LA NOTA CHAPINA

Ejército guatemalteco compra embarcaciones a polémico proveedor

Por: Investigación / elPeriódico 

Las tres embarcaciones de 36 pies para la Marina de Guatemala fueron adquiridas por un monto de Q5 millones 460 mil y serán fabricadas por la empresa Dynacomp de Colombia.

foto-articulo-Investigación
Tres embarcaciones similares al de la foto son las que el Ministerio de la Defensa compró a la entidad TILSA, de acuerdo con el sitio infodefensa.com

El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) continúa adquiriendo equipos para modernizar las fuerzas navales. El 27 de septiembre pasado el Mindef adjudicó una compra por Q5 millones 460 mil a la empresa Tecnología, Importaciones Latinos, S. A. (TILSA) para adquirir tres embarcaciones de 36 pies para equipar las Fuerzas de Mar.

TILSA es una empresa cuyo giro de negocios es la venta de armas y cuya representante legal trabaja para Grupo Daled, S. A. vinculada a los empresarios Uzi Kissilevich y Ori Zoller.

Los botes que entregará TILSA son construidos por la empresa colombiana Dynacomp S.A.S. Cada embarcación tendrá un precio unitario de Q1 millón 820 mil.

Para realizar la compra el Ejército recurrió a la modalidad de “proveedor único” una figura contemplada en el Artículo 43, Inciso C de la Ley de Contrataciones del Estado en la que se establece que puede aplicarse cuando un bien, servicio, producto o insumo solo puede adquirirse por su naturaleza y condiciones a un solo proveedor.

Desde el gobierno de Jimmy Morales el Ejército ha buscado modernizar su flota Marina.

Citado en cables estadounidenses
El 2 de diciembre de 2009, el entonces embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen MacFarland, redactó un extenso cable que fue publicado por WikiLeaks acerca del empresario Ori Zoller en el que pedía orientación al Departamento de Estado de EE. UU. para saber si Ori Zoller podía volver a tener visa para ingresar al país norteamericano.

De acuerdo con el cable, Zoller había perdido su visa luego de darse a conocer el escándalo de venta de armas y municiones que terminaron en manos de paramilitares colombianos.

“El traficante de armas israelí Ori Zoller tiene actualmente un P3F inscrito en CLASS por su participación en el desvío ilegal de armas nicaragüenses a las Fuerzas de Defensa Unidas de Colombia (AUC). Aunque un informe de la OEA (Organización de Estados Americanos) absolvió a Zoller y su empresa GIR de cualquier irregularidad explícita, también planteó preguntas sobre su falta de diligencia debida y la posible ceguera intencional en el trato. Zoller también participó en el reciente acuerdo Century Arms de Guatemala, en el que se vendieron ilegalmente armas de origen MAP a coleccionistas estadounidenses”, indica el diplomático norteamericano.

El cable que está dirigido también a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) también describe que “Zoller ha cooperado plenamente con la DEA y MILGROUP en investigaciones posteriores y es una fuente valiosa para DAO en asuntos militares del GOG. La participación de Zoller en el desvío de armas se puede interpretar de tres maneras posibles: se asoció a sabiendas con una organización terrorista extranjera, podría decirse que debería haber descubierto el verdadero destino de las armas, pero fue deliberadamente negligente en su investigación, o desconocía por completo la naturaleza ilícita del trato”.

Dicho cable publicado por WikiLeaks hace una reseña de cómo se dieron los hechos en el desvío de las armas. “Un informe de la OEA de 2003 indica que en 1999, varios individuos se acercaron a Zoller alegando representar a la Policía Nacional de Panamá (PNP), que dijeron estaban interesados en comprar armas que Zoller había adquirido recientemente del Ejército nicaragüense. Un supuesto representante, Simon Yelenik, le presentó a Zoller una orden de compra de PNP para las armas y Zoller acordó continuar con el trato. Las armas, que incluían 3 mil fusiles de asalto AK-47, se colocaron a bordo de la embarcación Otterloo con destino a Panamá. Sin embargo, el barco se desvió a Colombia poco después de la salida. Se inició un segundo acuerdo de armas basado en la misma orden de compra, que involucra 5 mil AK-47 adicionales, pero no se completó después de que la historia de la desviación del primer envío salió a la luz en las noticias internacionales”.

