LA NOTA CHAPINA

Riesgos de corrupción rodean recursos que se invertirán a través de los codedes

Diputados y actores de poder podrían aprovechar los fondos a invertir por medio de Codedes para generar réditos políticos en año preelectoral.

Por José Pablo Del Águila

Las obras municipales en el 2022, advierten expertos, podrían ser un foco clientelar con miras a las elecciones del 2023. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las obras municipales en el 2022, advierten expertos, podrían ser un foco clientelar con miras a las elecciones del 2023. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El próximo año el gobierno prevé invertir Q2 mil 938 millones en proyectos ejecutados por medio de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Este sistema está diseñado para invertir en aquellas obras que cuentan con el visto bueno de todos los sectores poblacionales, pero solo ocurre en la teoría. En la práctica dirigentes políticos ven en estos fondos un bolsón para ganar réditos políticos y económicos, advierten expertos.

En el 2022, por ser un año preelectoral, gran cantidad de alcaldes, diputados y gobernadores, así como otros actores de poder, querrán aprovechar los recursos públicos para invertirlos en obras y proyectos que los perfilen como una opción atractiva entre el electorado al momento de emitir su sufragio.

Es en ese contexto que cobra relevancia los casi Q2 mil 937 millones 926 mil que el Ministerio de Finanzas asignó a los Codedes para inversión en el anteproyecto de presupuesto, el cual aún debe ser aprobado por el Congreso de la República a más tardar el 30 de septiembre.

La Ley de Sistemas de Consejos de Desarrollo establece que las obras que se ejecutan anualmente con este dinero deben ser priorizadas desde el nivel comunitario, en el seno del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) y pasar por la aprobación técnica de los Consejos Municipales de Desarrollo, Consejo Departamental de Desarrollo, Consejo Regional de Desarrollo y, por último, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), presidido por el presidente de la República.

Para distribuir recursos a cada departamento se consideran cinco criterios: población, Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas; Índice de Recaudación fiscal por departamento; índice de pobreza extrema y 25 por ciento fijo por municipio.

El normativo vigente establece que los recursos financieros se deben destinar a proyectos en educación, salud, infraestructura física, infraestructura de fomento para la producción, servicios de agua potable, electricidad, drenajes y manejo de desechos.

El subsecretario de inversión para el desarrollo de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan), Marco Tulio Leonardo explica que una de las virtudes del sistema de consejos de desarrollo es que es representativo, ya que desde las comunidades se priorizan los proyectos. “Unos funcionan mejor que otros. Eso depende de la participación de los representantes o dirigentes que estén en el Consejo”, dice.

Se corrompe el proceso

Luis Linares, experto en gobiernos locales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), explica que aunque el sistema busca la participación de toda la sociedad en la planificación de obras, muchas veces el proceso se corrompe.

Es común que el gobernadores o alcaldes, a nivel regional o departamental, anulen los proyectos que ya habían priorizado las comunidades e impulsen otros que les pueden generar réditos políticos.

“En realidad no hay un proceso de discusión donde los proyectos se promuevan producto del consenso. Hay intervención de mismo gobernado y alcaldes para definir qué proyectos son los que les interesan a ellos para incorporarlos”, dice Linares.

“Lastimosamente la ley no establece que el listado de obras aprobado en una determinada instancia (como el Cocode) tiene que ser aprobado sin modificaciones, como sucede en Estados Unidos. Entonces el Congreso tiene la facultad de modificarlo”, dice Linares.

Mario Estrada, experto en finanzas municipales, coincide con que hay una injerencia indebida de los diputados, quienes muchas veces restan obras a determinados municipios, las cuales ya han sido avaladas por unidades técnicas que coordina Segeplan, y las asignan a otros territorios que son de su interés.

Generalmente, quienes suelen aprovechar los fondos asignados a Codedes suelen ser alcaldes o diputados oficialistas, dice Estrada.

“El anteproyecto de presupuesto tiene que ser aprobado por el Congreso. Ahí es donde muchos diputados meten las manos e incide el que tiene más poder, más fuerzas”, afirma.

Por su parte, el subsecretario de inversión para el Desarrollo de Segeplan asegura que cada vez hay menos intervención de congresistas o actores de poder en el sistema de consejos de desarrollo, ya que los criterios técnicos para la distribución e inversión de recursos ya están establecidos.

“Tenemos que cumplir con una normativa del CONADUR que dice cuánto corresponde al municipio en qué tipología de proyectos se debe invertir y de eso no hay escape”, asegura.Search:

DepartamentoCantidad de proyectosMonto en millones de Q.
Alta Verapaz76172.26
Baja Verapaz6584.82
Chimaltenango117117.26
Chiquimula73105.74
El Progreso6469.22
Escuintla37111
Guatemala165343.29
Huehuetenango113197.74
Izabal3885.26
Jalapa7987.74

¿En qué se invertirá?

Según el anteproyecto de presupuesto, un 20 por ciento de las obras se invertirán en transporte, un 49 por ciento en agua y saneamiento; uno por ciento proyectos agropecuarios, un 7 por ciento en salud y asistencia social y un dos por ciento en otras funciones.

Del total de los recursos asignados a Codedes, Q2 mil 758 millones 192 mil ya tienen una obra asignada que fue priorizada en cada departamento y municipio.

Otros Q179 millones 734 mil aún no cuentan con un destino específico, ya que este monto se asignó de forma tardía y no dio tiempo a los codedes para que determinaran qué obras realizarían con este dinero. Este proceso se realizará en enero, informó la Segeplan.

FUENTE: PRENSA LIBRE

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