LA NOTA CHAPINA

El corazón de la ley es la represión, señalan oenegés

Por: Evelyn Boche/elPeriódico 

Cinco acciones de inconstitucionalidad han sido presentadas contra el decreto 4-2020.

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La Convergencia por los Derechos Humanos, que agrupa organizaciones como UNAMG, Udefegua, CALDH y la ODHAG, presentó una nueva acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrolalo.

Hasta ayer, sumaban cinco las acciones que cuestionan el conflicto entre la normativa y principios constitucionales avalados por convenciones internacionales, como la libertad de asociación. Esta garantía se pone en entredicho con el decreto 4-2020 porque limita los tipos de asociaciones que pueden existir en el país y otorga poder discrecional al Ejecutivo para que las organizaciones sean canceladas.

“Más allá del ámbito legal, el corazón de la ley es la represión de las movilizaciones ciudadanas”, expresa Jorge Santos, integrante de la Convergencia. Varias organizaciones han ejercido un rol activo en la defensa de los derechos humanos mediante protestas y manifestaciones, en ejercicio de la libertad de acción.

El artículo 15 establece que las oenegés que reciban donaciones y financiamiento nacional o del extranjero podrán ser canceladas si usan sus recursos para realizar actividades que alteren el orden público. 

El “orden público” es un concepto que data de 1965, que se constituyó bajo la lógica de una política contrainsurgente, que no concibe una manifestación pacífica como un derecho ciudadano sino como la oposición al régimen, señala Santos.

Helida Ramos, de la Asociación de Abogadas Indígenas Chomijá, coincide en que la intención es frenar la libertad de acción y expone que ya existe un registro de las asociaciones que reportan a la SAT y de las que reciben fondos públicos, que son auditadas por la Contraloría.

Impacto social

Si queremos ver algo bueno, podría ser que se audite a las fundaciones que operan para evadir impuestos o para otros fines ajenos al servicio comunitario y social que el Estado no atiende, expone Ramos. 

Chomijá ejecuta proyectos de desarrollo social y acompaña en el litigio estratégico a líderes comunitarios, como es el caso de Anastasia Mejía y Petrona Siy. Mejía es una periodista comunitaria que afronta cargos por sedición, que el MP trata de sustentar a partir de la forma en que narra la cobertura de disturbios frente a la Municipalidad de Joyabaj, Quiché. 

Nuevas formas de organización 

“Aunque la confianza en la actual Corte de Constitucionalidad es limitada, las oenegés hemos sido férreas defensoras de los mecanismos legales para defender nuestros derechos”, apunta Jorge Santos. El objetivo de las organizaciones es continuar con el trabajo que hasta hoy se lleva adelante; si no, la población tendrá que encontrar nuevas formas de organización, agrega.

FUENTE: EL PERIÓDICO

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