LA NOTA CHAPINA

Con “güizachada” legal, aprueban Estado de Sitio en El Estor, Izabal…

…Así es como en Guatemala resuelve las cosas el Pacto de Corruptos

Por Lourdes Arana

Con 85 votos a favor, el Congreso de la República ratificó el Estado de Sitio decretado por el Ejecutivo en El Estor, Izabal. Foto: Congreso.

Este lunes, el pleno del Congreso de la República, por medio de lo que podría calificarse como una “güizachada” legal, ratificó el Estado de Sitio decretado por el Ejecutivo en el Estor, Izabal, el pasado fin de semana, aprobándolo únicamente con 85 votos a favor.

De acuerdo con lo actuado, se tomó como argumento una sentencia otorgada por la Corte de Constitucionalidad (CC), electa por el pacto oficialista, que permite ahora hacer una interpretación antojadiza de la ley con el afán de que únicamente se necesiten 81 votos para aprobar, en este caso el Estado de Sitio.

La Constitución establece que para aprobar un decreto de urgencia nacional se necesitan 107 votos, es decir la mayoría calificada. Al ser menos de esta cantidad, debía aprobarse en tres lecturas.

Sin embargo, con un total de 85 votos a favor, 25 en contra y cincuenta ausentes, el pleno parlamentario aprobó el Decreto 13-2021 por medio del cual se dictaminó el Estado de Sitio por 30 días en el municipio de El Estor, Izabal, debido a los recientes enfrentamientos que se han registrado en el lugar, por el funcionamiento de una compañía minera.

SOBRE LO APROBADO

Por medio de un artículo nuevo aprobado esta tarde por los parlamentarios, se estableció que el Organismo Ejecutivo debe instalar una mesa de diálogo a nivel nacional integrada por el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, representantes del municipio del Estor así como representantes de las organizaciones legalmente constituidas y representantes de la Compañía Procesadora de Níquel en Izabal CGN-PRONICO, con el objetivo de buscar soluciones a la problemática derivada de la actividad minera en ese lugar.

DIPUTADOS DE OPOSICIÓN VOTAN EN CONTRA

Varios diputados de las bancadas de la oposición criticaron el Estado de Sitio presentado por el Ejecutivo, argumentando que debía cumplirse con la orden de la CC que establecía que la mina Fénix debía cumplir con realizar una consulta a los pueblos originarios de El Estor, para autorizar su funcionamiento.

Sin embargo, la consulta no ha sido realizada y la minera continuó con las operaciones en este municipio, lo que causó el descontento entre algunos habitantes.

El parlamentario Román Castellanos, de la bancada Movimiento Semilla, señaló que rechazaban el Estado de sitio en El Estor, porque en lugar de abrir los canales de participación a las comunidades Q’eqchi’ legítimas, lo que hace es silenciarlas y rechazó «la forma de gobernar de Giammattei».

La diputada Vicenta Jerónimo, del bloque MLP Guatemala indicó «no seamos cómplices de empresas saqueadoras que persiguen, criminalizan, asesinan y encarcelan a defensores de derechos humanos, defensores de la madre tierra desde nuestros territorios», respecto a la aprobación del Decreto que fue conocido esta tarde.

GIAMMATTEI DECRETÓ EL DOMINGO EL ESTADO DE SITIO

El pasado 24 de octubre, el presidente Alejandro Giammattei en Consejo de Ministros decretó Estado de Sitio en El Estor, Izabal, bajo el argumento de que el Ministerio de Gobernación había informado de ataques instigados por grupos criminales para desestabilizar a la autoridad departamental y municipal.

“En virtud que personas y grupos armados han realizado actos de violencia en contra de las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes”, se señaló en el Decreto Gubernativo 9-2021 publicado en el Diario Oficial.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) un grupo de habitantes del sector mantuvieron durante 17 días un bloqueo exigiendo que se cumpliera su derecho a preconsulta para autorizar el funcionamiento de la mina Fénix, ubicada en ese lugar.

Foss: Resolución de conflictos debe apuntar al diálogo, no la imposición del orden

Por Jeanelly Vásquez

El Ejecutivo decretó un Estado de Sitio que busca acabar con cualquier manifestación opositora al proyecto minero en El Estor, Izabal. Foto: Twitter/HsilvAvalos

El Foro de Organizaciones Sociales y Especializadas en Seguridad (Foss), en el marco del Estado de Sitio decretado esta semana en el Estor, Izabal, puntualizó que la vía más favorable para resolver conflictos territoriales es a través del consenso entre las partes y el fortalecimiento integral de las instituciones de seguridad. Por otro lado, señalaron que los Estados de Excepción han sido poco efectivos para estos fines.

El domingo fue publicado el decreto gubernativo 9-2021, el cual establece un Estado de Sitio en El Estor durante 30 días como respuesta a los conflictos entre las fuerzas de seguridad estatales y poblaciones aledañas al proyecto minero Fénix. El mismo es discutido esta tarde en el Congreso de la República, en donde se aprobará, improbará o modificará la medida.

ESTADO DE SITIO DEBILITA EL ESTABLECIMEINTO DE LA PAZ

Para el Foss, uno de los principios fundamentales que sostiene la seguridad democrática y la seguridad integral, radica en el fortalecimiento y perfeccionamiento constante de las instituciones civiles de seguridad, cuyos procesos consolidan al poder civil, donde cada institución tiene su función es complementaria y constitucional.

En ese sentido, una sociedad debe promover la cultura de paz, mediante el diálogo y entendimiento de los valores democráticos.

Por el contrario, los Estados de Sitio han demostrado poca eficacia en la garantía de seguridad en los territorios, según los miembros del Foro. “Está demostrado que los Estados de Sitio, implementados por gobiernos anteriores, no resuelven los problemas de seguridad ni la conflictividad social”, expresaron.

El Estado de Sitio fue implementado por el mandatario Alejandro Giammattei. Foto: Red de Comunicadoras Indígenas Jun Na’oj

El uso reiterado de estas medidas representa, según Foss, el debilitamiento del Estado Constitucional de Derecho. En esta línea consideraron necesario reformar la Ley de Orden Público (1975), porque es “obsoleta e ineficaz”.

A la vez, expusieron que los Estados de Sitio son utilizados para justificar “graves perturbaciones a la paz”, evidenciando que los recursos ordinarios de diálogo y negociación son insuficientes. “No deberíamos tener en vigencia tres estados de excepción a la vez, constituyendo una afectación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Tratado Marco de Seguridad Democrática para Centroamérica”, puntualizaron.

Sumado al uso excesivo de la medida de orden público refirieron que el Estado ha desmantelado las vías para instaurar la paz como la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), creada para la gestión de la conflictividad agraria; y la Secretaría de la Paz (SEPAZ), para la atención a la paz y las víctimas.

Asimismo, distinguieron que la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (COPREDEH), encargada de la política de derechos humanos del ejecutivo, se encuentra sin presidente; Se ha manifestado la intención de cerrar la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), institución civil de seguridad presidencial.

FUENTE: LA HORA

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