LA NOTA CHAPINA

Nacer en Guatemala significa no crecer

Por: Cindy Espina/elPeriódico 

En el análisis nutricional y de seguridad alimentaria 2021, que realizan anualmente la agencias de Naciones Unidas, el país ocupa el primer puesto en prevalencia de retraso de crecimiento en América Latina.

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Un niño o niña de siete años en Guatemala mide ocho centímetros menos de lo ideal que debería medir a esa edad. Ese retraso de crecimiento histórico en Guatemala no vislumbra un futuro alentador. La pandemia de COVID-19 colocó a los guatemaltecos en un panorama de mucha desventaja a nivel regional.

 En Latinoamérica, Guatemala ocupa el primer puesto en el indicador que mide el retraso de crecimiento de las niñas y niños menores de cinco años. En 2021, en Guatemala, el 42.8 por ciento de los menores de edad no logran alcanzar una estatura de referencia normal. Este dato lo dio a conocer esta semana la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). La FAO coloca a Guatemala en esta posición en el análisis de seguridad alimentaria y nutricional de 2021, en donde evalúa la situación que enfrentan los países latinoamericanos por los daños colaterales que causó la pandemia del coronavirus.


Según la FAO, Guatemala ha reducido la anemia materna.

Los más bajos de Centroamérica

En 2019, fue la última vez que el Gobierno de Guatemala midió a los menores de edad en etapa escolar. En esa época, las niñas de siete años midieron 112.8 centímetros en promedio, cuando la medida de referencia para ellas es e 120.6 centímetros. Su estatura era 7.8 centímetros más baja de lo ideal.

Esto mismo sucedió en los niños. Ellos midieron un poco más que las niñas. En promedio su estatura era de 113.4 centímetros, cuando el referente es de 121.7. Una diferencia de ocho centímetros en su retraso normal de crecimiento.

Según la FAO, en 20 años Guatemala solo ha reducido en un 13 por ciento la prevalencia en retraso de crecimiento en niños y niñas menores de cinco años. Esto es provocado por la desnutrición crónica, que es la fase en donde el infante no supera y arrastra la malnutrición con la que nació o que obtuvo al nacer.

A pesar de la cercanía y que Guatemala posee una economía más grande que El Salvador y Honduras, la diferencia entre el número de menores de edad con retraso en su crecimiento  es más de la mitad. El análisis de la FAO indica que el 11.2 por ciento de los niños y niñas salvadoreños no logran una estatura referencial normal y en Hondureños son el 19.9 por ciento.


Según la FAO, Guatemala ha reducido la anemia materna.

Para fiscalizar la situación de seguridad alimentaria y nutricional del país, el Congreso formó el Frente Parlamentario Contra el Hambre. El presidente de esta instancia es el diputado de la UNE Jairo Flores, quien asegura que, en un análisis preliminar del Presupuesto 2022 han hallado que para el próximo año se redujo el monto para hacer el monitoreo del crecimiento. De Q58.8 millones asignados en 2021, para el 2022 solo se otorgaron Q37.29 millones. Una disminución de Q21.5 millones. Jairo Flores califica esto como “grave”, porque si no se invierte en el control y monitoreo del crecimiento, no se tendrá claro el desarrollo infantil, y por lo tanto, no se puede focalizar de una manera correcta la inversión contra la desnutrición infantil.

Daños colaterales de la pandemia 

El diputado Jairo Flores agrega que con esta reducción al presupuesto para el monitoreo de crecimiento, el problema sobre información y datos sobre desnutrición infantil será peor. A consideración del legislador, actualmente el Frente Parlamentario ha detectado fallas en los barridos nutricionales que hace el gobierno de Alejandro Giammattei. Han ubicado que el número de niños y niñas con desnutrición aguda aumentó, pero el registro del número de muertes a causa del hambre disminuyó y para esto no hay explicación clara, porque lamentablemente esa fase de desnutrición es la más crítica que atraviesa un menor de cinco años de edad. 

En 2020, cuando el presidente, Alejandro Giammattei asumió el Gobierno, el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinsan) registró 27 mil 913 casos de desnutrición aguda y 50 fallecimientos de menores de cinco años a causa de la malnutrición. Esto representó un aumento del 80 por ciento en la detección de desnutrición infantil y una reducción del 50 por ciento en mortalidad por esa causa en  relación a 2019, el último año de gobierno del expresidente Jimmy Morales. 

