LA NOTA CHAPINA

El Mingob dispone de Q8 millones para recompensas difíciles de fiscalizar

Por: Evelyn Boche/elPeriódico 

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El Mingob promete recompensas de hasta Q50 mil a cambio de información para localizar a personas con órdenes de captura, bajo el argumento de promover la denuncia ciudadana. La medida que anunció el ministro Gendry Reyes semanas atrás tiene otras lecturas externas: la falta de capacidad investigativa institucional para capturar a delincuentes de poca monta y que abona opacidad. Ni el Mingob ni la Contraloría explicaron los mecanismos de transparencia y fiscalización.

La mayoría de los más buscados son por delitos como asesinato o violación. Hay menos casos por extorsión, plagio y secuestro, y llama la atención que se busque el apoyo ciudadano cuando la PNC cuenta con grupos especializados en materia antisecuestros y pandillas.

El Mingob y la PNC divulgaron ayer la captura de Félix Morataya Bolaños, el capturado número 14 de los cien más buscados y señalado por pertenecer a la banda Los de la Limonera, desarticulada en septiembre de 2020 y procesada por asesinatos y robo agravado. De los 16 capturados el año pasado, 10 son policías y un auxiliar fiscal del MP. 

Lo más cuestionable es que el listado no incluye a exfuncionarios señalados por corrupción con poder económico y político para evadir la justicia, apunta Lizardo Acuña, del Ipnusac.

Los reportes son anónimos y se tratan bajo confidencialidad. Si la persona requiere de una recompensa sí debe proporcionar sus datos. El vocero del Mingob, Pablo Castillo, confirmó el pago de recompensas en seis de los 14 casos y tres que están en proceso de evaluación del comité técnico, integrado por el viceministro de Seguridad, Carlos Franco; el director de la PNC, Jorge Tzubán; el director de la Digici, Josué Navas, y el subdirector de Investigación Criminal, José Benito. 

Mientras en otros países se ofrecen recompensas para ubicar a criminales de alto peligro, en Guatemala se busca a los de bajo perfil. 

Transparencia

La garantía de confidencialidad supone una dificultad para que se sepa quién cobró la recompensa. Es posible que otros miembros de la estructura delaten a los copartícipes, con lo que se corre el riesgo de que el dinero público financie a los grupos delictivos, expone Acuña. Un exfuncionario de Gobernación no descarta que el mecanismo también sea aprovechado por policías mediante testaferros.

FUENTE: EL PERIÓDICO

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