LA NOTA CHAPINA

Piden destituir a Jordan Rodas por un caso que involucra a una niña…

…La mafiosa Comisión de Derechos Humanos del Congreso guatemalteco, presidida por el corrupto Álvaro Arzú Jr. y una aliada de Fundaterror quieren sacar de su puesto a Rodas con señalamientos espurios

  • Por José Miguel Castañeda

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso definirá si cita a Rodas a una reunión para que responda por los señalamientos. (Foto: Archivo/Soy502)

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso definirá si cita a Rodas a una reunión para que responda por los señalamientos. (Foto: Archivo/Soy502)

Según la denuncia, la PDH no dio seguimiento ni apoyo adecuado luego de conocer que los derechos de una niña de 9 años fueron vulnerados.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso conoció este jueves 10 de junio una denuncia en contra del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas.

La exfiscal de delitos administrativos, Heidi Tamara de León Muñoz, y el magistrado de apelaciones de femicidio, Henry Alejandro Elías Wilson, señalan que la PDH no actuó cuando “se vulneraron los derechos de su hija de nueve años”.

La presunta violación de los derechos de la menor se registró en 2017, luego de que de León Muñoz dejó el Ministerio Público (MP). La Fiscalía de Lavado de Dinero solicitó una certificación de nacimiento de la hija de ambos denunciantes.

Denuncian falta de apoyo de la PDH

Posterior a eso, de León Muñoz y Elías Wilson solicitaron el apoyo de la PDH, porque “a su criterio” se violaron los derechos de su hija al investigarla. Sin embargo, señalan que la institución no le dio el seguimiento oportuno a la denuncia.

El caso fue planteado por el diputado de la bancada Visión con Valores (Viva), Aníbal Rojas, como un punto vario durante la reunión de este jueves. “Mi obligación es trasladarlo a la comisión, no tengo ningún posicionamiento personal”, señaló Rojas.

La Comisión de Derechos Humanos decidirá en la próxima sesión qué procederá con esta denuncia y si citarán a Rodas por este caso.

“Mi hija de nueve años fue investigada por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero”

ACTUALIDAD 360LA ENTREVISTA

El Magistrado de Sala de la Corte de Apelaciones Henry Alejandro Elías Wilson, conversó con Perspectiva sobre un caso que podría avergonzar al sistema judicial. En 2017, la hija del jurista fue investigada por una fiscalía que indaga sobre delitos de alto impacto, poco después de que la madre de la niña, una fiscal, diera a conocer una grabación donde Mayra Véliz daba instrucciones ilegales.

Roxana Orantes Córdova

Hace unos días se conoció que la Procuradora Adjunta Claudia Maselli, una de las funcionarias más prestigiosas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), fue ligada a proceso por incumplimiento de deberes, por negarse a proteger a una niña de 9 años que había sido incluida en un caso criminal e investigada por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP).

Según el ente investigador de Guatemala, indica Elías, los informes del Registro Nacional de Personas (RENAP), son uno de los medios de investigación que usa el MP. En el caso de esta niña, se comprobó que el MP solicitó una certificación a nombre de la menor y además, se indagó si ella había contraído matrimonio.

La jefe de la Fiscalía de Lavado de Dinero, Sandra Leticia Sandoval, es tía del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y amiga cercana de Mayra Véliz, señaló el magistrado.

¿Por qué fue investigada la niña?

La intención nace del MP dirigido por Thelma Aldana, en su afán de vengarse de la ex fiscal Tamara de León, quien había grabado a Mayra Véliz dando instrucciones a fiscales para cometer ilegalidades. Eso los motivó a realizar investigaciones parcializadas y sin objeto.

Luego de ese hecho, el MP fabricó una investigación que abarcó a todo el núcleo familiar de la fiscal, por lavado de dinero. No lograron encontrar nada.

¿Cómo se enteran de que la niña era investigada?

Yo trabajé en el MP y ex compañeros me comentaron que habían visto el nombre de mi hija en una investigación que el MP había hecho al RENAP, donde solicitaron su certificado de nacimiento.

Es importante mencionar que para el MP, los informes del RENAP son “medios de investigación”. Solicité que se me indicara cuántas certificaciones de la niña habían pedido y quiénes. Resultó que había sido la Fiscalía Contra Lavado de Dinero e incluso habían intentado establecer si la niña había contraído matrimonio.

¿Dónde denunció esto?

En la PDH. El Ombudsman, en este caso la señora Claudia Maselli, como procuradora adjunta, está obligada a velar por los abusos contra los ciudadanos. No para interponer recursos, antejuicios y otras acciones, sino para proteger a la ciudadanía que ha sido perseguida por abusos de poder.