Pero este aumento, como lo mencionó el diputado, fue resultado de un barrido nutricional más a fondo que realizó el Gobierno. Sin embargo, también es el reflejo de la crisis alimentaria que provocó el COVID-19.  Según la FAO, después del inicio de la pandemia,  la prevalencia de inseguridad alimentaria en Guatemala aumentó y actualmente el 49.7 por ciento de hogares sobreviven a esta situación. Mientras que en 2019, eran el 42 por ciento de familias. 

La FAO, en su informe sobre seguridad alimentaria y nutricional, establece que a causa del coronavirus, en América Latina y el Caribe se estima que 60 millones más de personas no tuvieron acceso físico o económico a comida en cantidad o calidad suficiente para su salud y desarrollo.

La inversión que la terminará 

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) estableció en el anteproyecto de Presupuesto 2022 la inversión de Q6 millardos para el combate a la desnutrición. Esta cantidad se mantuvo en la aprobación que hizo el Congreso hace dos semanas; sin embargo, esa entidad aún no cuenta con un dato exacto. 

Jairo Flores cree que ese no será el monto que se invierta a favor de la seguridad nutricional de los niños y niñas de Guatemala. El congresista detalló que con base en análisis técnicos basados en análisis de las agencias de Naciones Unidas, procesos de fiscalización de fondos públicos y evaluaciones de tanques de pensamiento, los aproximadamente Q6 millardos que se tiene previsto invertir, puede resultar menos, porque muchos programas “etiquetados” para reducir la desnutrición en muchas ocasiones no tienen un impacto directo en mejorar la nutrición del menor de edad. Además de la deficiente ejecución presupuestaria, que es una constante en cada gobierno. 

El gobierno de Alejandro Giammattei ha llamado “Gran Cruzada Nacional por la Nutrición” a su estrategia para combatir la malnutrición. En esta serie de acciones la alianza oficialista en el Congreso, con base en recomendaciones de la Sesan, incluyó a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) dentro del presupuesto destinado a luchar contra este problema. 

Pero esta inclusión es controversial. Por medio de una enmienda y sin indicar el origen de dónde se obtendrán los fondos, los diputados ampliaron el presupuesto para los Consejos Departamentales de Desarrollo por Q240 millones. Estos recursos que el Ministerio de Finanzas Públicas les tiene que asignar son para proyectos de agua y saneamiento y forman parte de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Estos fondos se sumarían a los Q2.7 millardos que se acordó otorgarles. 

Sin embargo, los Codede tienen complicaciones para ejecutar su presupuesto. A diciembre de 2021, solo han ejecutado el 51.7 por ciento de los Q3 millardos que se les asignó este año para obras, las cuales desde 2016 tienen un enfoque en proyectos de agua y saneamiento. Esto se repite cada año y es por esa razón que de forma constante, durante la planificación del Presupuesto, los alcaldes piden que se les autorice fondos para la reprogramación de obras. 

La Sesan indicó que la inclusión de los Codede para que realicen estos proyectos es importante, porque el acceso a agua limpia en los hogares, así como métodos y vías para la eliminación de desechos y residuos es importante para reducir la desnutrición infantil. Iván Aguilar, gerente humanitario para Oxfam Centroamérica, considera que es una medida muy acertada; sin embargo, los fondos asignados no son suficientes, porque el 60 por ciento de la población guatemalteca no tiene acceso a agua potable y el 50 por ciento vive sin recursos de saneamiento. 

Iván Aguilar dijo que, si bien es vital agregar esta serie de proyectos a las estrategia contra la desnutrición, no cree que vaya a dar resultados si los Codede no mejoran la forma de administrar y ejecutar los recursos que les asignan, porque no solo no los gastan, sino que, en muchos de los casos, las obras que realizan no son de buena calidad, agregó el gerente de Oxfam. 

Por su parte, el diputado Jairo Flores cree que este aumento no se reflejará en el combate a la desnutrición en 2022. Para el congresista la asignación se hizo sin existir una estrategia clara. Esto debido a que en el proyecto presupuestario no indica de dónde se obtendrán esos recursos. El legislador ve esto, como un acto de colocar solo una etiqueta más al plan de ingresos y egresos, con el objetivo de incrementar el monto que se destina para seguridad alimentaria. Sin embargo, opina que esto no se manifestará en la realidad, porque no se conoce de dónde saldrán los fondos. Además, los alcaldes han demostrado que no les interesa realizar obras que garanticen agua y saneamiento en las comunidades y esto se observa en la baja ejecución anual de los Consejos de Desarrollo.  

FUENTE: EL PERIÓDICO

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