LA NOTA CHAPINA

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Por: Investigación elPeriódico 

🅛a compraventa de un inmueble en la zona 9 revela la relación legal entre Leyla Lemus, secretaria general de la Presidencia, y la compañía Nipro Medical Corporation, un importante proveedor de servicios de hemodiálisis del IGSS y el Ministerio de Salud Pública, que el año pasado le vendió productos y servicios por Q146 millones al sector público.

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La relación entre Leyla Susana Lemus Arriaga, secretaria general de la Presidencia y la empresa Nipro Medical Corporation-Sucursal Guatemala, va más allá de una asesoría jurídica externa.

También existe un apartamento que vincula a la funcionaria con los altos ejecutivos de dicha empresa proveedora de servicios de hemodiálisis del IGSS y el Ministerio de Salud Pública.

De acuerdo con la escritura número 59 autorizada por la notaria Wendy Yesenia Gómez Silva, el 17 de octubre de 2016 comparecieron ante ella Jorge Roberto Cordero Navas, quien actuó como mandatario especial con representación de Mauro Enrique Argüello Vílchez y Leyla Susana Lemus Arriaga para ejercer un contrato de compraventa de bien inmueble.

En el documento legal se establece que Jorge Cordero, en representación de Mauro Argüello vende, cede y transfiere a Leyla Lemus el apartamento 906 del edificio Reforma Obelisco, ubicado en la zona 9 de la ciudad capital.

Mauro Argüello Vílchez es el gerente de ventas Regional de Nipro para Latinoamérica. Mientras que Cordero Navas es uno de los dos representantes legales reportados por Nipro Medical Corporation-Sucursal Guatemala en el portal de Guatecompras.

Aunque el contrato de compraventa del inmueble establece que la transacción se hizo por Q100 mil, la escritura número 60 siempre de la notaria Wendy Yesenia Gómez Silva autorizada el 17 de octubre de 2016, establece que la hoy funcionaria recurrió a un préstamo hipotecario con un banco del sistema para financiar la compra por Q899 mil 600.

En octubre de 2016 Leyla Lemus compró un apartamento en el edificio Reforma Obelisco a Mauro Argüello Vílchez, gerente de Ventas regional de Nipro para Latinoamérica.

Leyla Lemus también presentó, por lo menos hasta 2019, la documentación de las ofertas de Nipro en algunas licitaciones que lanzó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés). 

Proveedora del Estado

Nipro Medical Corporation es una empresa proveedora de servicios para pacientes que sufren insuficiencia renal. Sus principales clientes en el sector público son el Ministerio de Salud y el IGSS.

De acuerdo con el portal de transparencia Guatecompras, de 2006 a la fecha la compañía ha obtenido Q512 millones 532 mil 871.80 en contratos con el Estado.

Pero solo en 2020, Nipro facturó un total de Q146 millones 34 mil 834.91, una cifra récord para la empresa desde que empezó a prestar sus servicios a entidades públicas y que coincide con el primer año de Leyla Lemus como secretaria general de la Presidencia.

Intereses en el IGSS

En diciembre de 2019, el presidente del IGSS, Carlos Contreras, presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) en contra de Leyla Lemus y Nipro Medical Corporation, por considerar que había una conspiración en contra del Seguro Social.

Según la denuncia, existían personas que deseaban recuperar el control de las compras y adquisiciones de medicamentos a precios que se manejaban antes de suscribir un convenio entre UNOPS y el IGSS, lo cual pondría en “riesgo de ver nuevamente la cooptación de los recursos”.

En julio del año pasado, el presidente del IGSS ratificó y amplió la denuncia después de tener conocimiento de que el procurador general de la Nación (PGN), Luis Donado, y otras personas estaban solicitando su renuncia.

Aunque inicialmente el caso había sido asignado a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la fiscal general, Consuelo Porras, ordenó en septiembre último el traslado del expediente a la Fiscalía de Delitos Transnacionales.

El cambio de Fiscalía sucedió luego de que la FECI recomendara presentar una solicitud de antejuicio a la secretaria general de la Presidencia, pero los asesores de Porras, a través de la respuesta a una opinión jurídica, estimaron que era prematuro pedir el retiro de la inmunidad a Leyla Lemus.

Acrecentando el patrimonio

Pese a que corren tiempos de pandemia y la mayoría de la población atraviesa por momentos de dificultad económica y alto desempleo, la situación es distinta para Leyla Lemus, quien en lo que va de gobierno ya incrementó su patrimonio inmobiliario.

De acuerdo con la escritura número 4 del notario Daniel Mauricio Tejeda Ayestas, faccionada el pasado 22 de enero, Leyla Lemus es la nueva propietaria del bien inmueble situado en el número 4-27 de la 5 calle de la zona 1, en la ciudad capital.

En enero pasado Leyla Lemus adquirió el bien inmueble situado en la 5a. calle 4-27 zona 1, por un monto de US$260 mil.

Ese día Jacqueline Elizabeth Wolff Freund de Calderón, vendió, cedió y traspasó dicha propiedad a la secretaria general de la Presidencia a cambio de US$260 mil.

El mismo documento legal describe que la compradora hizo un primer desembolso el pasado 24 de noviembre de 2020 de US$50 mil, posteriormente pagaría US$201 mil 900 mediante transferencia bancaria con un crédito hipotecario contratado por Lemus Arriaga y los restantes US$8 mil 100 serían cancelados 30 días después de elaborada la escritura.

