LA NOTA CHAPINA

El alcalde que asumió sin finiquito

Por: Investigación / elPeriódico 

Jorge Adán Rodríguez Diéguez libra una batalla por mantenerse al frente de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, a pesar de que la Contraloría General de Cuentas le ratificó este año que no contaba con finiquito para asumir el cargo y que había una denuncia penal en su contra, además de ocho sanciones administrativas vigentes.

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Jorge Adán Rodríguez Diéguez asumió el 15 de enero de 2020 como alcalde municipal de San Lucas Sacatepéquez y según la Contraloría General de Cuentas tenía una denuncia penal por Q256 mil 795.16 y ocho sanciones administrativas, por lo que lo volvió a denunciar ante el Ministerio Público por asumir sin finiquito.

El profesor Jorge Adán Rodríguez Diéguez llegó al cargo de alcalde municipal de San Lucas Sacatepéquez sin haberlo buscado. Su designación por parte de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez se dio luego de que el anterior alcalde, Yener Plaza, quien buscaba la reelección, no fuera inscrito por el Registro de Ciudadanos debido a que enfrentaba juicios penales por anomalías durante su administración, por lo que Rodríguez Diéguez de aspirar a un puesto como concejal resultó ocupando el de alcalde.

Rodríguez Diéguez es un maestro que fue director del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de San Lucas Sacatepéquez, cargo en el cual la Contraloría General de Cuentas (CGC) le presentó ocho reparos por el manejo de la administración, así como una denuncia penal por el mal manejo de los fondos del Estado.

El 15 de enero de 2020, dos concejales titulares y uno suplente se enfrascaron en una acalorada discusión con Rodríguez Diéguez y sus abogados, a quien le señalaban que no podía asumir el cargo de alcalde municipal debido a la falta de finiquito, lo cual dejaron plasmado en la primera acta del nuevo Concejo durante la primera reunión convocada, que se extendió desde las 11 de la mañana hasta las nueve de la noche.

En los puntos tercero, decimoprimero y decimocuarto de esa acta, los concejales Edwin Geovany Pérez Aparicio y Hugo Fernando del Valle Domínguez pidieron que se dejara plasmado que Rodríguez Diéguez no había presentado la documentación para tomar posesión.

Pérez Aparicio incluso señaló que no cumplía con las calidades para tomar posesión del cargo, y añadió que al consultarle a Rodríguez Diéguez sobre si había solicitado su finiquito, este les había manifestado que sí, pero que la Contraloría General de Cuentas se lo había negado.

Pese a lo anterior, Rodríguez Diéguez, apoyado por los concejales del partido Unidad Nacional de la Esperanza, con el que participó y obtuvo 2 mil 250 votos —solo 320 más que la planilla del partido Compromiso Renovación y Orden, que consiguió 2 mil 230 votos—, asumió el puesto.

Los únicos dos concejales de oposición plantearon a lo largo de 2020, en cada una de las reuniones del Concejo en las que participaron, que el alcalde no contaba con finiquito y razonaron cada uno de sus votos señalando que no estaban de acuerdo con que Rodríguez tomara decisiones como alcalde, ya que estaba en el cargo sin contar con finiquito.

Una denuncia y siete sanciones
En mayo pasado, la Contraloría General de Cuentas les dio la razón a los concejales de oposición. De acuerdo con el informe de la Auditoría y Cumplimiento de la Contraloría General de Cuentas del ejercicio fiscal 2020, Rodríguez Diéguez asumió el cargo sin presentar la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos con fecha de 2020 como había sido establecido por esa institución como requisito para llegar a los cargos.

Según la auditoría, en diciembre de 2019 Rodríguez Diéguez fue denunciado por la CGC por un monto de Q256 mil 795.16; además, recibió ocho sanciones, cinco de ellas por pliegos de Q6 mil 751.20, una por Q6 mil 175, y dos por Q1 mil 687.80, para un total de cargos de Q43 mil 306.60.

La auditoría financiera realizada al Instituto Básico por Cooperativa, en el cual Rodríguez Diéguez era director, encontró un faltante de recursos y dio un plazo para que este pudiera desvanecer el hallazgo, así como justificar la falta de procedimientos por los que se le impusieron las sanciones; sin embargo, al concluir el plazo perentorio, Rodríguez Diéguez no logró desvanecer los hallazgos de la auditoría, por lo que la CGC lo denunció penalmente.

El nuevo hallazgo señalado por la Contraloría por la falta de finiquito, Rodríguez Diéguez intentó desvanecerlo ante los auditores argumentando que el finiquito que había obtenido en 2019 aún continuaba vigente al momento de asumir el cargo, y manifestó que exigirle la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos con fecha 2020 limitaba sus derechos como alcalde electo. Los auditores confirmaron el hallazgo indicando que las pruebas de descargo presentadas por Rodríguez no eran suficientes para desvanecer la deficiencia encontrada y recomendaron al Concejo girar instrucciones para que realizara las gestiones y cumpliera los requerimientos legales para ocupar el cargo.

