LA NOTA CHAPINA

Fodes adjudica contrato por Q16.6 millones a empresa de papel

Por: Investigación elPeriódico Publicado 24-05-21

Una empresa de reciente creación, sin empleados inscritos ante el IGSS, que no se localizó en la dirección reportada y sin experiencia con el Estado, fue contratada por el Fondo de Desarrollo Social (Fodes) para mejorar un camino rural en San Luis Jilotepeque, Jalapa.

foto-articulo-Investigación

Esta es la dirección que reporta la empresa Importaciones y Servicios SCR en el portal electrónico de Guatecompras, la empresa recibió su primera adjudicación por parte del Estado por Q16.6 millones.

El Fondo de Desarrollo Social (Fodes), adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), adjudicó el 18 de mayo pasado un proyecto de mejoramiento y pavimentación de un camino rural de la Aldea Los Amates a San Luis Jilotepeque, Jalapa, por Q16 millones 602 mil 712.63, a una empresa de reciente creación y que a la fecha solo existía en el papel, ya que no fue posible ubicarla en las direcciones que reportó ante el Registro Mercantil.

La empresa Importaciones y Servicios SCR, Sociedad Anónima, fue la adjudicada por la Junta de Licitación del Fodes, que descalificó a las otras dos empresas que presentaron ofertas, Multiservicios C. V. y Constructora Archila, argumentando que incumplieron un requisito fundamental al variar el formato del “cuadro de cantidades”, al omitir el encabezado con el nombre y firma del propietario de la empresa, el cual se debe consignar obligatoriamente dos veces y no consignar el nombre del banco donde tienen sus cuentas. 

Las empresas Multiservicios C. V. y Constructora Archila tienen 17 y 13 años, respectivamente, de experiencia en contratos de obra pública, mientras que para Importaciones y Servicios SCR este proyecto será su primera obra para el Estado. 

¿Una empresa de papel?

Servicios SCR fue constituida en agosto de 2019 por los hermanos Claudia Beatriz Romero Galindo, entonces de 30 años de edad, y Lusvin Horacio Romero Galindo, de 33 años, así como por Luis Fernando Orellana Valenzuela, de 33 años, bajo el auxilio del notario Wuilber Alexánder González Muñoz.

Claudia Romero Galindo, quien fungía como representante legal, fue  contratada el año pasado como “rastreadora” de casos de COVID-19 con un salario mensual de Q3 mil 450 en el Área de Salud Guatemala Sur, el cual es dirigido por Carlos Guerra Velásquez, hermano del diputado Víctor Israel Guerra Velásquez, leal a la excandidata presidencial Sandra Torres.

La Constructora  SCR se constituyó con un capital social de Q290 mil, sin embargo, solo fueron pagados Q1,800.

 Servicios SCR fue constituida para desarrolar actividades diferentes a las de la construcción, según la escritura de constitución revisada por elPeriódico; además, según los archivos públicos, no tuvo actividad durante sus primeros meses de vida. El año pasado, menos de un año después de haber sido fundada la empresa, pasó a manos de otras personas.

El 20 de julio de 2020, la empresa  fue “vendida”, “cedida” y “traspasada” a dos nuevos socios, Marco Román López Garay, de 30 años de edad, y a Melinda Jeniffer Castillo Chávez, de 36 años, quien fue nombrada como la nueva representante legal.

López Garay es propietario de la empresa C. y C. Construcciones, la cual entre 2016 y 2019 realizó pequeños trabajos de mantenimiento, limpieza y alquiler de maquinaria, entre otros, para las municipalidades de San José, Escuintla; Nahualá, Sololá; Uspantán, Quiché, entre otras entidades.  En total son 41 concursos mediante compra directa o baja cuantía por un total de Q1 millón 279 mil 908.60.  Pero su último trabajo fue por Q7 mil en enero de 2020.

El 7 de agosto de 2020, Castillo Chávez, que fue nombrada como la nueva representante legal de SCR, solicitó el cambio de dirección de la empresa a la oficina 310 de la Torre Profesional 2 y amplió el objeto de la sociedad a “proyectos de ingeniería y arquitectura”.

En septiembre del año pasado, Castillo inscribió ante el Registro Mercantil el traspaso de las acciones, sin embargo, según los documentos, no se aumentó el capital social de la empresa ni emitieron más acciones, por lo que las acciones pagadas continúan con un capital de Q1,800.

La empresa SCR, según el portal electrónico de Guatecompras, aún tiene registrada como sede un inmueble en la colonia Linda Vista, zona 4 de Villa Nueva,  y según pudo documentar elPeriódico, el lugar es una vivienda particular en la que reporta su domicilio una de las socias fundadoras, sin embargo, ahí nunca ha funcionado ninguna constructora.

El nuevo domicilio reportado en el Registro Mercantil, a partir del 18 de febrero pasado, es en la oficina 310 de la Torre Profesional 2 de la zona 4, la cual fue visitada por elPeriódico, sin embargo, ahí funciona una oficina de abogados y según una persona que atendió, en dicho lugar no opera ninguna constructora. Además señaló que no conocían a quien figura como nuevo representante legal de la empresa desde el 22 de noviembre del año pasado.