Para financiar los US$201 mil 900, la funcionaria del Gobierno, recurrió a un banco del sistema para contratar un crédito hipotecario, que en moneda local asciende a Q1 millón 595 mil 600, tal y como lo describe la escritura pública número 7 del notario Tejeda Ayestas.

Leyla Lemus utilizó el mismo inmueble como garantía para pagar el préstamo, el cual establece que deberá ser cancelado en 240 meses con cuotas mensuales de Q6 mil 649.

La propiedad de la zona 1 cuenta con una extensión de 502.05 metros cuadrados. elPeriódico realizó una visita al lugar y encontró que, pese a que la fachada del inmueble se encuentra descuidada, en el interior hay trabajadores que realizan obras de remodelación.

Como secretaria general de la Presidencia, Leyla Lemus, percibe un salario base de Q17 mil; recibe un complemento personal salarial de Q6 mil 500, un bono profesional de Q375, un bono por responsabilidad de Q12 mil, un bono de la Secretaría General de la Presidencia de 6 mil 500, bono 66-2000 de Q250, y gastos de representación de Q12 mil para un ingreso mensual total de Q55 mil 125.

Además, percibe Q800 en dietas por cada sesión en la que participa como presidenta de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

¿Quién es Leyla Susana Lemus Arriaga?

Abogada y notaria graduada de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac) en 2005, es la actual secretaria general de la Presidencia.

También es uno de los personajes que más poder acumula alrededor del presidente Alejandro Giammattei y una de las principales opciones que maneja el mandatario como magistrada a la Corte de Constitucionalidad (CC).

Inició su carrera laboral en marzo de 1993 como auxiliar fiscal del Ministerio Público (MP), para el cual laboró hasta mayo de 2004, retirándose como agente fiscal.  Durante su carrera en el MP se presentaron ocho denuncias en su contra, donde la señalan de abuso de autoridad, falsedad ideológica, lesiones leves, robo de equipo terminal móvil, abandono del cargo y tráfico de influencias, entre otros señalamientos que ya no están vigentes.

De 2004 a 2008 laboró como subdirectora Administrativa-Financiera del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), durante la gestión de Édgar Ajcip. 

En marzo de 2008 regresó al MP como subdirectora del Programa de Protección de Testigos al final de la gestión de Juan Luis Florido y renunció al cargo en octubre de 2008.  Su renuncia se debió a que junto al fiscal Álvaro Matus y su compañero de trabajo, Pedro Pablo Girón, fueron acusados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de los delitos de conspiración, obstrucción de la justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en la investigación del asesinato de un asesor del Ministerio de Gobernación, el venezolano Víctor Rivera. 

Aunque Lemus Arriaga fue ligada a proceso por la jueza Marta Sierra y se le ordenó arresto domiciliario, arraigo y prohibición de salir del país,  al final se le eximió de los cargos presentados. Su abogado defensor fue Omar Ricardo Barrios Osorio, quien en la actualidad es su asesor en la Secretaría General de la Presidencia y candidato a magistrado a la Corte de Constitucionalidad.

De octubre de 2008 a noviembre de 2010 Lemus laboró en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), como directora legal de Gerencia, bajo la gestión de Alfredo del Cid Pinillos. Cuando el presidente Álvaro Colom nombró a Del Cid Pinillos como ministro de Finanzas Públicas, en octubre de 2010, la llevó a trabajar al Ministerio de Finanzas como directora de Fideicomisos, pero renunció al cargo en diciembre de ese año para irse a trabajar a la Contraloría General de Cuentas como directora de Asuntos Jurídicos, gracias a su amistad con la contralora Nora Segura, quien fue su compañera en Fonapaz.   

De mayo a noviembre de 2009 fue contratada como asistente del magistrado César Ricardo Crisóstomo Barrientos Pellecer, vocal II de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo un contrato de servicios técnicos por un monto de Q73 mil 870.97 (Q10 mil mensuales).

También en 2009 prestó sus servicios como notaria para la elaboración de contratos entre el Fondo de Conservación Vial (Covial) y contratistas de dicha dependencia.

En agosto de 2010, Lemus Arriaga  fundó el bufete L&L Asociados, el cual dirige hasta la actualidad y que se dedica a brindar asesorías, consultorías y litigios judiciales. 

Trabajó en la Contraloría General de Cuentas (CGC) hasta marzo de 2015.  

Desde mayo de 2015  es gerente general y representante legal del bufete Estrategias Legales, S. A., fundado en mayo de 2011, el cual se dedica a diseñar estrategias en gobiernos corporativos, negociaciones civiles y mercantiles, litigios y derecho privado. En ese año también trabajó con el abogado Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, quien está acusado en el caso Comisiones Paralelas de manipular las comisiones de postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas Apelaciones.

 Entre enero y marzo de 2015 prestó servicios profesionales en la Secretaría General de la Presidencia, según contrato número 37-2015 por Q43 mil 548.39 (Q15 mil mensuales). 

En el curso de la campaña 2019 se acercó al Partido Vamos por Guatemala, que postulaba a Alejandro Giammattei a la Presidencia, prestando apoyo en temas jurídicos y administrativos, ganándose la confianza del Presidente electo, quien la incluyó dentro de su gabinete de gobierno como la secretaria general de la Presidencia.

Durante el primer año de la administración de Giammattei, la Secretaría General de la Presidencia fue la institución encargada de viabilizar la puesta en marcha del Centro de Gobierno que dirigió Luis Miguel Martínez Morales.

EL PERIÓDICO

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