LA NOTA CHAPINA

FECI debe solicitar autorización de fiscal general para operativos, pero otras fiscalías no

Por esta disposición el PDH presentó un amparo en contra del director de las fuerzas de seguridad, porque obstaculizan la investigación de hechos delictivos.

Por Katerin Chumil

Recientemente, se conoció que toda solicitud del Ministerio Público para pedir apoyo a la Policía Nacional Civil en operativos o allanamientos debía tener autorización primero de la fiscal general, Consuelo Porras para que se efectuaran las diligencias.

Sin embargo, pareciera que la orden va dirigida hacia entes específicos como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), debido a que cinco fiscalías más que fueron consultadas para conocer la dinámica que siguen para pedir apoyo a la PNC confirmaron que no siguen esta instrucción y solicitan apoyo a las fuerzas de seguridad como lo han hecho siempre, es decir, sin el visto bueno de Porras.

Aura Marina López, jefa de la Fiscalía contra la Corrupción, confirma que no han recibido ninguna instrucción interna que les indique que deben contar con la aprobación de Porras para ejecutar los operativos en conjunto con la PNC. Agrega que han solicitado apoyo a las fuerzas de seguridad y se los han dado sin ningún problema.

Una de las unidades que más allanamientos y operativos genera es la Fiscalía contra las Extorsiones; sin embargo, pese a la actividad que mantiene tampoco ha sido notificada de la circular firmada por el director de la PNC, José Antonio Tzuban, la cual señala que todas las diligencias deben contar con el visto bueno de Porras.

“Tuve conocimiento sobre esa instrucción a través de los medios de comunicación, pero entiendo que al final, es una disposición que se a lo interno de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, en nuestro caso no nos ha causado ningún inconveniente, porque hemos hecho los requerimientos como siempre se han hecho”, afirmó Emma Flores, jefa fiscal contra las extorsiones.

Dicha fiscalía efectuó el año pasado ejecutar al menos 15 allanamientos por semana, con autorización judicial. Se debe tomar en cuenta que, el 2020 hubo restricciones de movilidad hacia las personas por la pandemia. Mientras que en lo que va de este año informa que, efectúan al menos 22 allanamientos por semana.

No obstante, esta situación no es igual para la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) debido a que, desde el 9 de octubre de 2019 el personal de esta sede fiscal recibió la instrucción de que cualquier apoyo operativo que solicitaran debía tener el visto bueno de Porras.

Durante una entrevista dada a Prensa Libre, la jefa del Ministerio Público afirmó que la única que podía “intervenir” en esta unidad especial era ella y no salía nada sin que lo supervisara.

“Aquí no sale nada sin que yo realmente lo supervise, y la única que realmente puede intervenir en la Feci soy yo. Semana a semana me siento con el fiscal Juan Francisco Sandoval para ver todos los casos”, dijo en esa oportunidad.

Trabajo en conjunto

La PNC, mediante un comunicado, informó que, todos los días trabajan en conjunto con el ente investigador en operativos planificados o de urgencia y se toma en cuenta los contextos, riesgos y la seguridad de cada uno de los funcionarios y de las diligencias.

Por lo que esa misma lógica es utilizada en allanamientos judiciales, en donde no es prudente llegar a una comisaría o subestación policial solicitando apoyo de los agentes, pero dejando a la sede policial sin personal porque descuidan la seguridad ciudadana del lugar.

“La coordinación interinstitucional no es nueva ni solo se aplica en este país, son acciones desarrolladas por expertos en diversas disciplinas y especialidades que aseguran el éxito de un plan objetivo”, resalta la nota de prensa. Agrega que desde “muchos” años la PNC implementó medidas de control interno entre ambas instituciones para mejorar los procesos.

Por su lado, la Oficina de Comunicación Social del ente investigador informó que, son una institución con funciones autónomas y cualquier otra instrucción girada por otra entidad es ajena a sus políticas y coordinaciones.

“Se conversó con el Ministerio de Gobernación a efecto de armonizar, de acuerdo a la Ley, sus respectivas competencias”, indicaron.

Por la disposición de que todos estos requerimientos debían tener el visto de Porras, el Procurador de Derechos Humanos presentó un amparo en contra del director de la PNC, José Tzubán, porque ve que se obstaculiza la investigación de hechos delictivos.

Migrantes, narcotráfico y trata

Stuardo Campos, quien dirige la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, se enteró como Flores de la circular de la PNC a través de los medios de comunicación y las redes sociales, pero hasta ahora no tiene ningún conocimiento oficial sobre esa medida. El fiscal cree, que en todo caso si estuviera vigente la circular, sería “imposible” que Porras les diera el visto bueno a todos los requerimientos de este tipo.

“La fiscal general dio unas declaraciones al respecto e indicó que se continuará trabajando como hasta ahora se ha venido haciendo. Si esa circular hubiese sido emitida por el director de la Policía Nacional Civil, nosotros tendríamos que esperar que se girara una instrucción por parte de la fiscalía general de la República para empezar a trabajar bajo esa modalidad”, dijo.

Campos dirige una fiscalía que fue ascendida de unidad en mayo de 2019, y tiene por objetivo investigar delitos sobre el traslado irregular de personas migrantes a nivel nacional, regional, intercontinental y extracontinental.

Mientras que Gerson Alegría, jefe de la Fiscalía contra la Narcoactividad, explica que por la metodología que utilizan para ejecutar sus operativos y órdenes judiciales con el acompañamiento de PNC no les ha afectado la disposición de la PNC.  Estas dos últimas fiscalías se hacen muy importantes para combatir y desarticular las organizaciones criminales que se dedican a llevar a los migrantes y drogas a Estados Unidos.

Alexander Colop, fiscal contra la Trata de Personas, señala también que en su unidad no fue aplicada esta medida, por lo que continúan gestionado apoyo con las fuerzas de seguridad como lo hacían de forma regular.

Durante la pandemia, las autoridades observaron un aumentó en la explotación sexual infantil, debido al uso de las pantallas y tecnología en casa. Los delitos que investiga esta sede fiscal se cometen en bares, clubes nocturnos y lugares donde se explotan sexualmente a las personas, por lo que requieren la autorización de órdenes judiciales urgentes.

FUENTE: PRENSA LIBRE

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