LA NOTA CHAPINA

Rescinden contrato a asesor condenado por narcotráfico

Por: Redacción redaccion@elperiodico.com.gt

Érik Constanza laboraba para el viceministro Carlos Franco y cobraba honorarios mensuales de Q12 mil, a cambio de coordinar actividades con el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil (PNC).

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El pasado 5 de abril, elPeriódico publicó una investigación en la que daba a conocer que el asesor del Viceministerio de Seguridad, Érik Donaire Constanza Bran, había cumplido una condena de 12 años en Estados Unidos por conspirar para enviar un cargamento de 1,300 kilos de cocaína hacia la nación norteamericana.

Tras la publicación, el principal asesor del Viceministro de Seguridad, Carlos Enrique Franco Urzúa, pidió que fuera rescindido su contrato laboral con dicha dependencia, según consta en la resolución DRH-0042-2021 firmada por Óscar Humberto Conde López, segundo viceministro del Ministerio de Gobernación.

La separación laboral de Constanza se produjo a raíz de la publicación que elPeriódico realizó a inicios de abril, no obstante en el portal de Guatecompras aparece esta efectiva a partir del día 30 de marzo.

El exasesor del Viceministerio de Seguridad cumplió una condena de 12 años en EE. UU. por delitos relacionados al narcotráfico.

Jefe de la estructura

En 2005, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) se enteró que Jorge Ricardo Bardales Bourdet estaba ayudando a un grupo de narcotraficantes colombianos a mover cocaína a través de Guatemala con la ayuda de policías corruptos.

A finales de 2005, la DEA inició una operación encubierta en Centroamérica para atrapar a Bardales y a sus cuatro conspiradores: Édgar Antonio Chiu Serrano, Érik Donaire Constanza Bran, Juan Daniel del Cid Morales y Álvaro Agustín Mejía. Para ello, reclutó a un informante confidencial con el seudónimo “Augustine Cortez”, para que se hiciera pasar por un proveedor de cocaína y se reuniera con Bardales. Cortez grabó subrepticiamente todas las reuniones y llamadas telefónicas con el grupo, cuyas transcripciones fueron usadas por el Gobierno de EE. UU. en el juicio.

Bardales cayó en la trampa y en la primera reunión asistió con Chiu Serrano, a quien presentó como un policía, y estuvo de acuerdo en ayudar a Cortez, cobrándole US$1 millón por mover 3 mil kilos de cocaína. Cortez le pidió a Bardales que hiciera los arreglos para dar seguridad a un contenedor con la cocaína.

En las semanas siguientes, Constanza, quien era el jefe de Chiu Serrano, siguió hablando con Cortez para programar una reunión en la que planeaba presentarle a dos policías. El 19 de julio de 2006 se reunieron en un restaurante de San Salvador, donde Cortez les dijo a los cuatro: Bardales, Constanza, del Cid y Mejía que tenía la intención de transportar 1,300 kilos por Guatemala. Bardales le aseguró a Cortez que los policías Del Cid (jefe de la División de Investigación Criminal) y Mejía (comisario de la PNC) se ocuparían del transporte y la seguridad.  Al final de la reunión, Cortez le pagó a Del Cid US$10 mil por adelantado.

En agosto de 2006, Cortez se reunió con Constanza, Del Cid y Mejía en el mismo restaurante de San Salvador, pero no asistió Bardales, quien había resultado gravemente lesionado en un accidente automovilístico en los días previos a la reunión. Según Cortez, Constanza tenía documentos de una empresa de fachada que él controlaba, y que podía usarse para esconder la cocaína en medio de una carga legítima, específicamente, decoraciones navideñas. Constanza, quien tomó el liderazgo de Bardales y empezó a actuar como el jefe del grupo, le explicó a Cortez cómo enviar las drogas para evitar ser detectadas.

El 27 de septiembre de 2006, el grupo se reunió por tercera y última vez en el restaurante en San Salvador, pero todo era una trampa preparada por la DEA. A los diez minutos de iniciada la reunión llegó la Policía salvadoreña y capturó a Constanza, Del Cid y Mejía.  Al piloto de Constanza, que estaba en el vehículo que los transportó, le decomisaron dos pistolas pero no fue acusado de conspirador. El agente principal de la DEA, Stephen Fraga, supervisó el arresto.

Constanza, Del Cid y Mejía fueron entregados a los agentes Fraga y Jason Sandoval, 90 minutos después del arresto, y llevados de inmediato al aeropuerto de San Salvador, donde fueron puestos a bordo de un avión de la DEA con destino a Estados Unidos.

Tras su arribo a esa nación, Constanza, Del Cid y Mejía fueron presentados ante el juez John D. Bates de la Corte del Distrito de Columbia, quien se encargaría de juzgarlos. Bardales no fue juzgado debido a que falleció días después del accidente automovilístico y Chiu Serrano nunca fue capturado.

Durante el juicio, la Fiscalía estadounidense les ofreció a los tres conspiradores declararse culpables a cambio de una pena más benévola, pero solo Constanza firmó su acuerdo de culpabilidad; Del Cid y Mejía se declararon inocentes, y argumentaron que tenían una participación menor, que Constanza era quien les había convencido de participar en la operación.

A pesar de que Constanza se quiso retractar después de su acuerdo de culpabilidad, el juez Bates lo sentenció a 144 meses de prisión (12 años) y 60 meses de libertad condicional. Con los dos policías corruptos, Del Cid y Mejía, fue más severo: los condenó a 220 meses y 208 meses de prisión, respectivamente.

FUENTE: EL PERIÓDICO

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