La empresa en el portal electrónico de Guatecompras no muestra número de teléfono ni más datos sobre en dónde pueda funcionar, es decir, es solo una empresa en papeles.

La empresa no había recibido ninguna adjudicación por parte del Estado desde su fundación, por lo que no cuenta con experiencia para trabajos de infraestructura con el Estado.

Nueva patente y nuevo representante

El 22 de noviembre de 2020, tres meses después de haber nombrado a una de las nuevas “socias” como representante legal, se cambió de nuevo al representante y se nombró a Josué Israel Arroyo Aguilar, de 35 años, quien, según los datos del IGSS, ha trabajado en tiendas dedicadas a la comercialización de zapatos y prendas de vestir, y una gasolinera.

El 18 de febrero de este año, cinco días antes de que el Fodes publicará la licitación en Guatecompras, la empresa solicitó la emisión de una nueva patente de comercio, esta vez para la Constructora SCR, como una sucursal de Importaciones y Servicios SCR.

Sin trabajadores inscritos en el IGSS

El 1 de abril de 2021, la empresa inició con el proceso para inscribirse ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); uno de los requisitos básicos para poder participar en la licitación del Fodes es tener “solvencia del pago de contribuciones patronales y de trabajadores”, sin embargo, la empresa fue inscrita formalmente hasta el 19 de mayo pasado ante el Seguro Social, ocho días después de la presentación de las ofertas. Hasta la semana pasada la empresa aún no ha inscrito trabajadores ante el IGSS.

La empresa solo aparece en papeles, ya que en las dos direcciones presentadas en el Registro Mercantil no funciona ninguna empresa constructora.

Según el RGAE tiene capacidad financiera de Q216 millones

Pese a nunca haber trabajado con el Estado, ni contar con una sede física, o una planilla de trabajadores inscrita en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la empresa que fue contratada por más de Q16 millones por el Fondo Social de Solidaridad fue inscrita y precalificada por el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) del Ministerio de Finanzas hasta por un monto de Q216 millones 537 mil.

En total, el RGAE le inscribió a SCR en 14 especialidades de construcción, que incluso muchas de las empresas con experiencia no tienen en algunos casos porque no pueden demostrar que cuentan con la experiencia requerida. Además de que el RGAE se ha mostrado muy estricto con muchas empresas que acuden a agregar nuevas especialidades.

Entre las “especialidades” en las que el RGAE dijo que la empresa había acreditado documentación de respaldo, se encuentra la construcción de puentes, construcción de edificios, carreteras pavimentadas y adoquinado y empedrado, entre otras.

También que no figura inscrita ni precalificada en el Listado de proveedores registrados en Precalificados de Obras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Quizás, como una forma de evadir su responsabilidad en la contratación de la empresa que fue a la única que le aceptaron su oferta, la Junta de Licitación del Fodes destacó con letra mayúscula y resaltada en el Acta de Adjudicación que: “El RGAE ES EL RESPONSABLE DE ESTABLECER LA CAPACIDAD FINANCIERA, CAPACIDAD TÉCNICA, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDADES DE los proveedores, personas individuales o jurídicas, nacional o extranjeras, habilitados como proveedores del Estado”.

Sin vehículos a su nombre
El Registro Tributario Unificado (RTU) de la empresa, actualizado el 22 de abril de este año, muestra que la empresa no cuenta con vehículos ni maquinaria registrada para poder realizar los trabajos que le fueron adjudicados por el Fodes.

Emmily Meza Ayuso, en la Junta de Calificación

Dentro de la Junta de Calificación, que aprobó que la empresa de papel fuera adjudicada con el concurso, figura Emmily Sttephany Meza Ayuso, empleada del Fondo de Desarrollo Social que es casi omnipresente en todos los procesos de licitación que realiza la institución.

elPeriódico publicó el año pasado cómo la funcionaria aparecía como integrante de las distintas juntas de Calificación que se integraron para hacer diferentes compras. Entre ellas la compra de las “galletas vitaminadas”, por las cuales el Fondo iba a pagar más de Q14.6 millones sin que hubiera ninguna justificación ni plan para su adquisición ni distribución.

Meza Ayuso está contratada bajo el renglón 021 como delegada en la Unidad de Informática y Soporte Técnico del Fondo de Desarrollo, con un salario de Q14 mil 250.

Hasta ahora Ayuso ha integrado un total de 76 juntas, 25 en 2019, durante el gobierno de Jimmy Morales, 45 de ellas el año pasado y 6 en lo que va de 2021.

Meza Ayuso es hija de Emilia Ayuso de León, exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC), durante el gobierno del extinto Partido Patriota, vinculada al caso de corrupción Caja de Pagos, investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP). Meza, además, fue testigo en el caso Botín Registro General de la Propiedad (RGP), en el que se acusó a familiares del expresidente Jimmy Morales, pues la ahora empleada del Fodes fue asistente en la Jefatura de Compras del RGP, con Anabella de León, cuando se adquirieron canastas y se justificaron como almuerzos para los trabajadores.

FUENTE: EL PERIÓDICO

Categorías:LA NOTA CHAPINA