En este caso, una niña fue investigada, a todas luces ilegalmente. El Artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que los menores son inimputables, además hay diversos convenios y tratados internacionales sobre los derechos de los niños.

Presenté la denuncia, pedí medidas cautelares y jamás le dieron seguimiento al caso, que fue cerrado por Maselli, pero cuando se hizo la denuncia en su contra, intentó retomarlo extemporáneamente. Según la ley, si la PDH no entrega la información requerida en un plazo de 15 días, se tendrán por ciertas las afirmaciones del denunciante.

Es un hecho que el MP investigó a mi hija, y que la PDH no le otorgó medida cautelar.

¿Qué debió hacer la PDH?

Proteger a mi hija y debieron declarar la violación a sus derechos perpetrada por Thelma Aldana y Mayra Véliz. Había evidencia sólida sobre la investigación ilegal que realizó el MP.

¿Por qué afirma que hubo violación a sus derechos?

El nombre de mi hija resultó  entre los de delincuentes, narcotraficantes, sicarios que son investigados por el delito de lavado. Ella tenía apenas nueve años. Y la señora Maselli no pidió medidas cautelares.

¿Qué resultado tuvo su denuncia judicial?

Fue ligada a proceso por incumplimiento de deberes, aunque también habíamos solicitado abuso de autoridad, debido a que los funcionarios no están sobre la ley y según el artículo 154 de la constitución, solo pueden hacer lo que la ley permite.

Ella dictó una resolución final, archivando el caso de mi hija y posteriormente, dicta una ampliación para simular que había tramitado. Esto es abuso de autoridad. Aunque no se trate de penas altas, lo importante es sentar el precedente.

La PDH no está para interponer amparos y realizar acciones políticas, sino para proteger a la ciudadanía. Llama la atención que la misma funcionaria que negó la protección a una niña, declaró violador de los derechos humanos al ministro de Gobernación, por la reacción policial ante el vandalismo contra el Congreso.

La candidata favorita de la Fundación contra el Terrorismo dice que quiere a la CICIG

Esta candidata a dirigir el Ministerio Público es una fiscal joven que tuvo una carrera fulgurante hasta que llegó a su escritorio un caso contra el tribunal en el que trabaja su expareja. Sus pocos avances en esas diligencias hicieron que le reclamara la subjefa del MP, que ella renunciara y fuera arropada por el entorno más recalcitrante contra la CICIG y la administración de Thelma Aldana. Ella, Tamara de León, asegura que su aversión no es contra la CICIG, pero una acción legal parece delatarla.

POR NÓMADA /

Tamara de León, presentando una denuncia en tribunales en 2017.

FOTOS: CARLOS SEBASTIÁN

Tamara de León tiene 40 años y casi 13 de ejercicio profesional como abogada. Siguió los pasos de su papá, el abogado Carlos de León Velasco, y decidió estudiar Derecho en la prestigiosa Universidad Rafael Landívar. Se graduó el 20 de junio de 2005 y 5 meses después consiguió su primer trabajo en el Ministerio Público (MP).

Construyó su carrera en el MP empezando desde abajo. El 4 de noviembre de 2005 inició como auxiliar fiscal en la Fiscalía de la Mujer. Por su buen desempeño ascendió a auxiliar fiscal II en la Fiscalía Especial para la CICIG, donde trabajó 9 meses hasta conseguir su siguiente ascenso, el 11 de agosto de 2009, en la Fiscalía Metropolitana, como agente fiscal.

El 29 de marzo de 2011 fue trasladada a la Fiscalía de Delitos Administrativos y el 10 de septiembre de 2012 llegó a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero. El 14 de julio de 2014 fue ascendida a fiscal de sección, el puesto de mayor rango dentro de la Fiscalía de Delitos Administrativos. Esa dependencia se encarga de investigar la conducta administrativa de los funcionarios y empleados públicos, incluyendo presidentes de los organismos del Estado.

La Fiscalía de Delitos Administrativos tiene a su cargo varios casos relevantes, como el de La Riviera, un caso de defraudación tributaria en tiendas duty free (excentas de impuestos) dentro del Aeropuerto La Aurora. También tuvo el caso El Cambray II, por la tragedia ocurrida en Santa Catarina Pinula que cobró cerca de 300 vidas. Además de otras causas contra jueces, magistrados y funcionarios del Ejecutivo.

Pero la carrera en ascenso dentro del MP se detuvo. Tamara de León renunció y dejó el cargo el 20 de enero de 2017. En su expediente laboral no hay sanciones disciplinarias en su contra y dos fiscales que trabajaron a su lado dicen que era una buena fiscal y no tienen críticas hacia su gestión.