Además, la CGC interpuso una nueva denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) contra Rodríguez Diéguez por asumir el cargo sin finiquito. Hasta la fecha, el MP no ha actuado contra el alcalde, a pesar de lo señalado por la CGC.

Nadie asume la responsabilidad
Los concejales de oposición presentaron denuncias tanto en la Contraloría General de Cuentas como en el Ministerio Público y en el Tribunal Supremo Electoral, sin que hasta el momento ninguna de estas instituciones se haya pronunciado al respecto.
Un año y nueve meses después, ninguna institución del Estado asume la decisión de rectificar la juramentación de Rodríguez y retirarlo del cargo por incumplir con la presentación de un finiquito o ratificar que puede permanecer en el puesto sin problema.
Cada una de las instituciones, incluyendo los propios concejales del partido de Rodríguez, evitan asumir la responsabilidad de removerlo del puesto argumentando que una vez en el cargo no tienen facultad para hacerlo.

Mientras alguna institución toma una decisión al respecto, el alcalde, quien no compitió por el cargo, continúa tomando decisiones sobre el municipio y junto con sus concejales han decidido ya el presupuesto del próximo año.

elPeriódico intentó conocer la versión de Rodríguez sobre los argumentos legales para asumir el puesto sin tener finiquito y la razón por la que continúa en el cargo, a pesar de los señalamientos de la Contraloría; sin embargo, en la Municipalidad señalaron que Rodríguez no estaba llegando a trabajar y solicitó permiso para ausentarse por razones de salud.

Una resolución del alcalde para el propio alcalde
En agosto pasado, el Concejo de San Lucas Sacatepéquez decidió de forma unánime suspender de sus funciones al alcalde Rodríguez Diéguez, luego de que este no resolviera sus problemas de finiquito ni sus demandas legales en el plazo de dos meses que le había otorgado el Concejo.

Por primera vez y por unanimidad, el Concejo lo suspendió con base en lo recomendado por la Contraloría General de Cuentas y decidió nombrar a la concejal primera Claudia Vicente González; sin embargo, el 6 de octubre pasado, el profesor decidió retomar su cargo y, con una resolución firmada por él y por la secretaria municipal, avisó a las autoridades gubernamentales, empleados municipales y vecinos de San Lucas que había retomado sus funciones, aún sin resolver las demandas penales de la Contraloría ante el MP y sin contar una vez más con finiquito.

Rodríguez usó como justificación para retomar el cargo un documento solicitado por él al TSE, en el cual le solicita una copia del acta del acuerdo de la Junta Electoral Departamental del TSE en que se le adjudica el cargo como alcalde.

Exsecretario de Roxana Baldetti es el abogado de Rodríguez
Allan Castro, quien fungió como secretario general de la Vicepresidencia durante la gestión de Roxana Baldetti, además de defender al ex diputado Armando Escriba en los distintos procesos por corrupción que se seguían en su contra, es ahora el abogado del profesor Rodríguez Diéguez.

Castro fungió también como mandatario de Baldetti y es yerno de la jueza María Eugenia Castellanos, quien pidió inhibirse de participar en el debate sobre el caso. Castellanos y Castro fueron captados por el MP mientras salían de un hospital de la zona 2 tras visitar al empresario Gustavo Alejos. El ex secretario privado buscaba ser colaborador eficaz en el caso Comisiones Paralelas y se señaló que podría aportar información sobre jueces, magistrados y diputados que se reunieron con Alejos para pactar la elección de las cortes.

El otro abogado de Rodríguez Diéguez es Alexánder Douglas Villeda Navichoque, quien fue denunciado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP en el caso Fénix, vinculado a la estafa de Q243 millones al IGSS por parte de Gustavo Herrera. Villeda se había acreditado como representante del hijo de Herrera; sin embargo, al enterarse de la denuncia, renunció. Tanto Villeda como Castro son señalados de estar vinculados a Gustavo Herrera.

Una mentira ante un notario
En febrero de 2019, Rodríguez Diéguez se presentó ante un notario público en La Antigua Guatemala para que este realizara una declaración jurada, en la cual estableció, entre otros puntos y bajo juramento, en el punto G: “No había manejado recursos públicos”; sin embargo, en los reparos de la Contraloría General de Cuentas quedó establecido que era falso, debido a que si recibió una sanción administrativa o una denuncia penal (en su caso ambas) es porque debió haber manejado recursos públicos.

FUENTE: EL PERIÓDICO

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