LA NOTA ECONÓMICA

Peligran metas de desarrollo que se propuso el Gobierno de Giammattei

Solo el 16 por ciento del presupuesto está destinado a alcanzar una meta de desarrollo concreta.

Por José Pablo Del Águila 

Uno de los resultados estratégicos de desarrollo consiste en incrementar en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Uno de los resultados estratégicos de desarrollo consiste en incrementar en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Desde 2013, cuando entraron en vigor las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, todas las instituciones del Estado están obligadas a planificar su gasto para que cada centavo que eroguen de su presupuesto persiga un objetivo. Por ejemplo, disminuir los indicadores de pobreza, reducir la inseguridad ciudadana o mejorar la salud de la población.

El gobierno del presidente Alejandro Giammattei se propuso alcanzar al término de su mandato 24 objetivos que consisten en aminorar la pobreza extrema, el déficit habitacional, reducir la mortalidad materna y los embarazos en niñas, incrementar el acceso a los servicios en la población, procurar la seguridad ciudadana y mejorar los indicadores educativos en la población, entre otros.

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En principio, de los Q94 mil 354 millones del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, apenas el 16 por ciento, equivalente a Q15 mil 179 millones, están orientados a cumplir uno de los 24 resultados estratégicos de desarrollo.

Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que la cantidad de recursos que se destina a estos objetivos es insuficiente. En un panorama ideal, este porcentaje no debería representar menos de la mitad del presupuesto, explica Irene Flores, del Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN).

“Se requiere que una gran parte del presupuesto esté vinculada al logro de resultados. No diré un 100 por ciento, porque en todas las administraciones hay gasto que no se orientan a esto, pero lo ideal sería que más de la mitad se destine a alcanzar resultados estratégicos”, comentó Flores.

De lo contrario, podría deducirse que las instituciones están erogando su presupuesto sin ninguna planificación ni estrategia, explica Flores.

Reconoce limitaciones

Keila Gramajo, titular de Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), está consciente de la necesidad de focalizar más recursos a la consecución de los objetivos estratégicos de desarrollo. De lo contrario no se cumplirá con las expectativas para 2024.

La principal dificultad que las instituciones han tenido para destinar más recursos a este fin, explica Gramajo, es que durante dos años consecutivos el Congreso de la República no ha aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos. De tal cuenta, se trabaja con un presupuesto que se realizó en 2018, por la administración anterior, y que no responde a resultados estratégicos de desarrollo.

“Por más que se ha buscado, y se ha insistido con todas las dependencias en que incrementen los recursos a resultados estratégicos de desarrollo, no es posible hacerlo con un presupuesto del gobierno anterior, de hace cuatro años. Es como un presupuesto familiar: ¿puede usted sobrevivir con el presupuesto que tenía en 2018 en 2022? Es imposible, las necesidades incrementaron con la pandemia”, dice Gramajo.

La secretaria de planificación reconoce que si no se aprueba un nuevo presupuesto para el próximo año, el cumplimiento de los 24 resultados estratégicos de desarrollo, que están ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), podrían peligrar.

“Estoy preocupada porque si no estamos destinando recursos suficientes a los resultados estratégicos no vamos a cumplir con los ODS ni las metas a largo plazo”, expresa.

Actualmente, se trabaja en la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2022. De forma preliminar se sabe que el techo de gasto rondará los Q100 millones, aunque aún no se conoce el contenido final y existe incertidumbre por los cambios que el Legislativo podría realizarle.

La fecha límite para que el Congreso lo apruebe es el 30 de noviembre, de lo contrario, por cuarta vez entraría en vigencia el presupuesto de 2018.

Una responsabilidad compartida

Renzo Rosal, analista político, considera que la no aprobación del presupuesto durante dos años consecutivos es responsabilidad tanto del Ejecutivo como del Congreso. Recordó que el en 2019, cuando era presidente electo, decidió no batallar en el Congreso por un presupuesto adecuado.

“Él abierta y públicamente decidió no pelear por un presupuesto para el 2020, con el cual él se iba a estrenar”, dijo.

Además, Rosal dijo la aprobación del presupuesto recae en manos del Legislativo, que en su mayoría está conformado por diputados aliados al gobierno.

“Al liderazgo político no le interesa desaparecer los problemas de Estado. El proyecto de presupuesto sale del Ejecutivo. Si los resultados estratégicos no se cumplen significaría que el gobierno pasó en blanco su gestión”, dice Rosal.

Complicaciones

Luis San José, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), explica que muchas veces se le resta recursos a los resultados estratégicos porque hay dificultades para ejecutarlos.

“Es muy problemático porque a veces las instituciones tienen presiones para reflejar una ejecución presupuestaria, entonces de dan gastos sin ningún sentido. Si se gasta solo por gastar no se alcanzarán los objetivos, dice San José.

Geydi de Matta, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), comenta que el Estado ha mostrado dificultades en cuanto al nivel de recaudación. Por eso se debe priorizar el gasto para que sea acorde a una visión estratégica.

“En temas de salud y desnutrición crónica, por ejemplo, se requiere de programas y proyectos concretos, con metas medibles y cuantificables para garantizar el avance. Es importante generar esta estrategia con el apoyo de gobierno central, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) y la cooperación internacional. Sería una alianza que permita incidir en el desarrollo integral y sostenible para que los recursos no estén dispersos”, dice de Matta.

FUENTE: TN23

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