LA NOTA CHAPINA

40% de guatemaltecos estaría fuera del plan de vacunación contra el covid-19, las desigualdades que persisten en el país son parte del problema

La meta es vacunar a 10.5 millones de guatemaltecos, pero se estima que un 40 de esa población no recibirá la vacuna. Pasa por el rechazo a ser inyectado, pero también por la desinformación sobre los beneficios de hacerlo y las desigualdades que persisten en el proceso de vacunación.  

Por Ana Lucía Ola

La vacunación contra el covid-19 dejaría fuera al 40% de la población meta, la desigualdad en el proceso es una de las razones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)La vacunación contra el covid-19 dejaría fuera al 40% de la población meta, la desigualdad en el proceso es una de las razones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Dicha estimación surge de la cantidad de personas contempladas en cada fase de vacunación que no han sido inoculadas. “No se ha hecho una encuesta nacional para saber quién acepta o no la vacuna para tener un dato real, pero podemos inferirlo en base al comportamiento de los grupos por edad que se ha vacunado”, dice Jorge Luis Ranero, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, acerca de estos datos que salen del análisis que un grupo de profesionales de la Medicina ha hecho sobre la pandemia en el país, y que ha planteado soluciones a las autoridades para atender esta crisis.

Convencer a estas personas y ampliar la cobertura de vacunación es un trabajo del Gobierno, agrega, con campañas de información sobre los beneficios y que lleguen a distintos sectores, a población rural y urbana, un punto que el colegio apostó desde un inicio.

Si las autoridades no asumen esa responsabilidad y no se logra convencer y cubrir a ese porcentaje de guatemaltecos, no se tendrá inmunidad de rebaño, que según criterios médicos es el 70% de vacunados.

 

No se trata de disponibilidad de vacunas, pues habría una existencia de 4.5 millones de dosis, más bien es un tema de desigualdades que son históricas en Guatemala, y con la pandemia del covid-19 se hacen más evidentes. Las poblaciones rurales, indígenas y empobrecidas han tenido menos recursos para hacerle frente al virus y a sus consecuencias.

Si hablamos de la vacunación anticovid, que médicos han señalado es la solución más rápida para frenar los contagios, esta se concentra en las zonas más pobladas.

Al 15 de agosto pasado se había vacunado dos veces más a personas en municipios urbanos que en los rurales. Mientras que el 25% de la población urbana había recibido una dosis, en el área rural a duras penas llegaba al 10%.

Esto es parte del análisis que Diálogos hace en el informe Disparidades del proceso de vacunación contra la covid-19, el cual refuerza que en Guatemala tener la vacuna no es un derecho universal.

Las largas filas para tener acceso a las vacunas son parte del viacrucis que las personas tienen que hacer en los puestos de vacunación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La inequidad en el acceso a ser inoculado aumenta el riesgo de letalidad por la enfermedad y desarrollar complicaciones y secuelas, entre los guatemaltecos.

Uno de los temas que puntualiza el informe es el registro de las personas para recibir la vacuna, y es uno de los primeros obstáculos.

En la plataforma no figura “ladino” como pueblo de pertenencia, y se inscribe a las personas que hablan español como una comunidad lingüística, pese a que cifras oficiales señalan que el 0.7% de los que se identifican como ladinos hablan español.

Para Diálogos esto hace que el registro sea impreciso, y muestra desigualdad en el avance de la inoculación. Por ejemplo, dentro de la comunidad garífuna el 38% ha recibido una dosis, el grupo que habla español es el 28%, y un 7% es de la comunidad etnolingüística maya, cuando esta población la integran más de 6 millones de personas.

Al país han llegado vacunas de distintas marcas: AstraZeneca, Moderna, Pfizer y Sputnik V. Hasta esta semana son 8.6 millones de dosis con las que el Ministerio de Salud puede cubrir a cerca de 4 millones de guatemaltecos. Pero entre el 80 y 90 por ciento de su distribución se ha concentrado donde hay personas que hablan español y donde la capacidad de mantener la cadena de frío es mayor, y la distribución en las comunidades mayas, xincas y garífunas es baja.

8.6 millones 

de dosis de vacunas contra el covid-19 han ingresado al país. 

En serias desventajas

Recibir la vacuna contra el covid-19 tiene serias limitaciones para quienes residen en la provincia. Los factores son varios: para registrarse se requiere acceso a internet y estar familiarizado con plataformas digitales para ingresar los datos personales. Librado ese paso, la disponibilidad de las dosis en los puestos y centros de vacunación locales es escasa.

Que los viales lleguen no es inmediato por las condiciones geográficas donde se ubican las comunidades, los caminos de difícil acceso, por aparte, los lugares habilitados para vacunar no reúnen las condiciones para realizar el proceso, tampoco hay personal suficiente para hacerlo.

Las cifras oficiales dejan ver que los contagios se concentran en lugares donde hay mayor movilidad, pues para que el virus se disperse necesita de la aglomeración de personas, como ocurre en las principales ciudades del país, y allí se focalizado el testeo y la vacunación, aunque no en todos.

Kevin Martínez-Folgar, médico epidemiólogo y uno de los autores del informe, menciona que lugares como San Benito, en Petén, tiene un alto nivel de casos positivos pero un bajo porcentaje de vacunados, un ejemplo de la disonancia en la estrategia de vacunación.

Otro punto es que se deja de lado a poblaciones rurales creyendo que el coronavirus no llegará, lo que es falaz, pues en la provincia los casos van en incremento, pero hay pruebas insuficientes y eso no permite una radiografía clara sobre la incidencia de la enfermedad en esos territorios, y que se tengan más dosis anticovid.

Para Karin Slowing, de Laboratorio de Datos, la manera en que el Ministerio de Salud gestiona la pandemia del covid-19 reproduce la inequidad en el tema de vacunación, pero también en el testeo de casos, y por ende en la mortalidad relacionada con la enfermedad.

“La desigualdad no se refleja únicamente en términos territoriales también hemos identificado dos factores que pesan: la pobreza de municipio -mientras más pobre menos acceso al testeo-, otra variable es el nivel educativo, mientras más bajo el nivel educativo de la población menos acceso al testeo y a la vacunación-“, dice Slowing.

Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), añade que el Plan Nacional de Vacunación se creo en el marco de un sistema de salud “injusto” y “excluyente”, y desde un inicio se dejó fuera a actores importante de las áreas rurales para conocer de cerca sus necesidades y la poca cobertura a servicios a la que se enfrentan.

“Este plan de vacunación hizo más profundas las disparidades e injusticias, y golpea de nuevo a los grupos más vulnerables, que siempre han estado abandonados, no tienen acceso a la vacunación cuando estamos en un momento crítico en la pandemia, en donde o nos vacunamos o morimos de covid”, dice Calderón.

Esas disparidades están incrustadas en el país, esas barreras en las áreas rurales tuvieron que considerarse en el plan, lo que no se hizo. Al inicio se contempló la vacunación por fases y comenzar por la población más vulnerable, pero en el camino cambió, aduce la investigadora de Diálogos, Sofía Montenegro.

Se plantea, entonces, la necesidad de una estrategia diferenciada por territorio para avanzar y alcanzar la tan ansiada inmunidad de rebaño, como jornadas de vacunación masiva en las áreas rurales -mercados cantonales y de lata recurrencia comunitaria-. Las campañas de información son esenciales y abastecer de dosis a los puestos y centros de vacunación.

Esto requerirá un esfuerzo titánico, pues la Organización Mundial de la Salud remarca que en Guatemala la cobertura de vacunación sigue siendo de un solo dígito.

FUENTE: PRENSA LIBRE

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