Su salida del MP se dio en medio de una polémica y un intercambio de señalamientos con Mayra Veliz, la secretaria general del MP y mano derecha de la fiscal general Thelma Aldana, así como acusaciones suyas contra Rottman Pérez, el secretario de política criminal del MP. A ambos los culpa de interferir en su trabajo y de violar la independencia que la ley da a los fiscales frente a sus superiores.

(Aquí, el perfil de Mayra Véliz, también candidata a Fiscal General: La heredera de Thelma Aldana tiene capacidad de trabajo y mala memoria.)

Con el conflicto contra los dos funcionarios de la administración de Thelma Aldana, y acuerpada por grupos de extrema derecha y promilitares como la Fundación Contra el Terrorismo, Tamara De León empezó a cobrar notoriedad.

La Fundación contra el Terrorismo es una organización de extrema derecha dirigida por Ricardo Méndez Ruiz y se ha dedicado a buscar una amnistía para los militares acusados de violaciones durante el conflicto armado interno y ahora es defensora de los acusados por casos de corrupción por parte de la CICIG. La Fundación ha apoyado a Tamara de León desde su salida del MP hasta su postulación como fiscal. 

Conflictos con los funcionarios de Thelma Aldana

A pesar de sus intentos por distanciarse de la visión más radical anti-CICIG, Tamara de León parece ser una de sus candidatas favoritas. Al ser consultado sobre la aspiración a fiscal general de Tamara de León, Méndez Ruiz es claro:

– Es una mujer muy valiente, que se está enfrentando al poder fáctico de Thelma Aldana, Mayra Veliz e Iván Velásquez.

¿A qué se refiere con esto?

La salida de Tamara de León del MP se explica por los dos conflictos que tuvo con los secretarios de Thelma Aldana en sus últimos años como fiscal de Delitos Administrativos. Criticó públicamente a Mayra Véliz y a Rottman Pérez.

Estas pugnas quedaron registradas en documentos internos del MP con declaraciones de fiscales, notas de prensa y audios difundidos en internet con entrevistas a Tamara de León, así como las grabaciones que ésta hizo a sus jefes cuando era fiscal.

El primer caso empezó cuando la Fiscalía de Delitos Administrativos recibió, en enero de 2016, una denuncia sobre ilegalidades cometidas en la sala de apelaciones de femicidio, por la supuesta alteración de documentos relacionados a la notificación de una resolución. Esto ocurrió en un caso que involucra a una empresa comercializadora de pollo, pero los detalles no son públicos mientras las averiguaciones están en curso.

Cuando habían pasado seis meses sin que hubiera avances reales, en julio de 2016, Mayra Véliz cuestionó a Tamara de León en una conversación telefónica sobre por qué no había presentado solicitudes de antejuicio para retirar la inmunidad e iniciar procesos de investigación contra los magistrados que entonces integraban esa Sala de Femicidio: Noé Ventura Loyo, Edgar José López Espaillat y Henry Alejandro Elías Wilson. Éste último es expareja de Tamara de León.

La Sala de Femicidio ha beneficiado en varias ocasiones a acusados por casos de corrupción o de genocidio, a pesar de no ser competencia directa de su ramo.

Según la secretaria general Mayra Véliz, hubo resoluciones violatorias a la Constitución por parte de los magistrados y por ello debían ser investigados. Y por eso reclamaba avances en la investigación a la fiscal Tamara de León.

Para la exfiscal, sí hubo avances. En un video difundido en internet, Tamara De León explicó que no pidió el antejuicio contra los magistrados de Femicidio porque la denuncia no estaba dirigida hacia los tres magistrados, sino al personal que trabaja para ellos: oficiales, notificadores o secretarias. Por eso también consideró que, al no estar señalado el padre de su hija, no había un conflicto de interés. Además, explicó que el caso estaba a cargo de los auxiliares fiscales, subordinados de un agente fiscal, y no directamente de ella.

El segundo caso por el que recibió reclamos de su jefa fue el de El Cambray. El 1 de octubre del 2015, un alud cubrió buena parte de la aldea El Cambray 2, en Santa Catarina Pinula, vecina de una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Guatemala, y unas 300 personas perdieron la vida. Según la versión fiscal Tamara de León, difundida en videos en Youtube, en este caso Mayra Véliz y Rottman Pérez la presionaron y le ordenaron que presentara la acusación del caso contra el alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, y el ex jefe edil Antonio Coro, aunque hacían falta diligencias para que la acusación fuera firme y se pudiera comprobar que las autoridades no implementaron acciones para evitar la tragedia.

