LA NOTA CHAPINA

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Crónica

🅔l presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha abogado en dos ocasiones esta semana por retomar la aplicación de la pena de muerte para condenar determinados delitos, tras el caso del asesinato de Sharon Figueroa, pero lo que ahora piensa no era lo mismo que decía hace algunos años, cuando se oponía a ese castigo.

El asesinato de Sharon, la niña de ocho años que desapareció del patio de su casa, en Petén, el lunes, y cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente con signos de violencia y asfixia, ha provocado una ola de expresiones a favor de la pena de muerte.

El mandatario, en medio de otras polémicas a nivel nacional, se subió en la ola a favor de volver a aplicar la pena máxima.

“Es hora de que vayamos pensando, por ejemplo, en el crimen de esa niña, debería ser condenado con la pena de muerte”, aseveró el el miércoles el mandatario en un llamado al Congreso para que “reevaluara” la aplicación de esta condena.

Giammattei dijo “que no tiemble la mano para enfrentar a los criminales” e insistió en que “todos los crímenes contra la niñez deberían de ser pagados con la vida del criminal”, al tiempo que agregó que si “llega una pena de muerte, la vamos a evaluar y la vamos a ejecutar”.

Llamado al Congreso

Este jueves, Durante una actividad en el municipio de San Pedro Ayampuc, Giammattei volvió a poner el tema sobre la mesa e hizo un llamado al Congreso de la República para que este tipo de castigo sea aplicable en casos de violencia contra menores de edad.

Pero hace 12 años, el mandatario no pensaba igual: “que la pena de muerte por sí misma no resuelve absolutamente nada y sí podría, en un país donde hay tanta falta de justicia, cometerse muchísimos errores a condenar a muerte a personas que son inocentes así como se deja de condenar a muerte a personas que son culpables“.

Este es el video que muestra como pensaba Giammattei en aquel entonces.https://www.youtube.com/embed/JQzWiBZGHQM?feature=oembed

Qué dice la Constitución y el Pacto de San José

El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece la pena de muerte. Sin embargo, en los últimos años, no ha podido ejecutarse debido al vacío legal que existe desde que el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó -en 2004- el decreto 159 que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución.

En ese mismo inciso se regula que es el Congreso el que podrá “abolir” este castigo. En el artículo 18 de la Carta Magna se expone a quiénes no puede aplicarse ese castigo: mujeres, mayores de 60 años, condenados por crímenes políticos o quienes enfrenten procesos relacionados con extradiciones.

En 2017, la Corte de Constitucionalidad decidió declarar inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en los delitos de:

  • parricidio
  • ejecución extrajudicial
  • plagio o secuestro
  • desaparición forzada
  • y muerte del presidente o vicepresidente.

La resolución de la Corte, que además de los cinco delitos afectó también a dos artículos de la Ley contra la narcoactividad, utiliza como argumentos para su decisión las contradicciones con acuerdos internacionales: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.

Por tanto, de acuerdo al dictamen de la Corte de Constitucionalidad en 2017, ya no hay delito que contemple este castigo, como confirmó la entidad en aquel momento.

El caso de Sharon

Sharon Figueroa, una niña de ocho años que desapareció el lunes del patio de su domicilio en Melchor de Mencos y a quien se le encontró muerta este martes, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) precisó que la causa de su deceso fue la asfixia por estrangulación y que, además, mostraba golpes en las manos y en el rostro.

La Policía Nacional Civil detuvo a una mujer en cuya vivienda se hallaron indicios que podrían vincularla con la desaparición de la niña, si bien el arresto se ha producido por posesión de droga que los agentes hallaron mientras investigaban el caso.

El Estado de Guatemala ejecutó por última vez a dos personas en el año 2000 tras haber sido declarados culpables de secuestro. Nuestro país es una de las 15 más violentas del planeta de acuerdo a organismos internacionales y -solo en la última década- contabilizó el asesinato de más de 60 mil personas.

CRÓNICA GT

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