Negocios con el Ejercito Guatemalteco
MacFarland relata que el desvío de armas de Otterloo fue el escándalo publicitado de Zoller no fue el último. “En 2007, se vio envuelto en una nueva controversia después de actuar como intermediario en la venta en Guatemala de armas MAP donadas por Estados Unidos al comerciante privado Century Arms, una transacción que violaba la ley estadounidense”.

“En este caso, Zoller tenía en su poder una declaración del entonces ministro de la Defensa, general Ronaldo Leiva Rodríguez, afirmando que todas las armas a vender fueron adquiridas por medios comerciales. Con base en esta y otra documentación, Zoller recibió un certificado de importación del Departamento de Comercio de EE. UU. y procedió con el trato. Posteriormente, se descubrió que la afirmación de Leiva era falsa: una gran cantidad de las armas eran, de hecho, de origen MAP y no deberían haberse vendido. Aunque una vez más Zoller fue absuelto de cualquier delito deliberado, muchas de las mismas preguntas persistieron: ¿hizo la debida diligencia para verificar la exactitud de la documentación que recibió, o se hizo de la vista gorda ante posibles discrepancias?”.

Al respecto, MacFarland, señaló en su informe que el entonces comandante en funciones del USMILGP declaró que Zoller proporcionó las notificaciones apropiadas al personal de la embajada a través de cada paso del trato y no creía que Zoller hubiera procedido con el trato si el Departamento de Comercio no lo hubiera aprobado. Cuando se descubrió la presencia de armas de origen MAP en la transacción, Zoller fue “muy útil y directo” al proporcionar la documentación solicitada. Sin embargo, el consejero político/económico dijo que sospecha que Zoller es un “facilitador de la corrupción militar”, y que específicamente en el caso del MAP, Zoller pudo haber ayudado a los oficiales del Ejército a “obtener grandes ganancias robando armas de sus propias tiendas”.

El entonces embajador de Estados Unidos en Guatemala también hizo referencia a una investigación elaborada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en que se revelaba que “Zoller ha sido frecuentemente el intermediario de armas retiradas indebidamente de las existencias del Ejército de Guatemala. En un caso denunciado en 2006, más de 30 mil armas de fuego retiradas ilegalmente (incluidas muchas armas de origen MAP) fueron entregadas a la empresa GIR, de Zoller.

Según se informa, fue como pago por la restauración de las armas militares no especificadas de la Industria Militar israelí. Al igual que en el incidente de Century Arms, no hay pruebas concluyentes de si Zoller sabía que estas armas habían sido obtenidas ilícitamente”.

Empresarios polémicos
Tecnología, Importaciones Latinos, S. A. (TILSA) es una entidad constituida en abril de 2003. En los registros de Guatecompras figura como proveedora del Estado desde 2005. A la fecha, ha obtenido Q19 millones 470 mil 431.65 en varios contratos con entidades públicas.

Los ministerios de Defensa y Gobernación, el Organismo Legislativo, las municipalidades de Guatemala y Villa Nueva, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic), la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA), la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el Banco de Guatemala (Banguat) y el Ministerio Público (MP), son algunos de los clientes que han adquirido armas con TILSA.

La empresa TILSA es representada legalmente por Delia Yanira Manzo Meléndez, quien de acuerdo con los registros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) sus cuotas patronales son pagadas por la entidad Grupo Daled, S. A. desde julio de 2015.

Grupo Daled, S. A. es una empresa creada en 2006. Se inició como proveedora del Estado el año pasado. A la fecha, ha obtenido cinco adjudicaciones que suman Q288 mil. Cuatro de ellas con el Instituto de Ciencias Forenses (Inacif) y una con el Ministerio de Gobernación.

La empresa le ha vendido a ambas entidades gubernamentales renovaciones para utilización de distintos programas de extracción forense en equipos y dispositivos móviles.

Grupo Daled, S. A. tiene como representantes legales a Sara Eugenia de León Díaz y Uzi Meir Kissilevich Shapira.

Escándalo internacional
Uzi Kissilevich es un socio en el negocio de las armas del empresario Ori Zoller. A principios de siglo los dos empresarios se vieron involucrados en un escándalo internacional de venta de armas y municiones que terminó en poder de las fuerzas paramilitares colombianas.

De acuerdo con reportes de prensa los dos empresarios de origen israelí respaldaron la transacción por medio de su empresa
Grupo de Representaciones Internacionales, S. A. (Girsa).