Tamara de León argumentó, según sus videos, que pidió la clausura del proceso el 5 de diciembre de 2016, porque hacían falta más o menos 40 diligencias, pero sus jefes se opusieron porque creían que había que señalar a quienes no evitaron la tragedia. Este conflicto motivó su salida de la institución.

Aunque fue Tamara de León quien denunció públicamente a los funcionarios de Thelma Aldana por presionarla, una denuncia penal fue interpuesta por la Fundación contra el Terrorismo, señalando a Mayra Véliz y Rottman Pérez de tráfico de influencias, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y obstaculización a la acción penal.

Mayra Véliz dice que las acusaciones de Tamara de León se deben a que estaba ‘molesta’ porque se le exigían resultados y sostiene que su trabajo implica velar porque todos los casos avancen. “Ella guardó un expediente” donde su ex pareja estaba sindicada y clausuró inconsultamente un caso donde la evidencia estaba bien presentada. “En el MP no se puede tolerar esto”, indicó.

Contra la permanencia de Iván Velásquez

En su cuenta de Twitter, Tamara de León asegura que no es una candidata a fiscal ‘anti-CICIG’. ‘En mi plan de trabajo tengo contemplado trabajo en conjunto con la Comisión, así como con Cooperación Internacional’, escribió.


Pero el año pasado parecía lo contrario. El 4 de septiembre de 2017, Tamara de León y Marcelo Sarti presentaron una solicitud de antejuicio contra los cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que detuvieron la expulsión de Iván Velásquez del país.


El objetivo era que se retirara la inmunidad a los magistrados titulares Francisco de Mata Vela, Gloria Porras y Boanerge Mejía, y a la magistrada suplente María Cristina Fernández, para que se les investigara por cometer los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución.

El domingo 27 de agosto, el presidente Jimmy Morales declaró non grato al jefe de la CICIG en venganza por haberlo acusado de financiamiento electoral ilícito. Esa tarde, el Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade presentó un amparo en la CC a favor de Iván Velásquez, como respuesta a la decisión del presidente Jimmy Morales de declararle non grato e intentar expulsarlo. Los magistrados de la CC otorgaron un amparo provisional ese mismo día y el 29 de agosto dejaron la decisión en firme para detener la decisión de Jimmy Morales.

Las represalias contra los magistrados no se hicieron esperar. Se presentaron varias solicitudes de antejuicio para despojarlos de su inmunidad, incluyendo una planteada por Ricardo Méndez Ruiz, pero al final fueron descartadas.

Tamara de León y Marcelo Sarti presentaron el antejuicio contra los magistrados en la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia y al no recibir respuesta –porque esa instancia no recibe los antejuicios directamente–, lo enviaron al Juzgado Tercero de Instancia Penal. Pero al final no recibieron notificaciones y tampoco hay registros en el sistema electrónico del Organismo Judicial.

Aunque opositores a Iván Velásquez, como la Fundación Contra el Terrorismo, dicen que sí apoyan a la CICIG pero no al Comisionado, es una argucia argumentativa. Reemplazar a Iván Velásquez implicaría que los acusados sean capaces de definir hasta dónde la CICIG podría investigar casos de alto impacto. Esto anularía su independencia, alejaría a investigadores capaces y reduciría las posibilidades de cooperación para la institución. Además, un nuevo comisionado –en el caso de que la ONU y los cooperantes decidan mantener el financiamiento a la Comisión– se tardaría al menos seis meses en comprender a cabalidad las dinámicas guatemaltecas.

El abogado que firmó las denuncias junto a la fiscal Tamara de León, Marcelo Sarti, es cercano a los opositores a la CICIG. Unos meses antes de ocuparse de ese tema, estaba a cargo de la defensa legal de Samuel y Juan Manuel Morales, hermano e hijo de Jimmy Morales, quienes están procesados en el caso Botín Registro de la Propiedad. Se les sindica de haber simulado eventos para que el Registro de la Propiedad pagara Q270 mil en concepto de desayunos y canastas navideñas en el año 2013, en tiempos de Anabella de León y Otto Pérez Molina. El abogado Sarti dejó el caso de la familia presidencial el 20 de febrero de 2017, aduciendo que tenía una fuerte carga laboral y debía atender otros casos.

Tamara de León, presentando una denuncia en tribunales en 2017.

Redes sociales sin rastro

Entre los aspirantes al puesto de fiscal general, Tamara de León destaca por su actividad en Twitter; es una de las usuarias de esa red social más conectada con su audiencia.

