El Gobierno de Joe Biden anunció este miércoles por la noche una suspensión de 100 días de las deportaciones de inmigrantes, aunque con algunas excepciones, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por EFE

Las deportaciones son el principal temor de los guatemaltecos en EE. UU.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Durante 100 días, a partir del 22 de enero de 2021, el DHS suspenderá las deportaciones de ciertos no ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada”, detalló el secretario interino, David Pekoske, recién nombrado por Biden.

La razón, dijo Pekoske, es “garantizar” que Estados Unidos tenga “un sistema migratorio justo y eficaz centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública”, por lo que ordenó “revisar y reiniciar” los protocolos.

El DHS no aportó en el comunicado detalles sobre las personas que quedan excluidas de la medida de los 100 días.

Durante la campaña, Biden ya se comprometió a esta suspensión de las deportaciones aunque en ese entonces lo hizo sin excepciones.

Biden adquirió este compromiso después de recibir duras críticas durante las primarias demócratas por las deportaciones masivas del Gobierno de Barack Obama, del que él fue vicepresidente.

Durante la Presidencia de Obama fueron deportados tres millones de inmigrantes, más que con ningún otro gobierno de EE.UU., incluido el de Donald Trump.

La pausa por 100 días de las deportaciones se suma a otra medida anunciada este miércoles por el DHS: La suspensión a partir las inscripciones al programa “Permanezcan en México”, que permitió a Trump devolver al país vecino a los solicitantes de asilo.

Además, Biden ha aprobado una serie de medidas migratorias dentro del paquete con 17 órdenes ejecutivas que ha firmado tras instalarse en la Casa Blanca, como el refuerzo del programa para jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” o “soñadores” o la revisión de las prioridades a la hora de arrestar a inmigrantes sin papeles.

Asimismo ha presentado un plan migratorio que prevé regularizar a 11 millones de indocumentados, aunque ese proyecto depende del Legislativo.

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