En 2003, la agencia de noticias AP reportó que el escándalo se desató en el 2002, cuando Colombia denunció que 3 mil fusiles AK-47 y 2.5 millones de municiones fueron desembarcados en el puerto de Turbo en noviembre de 2001.
Las armas llegaron desde Nicaragua, en donde Girsa, la empresa de Zoller y Kissilevich, las compró a la Policía nicaragüense a cambio de 465 pistolas Jericho y cien subametralladoras Uzi.

Después, Girsa se contactó con otro israelí radicado en Panamá, Shimon Yelinek, quien se interesó en comprar los fusiles que se suponía servirían a la Policía del país canalero.

Zoller y Kissilevich aceptaron la transacción después de que Yelinek les entregó una autorización de la Policía panameña, aparentemente falsa, para adquirir las armas que fueron desviadas directamente a la guerrilla de Colombia.

Posteriormente, la Organización de Estados Americanos (OEA) investigó el caso y no encontró pruebas de que Ori Zoller y Uzi Kissilevich, el propietario y el gerente general, respectivamente, hubieran conspirado en el desvío de armas, aunque destacaron el hecho de que no intentaron verificar que el destino final de las armas contribuyó a dicho desvío.

En la actualidad, Zoller y Kissilevich poseen una empresa offshore en Panamá de nombre ZK Holding Corp., la cual fue creadaen noviembre de 2007.

Los empresarios Ori Zoller y Uzi Kissilevich se vieron involucrados en un escándalo internacional de venta de armas y municiones que terminó en poder de fuerzas paramilitares colombianas.

Venden “software” de espionaje
La venta de armas no fue el único negocio polémico en el que participaron las empresas de Ori Zoller, también existen diversos reportes que sitúan al empresario en la venta de programas de espionaje que son utilizados por diversos gobiernos en Latinoamérica.

En marzo de 2016, un informe titulado “Hacking Team Malware para la Vigilancia en América Latina”, elaborado por Gisela Pérez de Acha, dio a conocer que la empresa Hacking Team había tenido reuniones con la Dirección de Análisis Criminal de Guatemala, una dependencia adscrita al Ministerio Público (MP) que buscaba capacitar a 200 agentes para que pudieran utilizar el software de espionaje.

“El Gobierno de Guatemala argumentó que esta dirección era la única con facultades para realizar las actividades e intromisiones que provee RCS. Al igual que en Honduras, la compañía intermediaria fue NICE Systems, representada por Ori Zoller, un exmilitar israelí dedicado a la venta de armas AK-47 que eventualmente terminaron en manos de grupos paramilitares de Colombia”, expone el citado informe.

El reporte elaborado por Pérez de Acha también consigna que “las negociaciones se pactaron por un precio de 450 mil euros y existía, incluso, una fecha de entrega a finales de 2013, pero la misma nunca se concretó porque el Gobierno guatemalteco no pudo autorizar el pago”.

“A finales de febrero de ese mismo año, Ori Zoller envió un correo a Massimiliano Luppi, el administrador de las cuentas de Hacking Team, diciéndole que estaban a dos semanas de cerrar el trato con Guatemala y obtener el primer pago. No hubo intercambio de correos posteriores sobre el tema”, concluye el informe cuando aborda el apartado sobre Guatemala.

En diciembre de 2015, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) realizaron un allanamiento en la sede de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), luego de que la auditoría interna del Ministerio de Gobernación detectó que un equipo de la Digici podría haber sido utilizado para efectuar actividades de espionaje a personajes civiles.

En 2018, una investigación elaborada por Nuestro Diario, reveló que durante la gestión de Mauricio López Bonilla como ministro de Gobernación (2012-2015) fueron adquiridas “las versiones más avanzadas de Pen-Link, Conceptus, Circles, Citer 360, Avatar, Pegasus, Laguna, entre otros. Todos unidos permiten escuchar, leer, observar y seguir a quien sea”.

“Los equipos (de software) se adquirieron en la administración del exministro Mauricio López Bonilla y se usaron tres modalidades: compra directa con Zoller, a través de empresas vinculadas al israelí y con la Industria Militar, que de igual forma adquiría el equipo al traficante”, señala la investigación periodística.

De acuerdo con dicha publicación, el gobierno de Otto Pérez Molina destinó aproximadamente Q90 millones para que expertos en tecnologías montaran el sistema de vigilancia.

En 2015, la CICIG y el MP realizaron un allanamiento en la sede de la Dirección General de Inteligencia Civil, luego de que la Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación detectó que un equipo de la entidad podría haber sido utilizado para efectuar actividades de espionaje a personajes civiles.

FUENTE: PUBLINEWS

Categorías:LA NOTA CHAPINA