LA NOTA DE MUNDO

El Senado de EE. UU. recomienda condicionar fondos a Guatemala por corrupción

Por: Evelin Vásquez/elPeriódico 

El Comité está preocupado por la corrupción e impunidad que existen en El Salvador, Guatemala y Honduras.

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El Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos (EE. UU.) recomendó en el proyecto de ley para el año fiscal 2022, que el 50 por ciento de financiamiento para los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras esté condicionado sobre los avances en materia de derechos humanos y la reducción de la corrupción. 

El Comité no avaló la propuesta del presidente Joe Biden, quien solicitó una inversión de US$861 millones para Centroamérica y abordar las causas de la migración irregular. La propuesta señalaba que el gobierno anfitrión reforzaría la prestación de servicios y la seguridad al reducir la corrupción endémica, prevenir la violencia, reducir la pobreza y ampliar las oportunidades de desarrollo económico. 

Los sistemas de corrupción e impunidad que existen en Guatemala, El Salvador y Honduras son la principal preocupación del Comité, por lo que solicita el condicionamiento para asignar los fondos. 

Hay poca evidencia de que los altos funcionarios de estos países tienen la voluntad de actuar como socios creíbles para EE. UU. para abordar las causas de migración y defender el Estado de derecho”, señala el documento. 

Además, advierte que inversiones anteriores han fracasado en “gran medida” al no lograr resultados sostenibles en la reducción del narcotráfico, corrupción, violencia conexas y equidad del crecimiento económico.

Propuesta

El Comité de Asignaciones planteó un proyecto de ley, que propone US$653 millones para la región y así poder reducir la migración. Aclara que son US$148 millones por encima del Presupuesto del año fiscal 2021. 

También incluye US$50 millones para el establecimiento de un programa con AmeriCorps en los tres países. De acuerdo con el Comité, tiene como objetivo mejorar la estabilidad económica y social. Los fondos se destinarían a jóvenes que buscan migrar por la falta de trabajo y están expuestos a violencia. 

Otra de las propuestas es un proyecto piloto para abordar la reforma de la justicia penal, como un sistema interrelacionado y el desarrollo de la rendición de cuentas en las tres naciones con un aporte de US$2.5 millones.

FUENTE: EL PERIÓDICO

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