LA NOTA CHAPINA

Insólito: Corte Suprema de Justicia resuelve al estilo de la tremenda “Corte de Tres Patines”

Por: Jose Rubén Zamora/Luisa Paredes / Cristian Velix /elPeriódico

Los magistrados decidieron no darle trámite al antejuicio contra la jefa del MP, pero ordenó que se investigue una publicación de elPeriódico.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió, de manera inaudita, no dar trámite a la petición de retiro del derecho de antejuicio a la señora Fiscal General, descalificando un documento legítimo de la FECI, pero ordena, en la misma resolución, que se investigue a elPeriódico por publicar este documento que inusitadamente reconoce como evidencia genuina.

elPeriódico publicó el testimonio del colaborador eficaz, Marco Aurelio Alveño Hernández, quien relató a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ya en tiempos del fiscal Rafael Curruchiche, sobre supuestos arreglos y manipulación para beneficiar a allegados al Despacho Superior del Ministerio Público, cuya responsabilidad es de la señora Fiscal General, a cambio de supuestas dádivas.

La solicitud a la CSJ del retiro de derecho de antejuicio a Consuelo Porras, fue presentada por Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC). 

Según los magistrados el retiro del antejuicio planteado, no cumple con los requisitos necesarios para su admisión a trámite, pues los señalamientos que sirven de base para el planteamiento no requieren de una investigación y no existen elementos de sustento que “viabilicen” una pesquisa por falta de objetividad y claridad en los hechos. Sin embargo, asombrosamente, sí toman como válido el documento utilizado de sustento por AC, porque señalan “que se reveló el contenido de una investigación en proceso de un expediente que se tramita en la FECI”.

Los magistrados paradójicamente ordenaron al MP certificar lo conducente para determinar la posible comisión de delitos por la publicación del testimonio dentro del expediente M3542-106-02, obtenida por la FECI, así como cualquier otra acción relacionada con la obtención y divulgación de dicha información dentro de un caso sumario.

La Corte manifiesta que la transcripción de la publicación de elPeriódico, por su carácter de sumaria no puede ser revelada a la opinión pública, tampoco puede ser aportada a un proceso ni a las presentes diligencias de antejuicio.

La resolución está firmada por  los magistrados Silvia Patricia Valdés, Nery Medina, Vitalina Orellana, Gustavo Dubón, Josué Baquiax, Sergio Pineda, Néctor De León, Noé Ventura, Benicia Contreras y Manuel Duarte.

La contradicción

elPeriódico publicó el testimonio del colaborador eficaz Marco Aurelio Alveño Hernández quien relató sobre supuestos arreglos y manipulación para beneficiar a allegados de la Fiscal General. La CSJ decidió rechazar la solicitud de antejuicio contra Consuelo Porras y descalifica dicho documento de la FECI, pero en la misma resolución manda a investigar a elPeriódico por la publicación del expediente que considera genuina evidencia. 

Razona voto

La magistrada Silvia García Molina razonó su voto e indicó que la Corte Suprema de Justicia no consideró ese supuesto documento como base para darle trámite a la solicitud de retiro de antejuicio contra Consuelo Porras, pero sí para iniciar la investigación en contra de uno u otros funcionarios, presuntos responsables de la extracción del mismo.

Por esta razón, calificó la decisión de “contradictoria”. También expuso que la CSJ, “en ningún momento determinó la procedencia del documento”.

 La togada agregó que, según el artículo 35 de la Constitución, “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

 Criminalización de denunciantes y medios

Marroquín manifestó que es evidente la parcialidad de la Corte Suprema de Justicia, a favor de la Fiscal General porque demeritan el documento del testimonio de una persona que relató eventos y sucesos que ameritan una investigación y que ocurrieron dentro del Despacho Superior del MP; pero, no obstante, sí son diligentes en solicitar al MP una investigación sobre los orígenes de esa publicación.

“Es un evidente contraataque contra los denunciantes y los medios de prensa independiente. Es una CSJ que no está buscando la verdad de los hechos sino que está buscando una revancha con los medios y ciudadanos que cumplen con su responsabilidad”.

Marroquín destacó que están buscando criminalizar la denuncia ciudadana y tratar de intimidar a los medios independientes y que dichas acciones restan credibilidad al sistema de justicia. Agregó que presentarán un amparo en contra de la decisión de la CSJ y accionarán en instancias judiciales nacionales y extranjeras. 

El presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Abraham Baca Dávila, opinó que es una violación a la libertad de expresión al pensamiento porque los medios de comunicación y opiniones en prensa están sujetos a un juicio de imprenta por lo que están sobrepasando una ley constitucional como es La Ley de Libre Emisión de Pensamiento. 

Añadió que la CSJ y la fiscalía están copadas por un poder fáctico. “Los magistrados  fueron electos en procesos irregulares y la Fiscal General tiene señalamientos del Gobierno de Estados Unidos”, señaló Baca Dávila.

“Los magistrados mandan una amenaza”

El abogado Mario Fuentes Destarac resaltó que los medios de comunicación y los periodistas están amparados por el artículo 35 de la Constitución de la República que protege la libertad de expresión de ideas por lo que no pueden ser censurados. 

“El MP no debe investigar al denunciante sino que se deben investigar en todo caso los hechos denunciados en la acción legal presentada y desestimarla si así lo determinan las averiguaciones. Eso es lo que debería ocurrir dentro de un contexto de normalidad de investigación”. 

El constitucionalista Gabriel Orellana manifestó que esta resolución abre la puerta para amenazar a un medio de comunicación, aunque no haya fundamento. El abogado consideró que no es legal que se haga una persecución por este tipo de publicaciones. “El diario elPeriódico publicó un documento que le llegó, no lo fue a robar”, mencionó.

“Hay que tener sumo cuidado sobre esta potencial amenaza que se cierne no solo sobre el diario elPeriódico, sino sobre cualquier otro medio de comunicación”, comentó el entrevistado y agregó que García Molina hizo una buena interpretación del artículo 35 de la Constitución.

El abogado dijo que todos los actos de la administración son públicos y refirió que, en este caso, la declaración de Alveño Hernández es de interés público. “Imagínese que bajo el pretexto de que todo en Guatemala está bajo investigación, la ciudadanía se mantendría en una absoluta ignorancia”, expresó.

“Y si además amenazan a los medios de que cualquier cosa que publiquen es delito, estamos como en Nicaragua, Venezuela o Corea”, agregó Orellana, quien expuso que el fallo acerca del antejuicio de Porras “era de esperarse”.

“Pero lo que sí se ve es que los magistrados optaron por aprovechar la circunstancia y mandar un mensaje de amenaza a los medios de comunicación para que esto no vuelva a suceder”, puntualizó.

FUENTE: EL PERIÓDICO

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