LA NOTA CHAPINA

Manuel Duarte y el intento por declarar ilegal el allanamiento en juzgado de Mynor Moto

Por: Alexander Valdéz / elPeriódico 

El magistrado fue quien propuso pedir el informe jurídico por el allanamiento en el juzgado que dirigió Moto. 

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Según consta en el acta 05-2021 de pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado Manuel Duarte fue quien evaluó pedir un informe jurídico por la autorización de la jueza de mayor riesgo D, Erika Aifán, para allanar el Juzgado Tercero Penal, el cual tuvo a cargo Mynor Moto.

Esa propuesta fue apoyada por la mayoría de magistrados, entre ellos, la presidenta Silvia Patricia Valdés. Las magistradas Silvia García,  María Eugenia Morales y Delia Dávila votaron en contra de lo expuesto por Duarte durante el pleno. 

“Se instruye a Asesoría Jurídica del Organismo Judicial (OJ) para que a partir de la notificación oficial emita dictamen con el objeto de determinar la legalidad de que el Ministerio Público (MP) lleve a cabo una diligencia en la sede que ocupan los órganos jurisdiccionales”, señala la disposición.

El informe jurídico

La Asesoría Jurídica opinó a la CSJ que un allanamiento en un juzgado no constituye en ilegalidad una vez se haya realizado con el objeto de recopilar información por indicios de la comisión de un delito dentro de la judicatura. 

Además, indicó que previo a pedir la autorización se debía requerir un permiso a la presidencia del OJ, ya que al incumplir alguno de los requisitos deriva en responsabilidad legal. 

Luego del informe jurídico, en el acta 6-2021 se estipula que la magistrada Valdés solicitó información a la fiscal general del MP, Consuelo Porras, sobre si existió una autorización para sustraer del juzgado expedientes y libros del órgano jurisdiccional. 

Moto sigue prófugo

El allanamiento fue autorizado por Aifán, el 14 de febrero, cuando se conoció de la orden de captura contra Moto por su vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) allanó la judicatura para recopilar información. 

El exoperador de justicia a la fecha se encuentra prófugo y tiene activas dos órdenes de captura por los delitos de conspiración para la obstrucción de justicia,  cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia.

El exjuez es señalado  por la FECI de intentar obtener el control del proceso relacionado a las supuestas irregularidades en el proceso de elección de magistrados de las altas cortes para beneficiar a los implicados. 

Asimismo, la Fiscalía contra la Corrupción lo sindica de haber recibido un soborno de acusados en el caso Libramiento de Chimaltenango y retardar esa pesquisa. 

FUENTE: EL PERIÓDICO

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