LA NOTA CHAPINA

Cuatro constitucionalistas analizan la orden dictada por la CC al Congreso

Constituyentes mantienen opiniones dividas al momento de analizar las resoluciones constitucionales que ordenan al Congreso volver a discutir el Decreto Gubernativo 6-2021.

Por Douglas Cuevas

Las bancadas del Congreso en la tarde de este lunes no sabían de que manera abordar las resoluciones de la CC a pesar de contar una aclaración. Fotografía: Prensa Libre. Las bancadas del Congreso en la tarde de este lunes no sabían de que manera abordar las resoluciones de la CC a pesar de contar una aclaración. Fotografía: Prensa Libre.

No todos comparten las últimas decisiones de la Corte de Constitucionalidad (CC), pero por ser  resoluciones judiciales del más alto nivel se ven en la obligación de cumplir con ellas.

Así se han pronunciado desde el pasado fin de semana bloques legislativos que no estuvieron de acuerdo con la orden que la CC dio al Congreso: Volver a conocer el Decreto Gubernativo 6-2021.

Se trata de un Estado de Calamidad impulsado por el presidente Alejandro Giammattei, la medida de excepción se justifica como una estrategia de Gobierno para combatir la pandemia del covid-19.

Pero a criterio de algunos diputados y expertos en Derecho, la medida quedó sin efecto cuando el pasado viernes el oficialismo no consiguió los votos necesarios para su ratificación en el Legislativo.

Aunque una inconstitucionalidad ocasionó que la CC validará la postura de la Presidencia, que dice que pese a que el Decreto no fue ratificado el mismo tampoco fue improbado, por consecuencia la misma seguiría vigente hasta que se toma una decisión clara por los diputados.

La Corte le ordenó al Congreso volver a conocer la medida de excepción, pero en una aclaración notificada apenas este lunes, la CC dio las instrucciones al Legislativo de la forma en que tiene que definir el futuro de la medida.

El Pleno de diputados se tiene que declarar en sesión permanente y con 81 votos definir si ratifica, modifica o imprueba la medida de excepción, acuerdo parlamentario que se debe de tomar en un solo acto.

Nuevas dudas

Aunque la CC explica la forma en que los diputados deben resolver el problema, para algunos constituyentes los magistrados no tomaron las decisiones más sabias.

Mario Fuentes Destarac es de la opinión que al pasar 72 horas desde que la medida de excepción comenzó su análisis en el Pleno del Congreso, sin que la misma consiguiera su ratificación en automático queda anulada, al menos eso tendría que haber ocurrido.

Pero el criterio que tomó esta CC, para Destarac, abre las puertas a un escenario legal incierto, “sí, a mí me preocupa que se haya vulnerado ese plazo de tres días perentorio e improrrogable y que se esté tratando de resolver esto con posterioridad a ese plazo. Esto definitivamente es un pésimo precedente para el futuro”.

Añadió que ahora los diputados tiene que resolver en un plazo legal inexistente, “a la CC ya le plantean el asunto sobre la marcha, a mi criterio el Decreto queda inoperante a partir que el Congreso no conoció y no lo aprobó e improbó, se quedó en estado de resolver y consecuentemente sería inoperante”.

El también constituyente Carlos Molina Mencos también ve una vulneración a los plazos legales que dicta la Carta Magna,“la CC en el 2016 en un dictamen de opinión que le pidió el Congreso porque estaba trabajando en una nueva Ley de Orden Público dictaminó que si el Congreso no aprobaba se tenía por nulo e invalido el Decreto que restringe las garantías, pero ahora la CC está cambiando el criterio”.

Otro peligro que advierte es la forma en que la CC le dice a los diputados la forma tan precisa para hacer su trabajo, “yo diría que la CC está sentando un mal precedente porque si está dentro de sus funciones pero a mi juicio está haciéndolo equivocadamente (…) mire hasta donde la CC tiene la facultad de ordenarle al Congreso como legislar, que es para mí otra cosa seria”.

Resolución peligrosa

A criterio de Eduardo Mayora, doctor en Derecho y abogado en ejercicio, la resolución que tomó la CC no se puede considerar un precedente legal, debido que tan solo es una de tres resoluciones necesarias para que se considere una nueva regle legal.

Aunque destaca que aunque sea solo una resolución en este tipo la misma ya es un peligro, “creo que la existencia ya de una resolución que no da el carácter de norma general, de norma preeminente a la plena vigencia de los derechos y libertades de los ciudadanos, a menos que haya una ratificación o modificación del Decreto de Calamidad Pública es problemático y es inconveniente”.

El experto añadió que el principal problema que destaca en las últimas decisiones de la CC es que dejaron a un lado las garantías y el respeto de los derechos fundamentales de la sociedad.

“Opino así porque la regla general es la plenitud de los derechos y libertades constitucionales para todos los ciudadanos y un Estado de Calamidad Pública, como lo dice la propia Constitución es un estado de excepción, por consiguiente la excepción no puede prevalecer sobre la regla general, siempre la regla general debe considerarse que prima sobre cualquier excepción”, precisó.

CC reorienta al Congreso

No todos son de la opinión que la CC actuó mal, el constituyente Aquiles Fallace es del criterio que los magistrados le mostraron la ruta adecuada a los diputados, “la CC está rectificando el actuar del Congreso que es un actuar muy mañoso”.

Incluso con la reciente aclaración Fallace indica que a futuro el Congreso no tendría que volver a salir con las mismas dudas de, qué pasa si una medida de excepción no se resuelve en el plazo de 72 horas, como actuó en esta ocasión el oficialismo.

“Le están diciendo a los diputados ustedes reciben la notificación ahorita y tienen 72 horas para emitir su opinión, decir sí o no. La CC en mi opinión, en esta aclaración hizo un muy buen trabajo porque en la resolución anterior hizo algo muy ‘chapucero’, de todas maneras al final del tercer día (tras la notificación) se entiende que si no lo aprobaron quedó sin vigencia”, refirió.

Para este constituyente la decisión de la CC no sentaría un mal precedente, basando su análisis en que la aclaración fue exclusivamente para una medida de excepción, lo que no incluiría escenarios similares cuando una ley ordinaria no alcance el apoyo que el oficialismo o ciertos grupos de poder esperan.

FUENTE: PRENSA LIBRE

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