FSS) durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Meses después, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pidió procesar al político por fraude, debido a que este benefició con contratos por más de Q194 millones a sus empresas Montañas Nacionales, S. A., y Señalamiento Vial de Centroamérica, S. A.

Posteriormente, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó que Armando Escribá también fuera procesado por concusión, lavado de dinero y falsedad en la declaración patrimonial.

Compra de maquinaria

La compra de maquinaria por parte del Ejército es una constante desde la administración de Jimmy Morales y es algo que ha continuado durante la gestión de Alejandro Giammattei.

Durante 2021, la empresa Class Equipos y Construcciones, S. A., ha ganado Q40 millones 578 mil distribuidos en nueve contratos para suministrar de maquinaria pesada al Ejército.

Class Equipos y Construcciones, S. A., tiene como representantes legales a Gerson Steven Recinos Méndez y Marco Antonio Recinos Méndez, ambos hijos de Marco Antonio Recinos Sandoval.

En 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público (MP) acusaron a Recinos Sandoval de incurrir en el delito de financiamiento electoral ilícito por medio de su empresa Alquiler de Tractores, S. A. (Altracsa). Según los investigadores, Altracsa trianguló en 2011 financiamiento para la campaña electoral del Partido Patriota (PP) por medio de empresas controladas por el constructor Raúl Osoy Penados.

La CICIG y el MP pudieron determinar que Altracsa realizó pagos por Q11 millones 565 mil 970 mediante varios cheques a las empresas Constructora La Montaña, Beltrans y Arrendadora El Quijote, de Osoy Penados. Estas entidades emitieron facturas por servicios ficticios a la empresa de Recinos Sandoval. Posteriormente, Raúl Osoy, mediante su empresa Topsa Construcciones, S. A., realizó una serie de pagos y gastos de campaña a favor de la agrupación política que promovió al binomio presidencial integrado por Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías.

“Los empresarios entregaban el dinero a las entidades que los operadores del PP les indicaban, a sabiendas de que no recibirían por ello algún bien o servicio, pues en la mayoría de los casos se trataba de empresas de cartón. Respecto a los pagos vía constructoras, a los empresarios se les facturaba por servicios intangibles y difíciles de rastrear, por ejemplo ‘uso de maquinaria por mil horas’, modalidad que se repite constantemente”, señalaron los investigadores.

Recinos Sandoval fue ligado a proceso desde 2016 y su situación jurídica aún está pendiente de resolverse.

Marco Antonio Recinos Sandoval es también hermano de William Rubén Recinos Sandoval, quien fue diputado por Jalapa con las agrupaciones políticas Gran Alianza Nacional (Gana), Unidad Nacional de la Esperanza y el Partido Patriota.

Reparación de aeronaves

Durante el presente año, el Ministerio de la Defensa llevó a cabo procesos de licitación para reparar varias aeronaves que forman parte de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG).

Entre las aeronaves recuperadas destaca la reparación del viejo avión presidencial, un Super King Air 300 matrícula FAG-751, por un monto de Q3 millones 366 mil 339.44.

Defensa también destinó Q3 millones 393 mil 424.40 para realizar un overhaul de la caja combinada del helicóptero Bell 412 matrícula FAG-102.

Otros Q3 millones 960 mil fueron destinados para la compra de una aeronave no tripulada de vigilancia aérea de fabricación mexicana.

Un total de Q1 millón 185 mil 439 se utilizaron para el mantenimiento y reparación del motor, hélice, gobernador y sus accesorios de la aeronave Cessna 210 matrícula FAG-039.

La aeronave Cessna 210 matricula FAG-038 también fue sometida a un proceso de mantenimiento y reparación con un costo de Q1 millón 996 mil 986.

La modernización de las aviónicas de los helicópteros Bell UH-1H matrículas FAG-100 y FAG-130 tuvo un gasto de Q3 millones 294 mil 836.

En total, el Ministerio de la Defensa ejecutó durante este año Q17 millones 197 mil 024.84 en la reparación de aeronaves.

FUENTE: EL PERIÓDICO

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