Pero buena parte de su historial de tuits ha sido borrado. Su cuenta está activa desde hace siete años y apenas hay tuits a partir del 15 de febrero de 2018.

El 16 de noviembre de 2017, el académico Harald Waxenecker publicó en Nómada un análisis de las estadísticas de Twitter para demostrar cómo fueron creadas y crecieron las etiquetas #JimmySeQueda e #IvánSeVa. En ese ejercicio de análisis, encontró que dos de las primeras cuentas que retuiteóaron la primera etiqueta promovida por @RMéndezRuiz fueron la de Marvin Mérida, el antiguo representante presidencial para cabildear contra la CICIG en Washington, y @htamaradeleon, de Heidi Tamara de León, la exfiscal de carrera.

Esta mención hizo que doce días después, Tamara de León demandara al académico Waxenecker y al director de este medio, Martín Rodríguez, acusándolos de violencia contra la mujer en grado psicológico. Un juzgado le dio trámite y se encuentra ahora en el Ministerio Público.

Ese día, unas horas antes de que la abogada llegara a la torre de tribunales para presentar la denuncia, Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, convocó a los medios a través de su cuenta de Twitter:

En declaraciones a medios, la exfiscal Tamara de León dijo que en la publicación de Nómada se le acusa de ser parte de un ‘netcenter’ a favor del presidente y por eso es víctima de ataques en las redes sociales y en la calle. Además, dijo que se había creado una cuenta falsa con su nombre para atacarla.

El director de Nómada, Martín Rodríguez, respondió sobre la demanda de Tamara de León en noviembre de 2017:

– Lamento mucho que hayan creado una cuenta falsa de Twitter a la licenciada De León como ella afirma. A mí también me crearon una cuenta falsa el 22 de agosto de 2017 y puedo escribir a Twitter para ayudarla a que la denuncie. Lamento también que la hayan atacado en redes por el análisis que hicimos sobre tuits públicos, incluido el de ella, y la insto a que pida acompañamiento de la PDH. Ni Nómada ni Harald Waxenecker ni yo tenemos relación con esa cuenta falsa ni con estos ataques. Consideramos que el artículo que publicamos no denigra a nadie ni contiene violencia contra la mujer en grado psicológico. Expone secuencias de tuits públicos y lo que apunta a ser caja de resonancia para activar mensajes. No conozco a la señora De León.

El plan de trabajo y la persecución

El objetivo de Tamara de León es reanudar su carrera en el MP. Quiere hacerlo en el puesto más alto de la institución, en el lugar que ahora ocupa Thelma Aldana. Para eso presentó su CV, en la que hay tantos diplomas de participación en cursos de formación, diálogo y capacitación en temas sobre abogacía como reconocimientos por ser deportista. Tiene al menos 11 diplomas que resaltan su carrera como jugadora profesional de voleybol y softbol. No cuenta con postgrados o publicación de artículos, dos factores clave en el punteo que la comisión de postulación da a los aspirantes a fiscal.

En su plan de trabajo trazó los objetivos clave para el MP, incluyendo la creación de una escuela para fiscales, para capacitar al personal de nuevo ingreso y actualizar en conocimientos académicos al personal que ya trabaja en el MP. También propone la creación de una secretaría de coordinación técnica interinstitucional, para trabajar con el resto de las instituciones del sector justicia, y cambios administrativos y organizacionales en el MP para mejorar la gestión.

En redes sociales ha publicado que es víctima de persecución por parte del MP y que teme por su vida y la de su hija, de quien el MP solicitó información en el Renap.

Se intentó obtener una entrevista para conversar con ella sobre estas amenazas, sobre su carrera como fiscal del Ministerio Público, el posible conflicto de interés que supuso un freno a su ascenso dentro de la Fiscalía, su cercanía a la Fundación contra el Terrorismo y las contradicciones sobre su apoyo y su oposición a la CICIG, pero después de haber confirmado un espacio, respondió que por motivos de agenda no podría conceder el tiempo para la entrevista.

Jordan Rodas reacciona

El magistrado de conciencia aseguró que “esperará a conocer lo que resuelva la comisión” antes de pronunciarse. “El accionar de la PDH está dentro del marco de sus competencias y no descarto que tenga fines políticos“, señaló Rodas.

Por este caso, la procuradora adjunta de la PDH, Claudia Maselli, se encuentra ligada a un proceso penal por el delito de incumplimiento de deberes, porque presuntamente no le dio el seguimiento adecuado a la denuncia presentada por el padre de la niña.

FUENTE: SOY 502/PERSPECTIVA/NÓMADA

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