LA NOTA CHAPINA

Diputados y analistas expresan dudas por legalidad del Estado de calamidad

Por Sara Solórzano 

El pasado miércoles el Decreto Gubernativo 6-2021 avanzó en primera lectura. Foto: La Hora/Congreso

En medio de discusiones, gritos e interrupciones entre los diputados de las bancadas de oposición y aliados al oficialismo, el Decreto Gubernativo 6-2021 que establece el Estado de Calamidad avanzó en primera lectura y tendrá que ser aprobado en tres, al no lograr 107 votos para su aprobación de urgencia nacional. Sin embargo, los mismos diputados y analistas dudan ya de la legalidad de la normativa.

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, aseguró que ya no contaba con la asistencia mínima de la Junta Directiva para continuar y levantó la sesión, por lo que convocó este jueves para la segunda lectura.

Los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Victoria, Valor, Semilla, Bienestar Nacional (Bien) y Winaq consideran que se violentó el artículo 138 de la Constitución, el cual establece en su tercer párrafo que “además, en el propio decreto, se convocará al Congreso, para que, dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que el Congreso estuviere reunido, deberá conocerlo inmediatamente”.


FONG DE ASIES: OMITE LO ESTABLECIDO EN LA LEY

Para Gustavo García Fong, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), la ley establece un plazo para que el Estado de Calamidad sea enviado al Congreso y a su consideración no se cumplió con este, “esa acción ya implica una omisión a lo establecido en la ley”, remarcó.

“Los primeros que deben dar el ejemplo y actuar conforme a lo que establecen las leyes son los Presidentes de los poderes del Estado”, explicó.

“Tampoco se respetan los procesos establecidos en la Ley Orgánica en cuanto a temas de quórum y en cuanto al procedimiento para llevar la sesión esa acción pues también implica omisiones establecidas en la ley”, puntualizó.


ORTÍZ VE IRREGULARIDAD EN EL CIERRE DE LA SESIÓN

Para Edgar Ortíz, director del Área Jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, la forma en que se cerró la sesión plenaria ayer cree “hubo una irregularidad y eso ya pone en entredicho la legalidad del proceso de aprobación como tal”.

Recordó que el artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la República hace referencia a que “no se puede dar por terminado el primer debate mientras haya diputados que han pedido la palabra y no han podido agotar el debate”.

El artículo 81, inciso i) establece: “Como garantía del mantenimiento del derecho de todos los diputados a ser oídos, el Presidente no podrá dar por agotado un debate en tanto haya algún Diputado que pida la palabra para referirse al asunto”.

Edgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo. Foto La Hora/Fundación Libertad y Desarrollo

DIPUTADOS RECHAZAN ESTADO DE CALAMIDAD

La jefa de la bancada Winaq, Sonia Gutiérrez expresó que “estamos en contra y rechazamos el Estado de Calamidad, no solo por el contenido mismo, sino las formas de como lo están pretendiendo aprobar, rompiendo con la normativa orgánica del Legislativo y es realmente repudiable”.

Para la diputada Karina Paz, del bloque de la UNE, el presidente Allan Rodríguez “cerró la sesión sin el quórum mínimo necesario de 81 diputados por lo que no se ha terminado el primer debate del estado de calamidad”, expresó.

El jefe de la bancada Semilla, Bernardo Arévalo indicó que “hubo ilegalidad. Intentaron cerrar la sesión y archivar el decreto para su trámite a pesar de que había oradores pidiendo la palabra desde hacía rato, ya no había quórum, por lo que el cierre queda sin efecto… la primera lectura quedó abierta, por lo que hoy debería de continuar, en vez de pretender entrar a segunda lectura”.


Mientras que Andrea Villagrán del bloque BIEN evidencia “una clara ilegalidad, porque sin agotar el primer debate el presidente Allan Rodríguez cerró la sesión citando una segunda lectura cuando no se agotó”.

Para el legislador Edgar Batres el Estado de Calamidad “es castigar al pueblo de Guatemala con la restricción de la circulación del transporte pesado y se veda el derecho de libre locomoción”.

FUENTE: LA HORA

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