LA NOTA CHAPINA

๐™ด๐šก๐šŒ๐š•๐šž๐šœ๐š’๐šŸ๐šŠ: ๐™ป๐šŠ ๐š•๐š’๐šœ๐š๐šŠ ๐š๐šŽ ๐šš๐šž๐š’๐šŽ๐š—๐šŽ๐šœ ๐š‘๐šŠ๐šŒ๐šŽ๐š— ๐šŒ๐šŠ๐š–๐š™๐šŠรฑ๐šŠ ๐š’๐š•๐šŽ๐š๐šŠ๐š• ๐šข ๐š•๐šŽ ๐š๐šŽ๐š‹๐šŽ๐š— ๐š€๐Ÿธ๐Ÿธ ๐š–๐š’๐š•๐š•๐š˜๐š—๐šŽ๐šœ ๐šŠ๐š• ๐šƒ๐š‚๐™ด

Los candidatos han interpuesto recursos legales contra las multas. De momento, ninguna ha sido cancelada.

Porย Josรฉ Pablo Del รguila

Multas TSEEl presidente Alejandro Giammattei es uno de los candidatos que fue multado con $50 mil 001 por propaganda electoral ilegal. El jefe de la bancada Vamos dijo que esta multa se impugnรณ. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Durante el proceso electoral 2019, el Registro de Ciudadanos impuso 53 multas a 47 candidatos a cargos de elecciรณn popular que suman Q22 millones 833 mil 943.5.ย Hasta la fecha ninguna se ha pagado.

Las sanciones son por propaganda electoral ilegal y campaรฑa anticipada. El monto de cada una oscila entre los US$50 mil 001 a US$125 mil 001, segรบn el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De las 53 sanciones,ย 47 aรบn no estรกn firmes, ya que los candidatos interpusieron recursos legales y aรบn pueden ser revocadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o Corte de Constitucionalidad (CC). De momento, soloย diez infracciones causaron firmeza, es decir, ya no existen trรกmites judiciales o administrativos que las puedan revertir. Por lo tanto, deben ser canceladas sin excusa.

Entre estas รบltimas se encuentran las multas impuestas a Julio Hรฉctor Estrada y Yara Argueta, quienes participaron por la Presidencia y Vicepresidencia de la Repรบblica, respectivamente, por el partido Compromiso, Renovaciรณn y Orden (Creo). Cada uno debe pagar US$50 mil 001 por propaganda electoral ilegal, segรบn el TSE.

Al consultarle sobre este tema, Estrada indicรณ que oficialmente la instituciรณn electoral nunca los notificรณ de la sanciรณn. Por esta razรณn interpondrรกn los recursos que la ley les permite.

El Registro de Ciudadanos tambiรฉn sancionรณ a otros tres candidatos a la presidencia, pero todos tienen recursos legales pendientes por resolverse.

Entre estos se encuentra el presidente Alejandro Giammattei, quien, de quedar firme la infracciรณn, debe pagar US$50 mil 001 por pautar ilegalmente en Facebook.

Al respecto, Francis Masek, secretaria de comunicaciรณn social, dijo que es la agrupaciรณn Vamos la que debe responder sobre esto, ya queย el mandatario no tiene representaciรณn partidaria. Mynor Mejรญa, jefe de bancada de Vamos, dijo que la sanciรณn fue impugnada โ€œy en su momento nos vamos a pronunciar a travรฉs de nuestro secretario generalโ€.

Otro candidato en la misma situaciรณn fue Edmond Mulet, excandidato a la presidencia por el Partido Humanista, quien debe dos sanciones que suman US$300 mil 006 por propaganda electoral ilegal.

โ€œSe presentรณ el recurso de amparo correspondiente ante la CSJ, la cual me amparรณ provisionalmente. El expediente estรก en manos de la CC y tenemos confianza que se confirmarรก ese amparo. Las multas fueron impuestas violando el derecho constitucional de debido proceso y derecho de defensa, ya que (โ€ฆ) no se corriรณ audiencia para escucharnosโ€, refiriรณ el expresidenciable por un mensaje vรญa whatsapp.

Actualmente, Mulet se encuentra en la conformaciรณn de una plataforma polรญtica denominada โ€œCabalโ€, segรบn lo ha anunciado en sus redes sociales.

De igual forma, Roberto Arzรบ, excandidato por la coaliciรณn PAN-Podemos, tiene tres sanciones que suman US$231 mil 666.67 por campaรฑa anticipada. Se intentรณ consultarle cuรกndo las cancelarรญa, pero no contestรณ llamadas ni mensajes.

El resto de las multas son contra candidatos a diputados y alcaldes de distintas organizaciones polรญticas y todas estรกn pendientes de pago.

AC: Los procesos se entrampan

Gabriela Ayerdi, de Acciรณn Ciudadana (AC), comentรณ que es difรญcil que las multas queden firmes ya que la legislaciรณn permite que los candidatos realicen impugnaciones, al punto de entrampar los procesos.

Ahora, en cuanto a las diez multas que ya estรกn firmes, el TSE debe seguir los procedimientos que permite la legislaciรณn guatemalteca para obligar a los deudores a que paguen su infracciรณn, dijo Ayerdi.

โ€œEn estos casos hay una deuda hacia el Estado y se debe iniciar un proceso de ejecuciรณn que estรก en la ley de lo contencioso administrativoโ€, explicรณ la entrevistada.

Por su parte, Geidy de Matta, analista polรญtica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), refiriรณ que en muchas ocasiones las personas hacen uso de los recursos que la ley les permite para burlar la jurisprudencia de la autoridad electoral.

โ€œA travรฉs de una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Polรญticos hace falta darle mรกs potestad al TSEโ€, afirmรณ De Matta.

La analista dijo que el monto de las multas pudiese servir al TSE para trabajar en la formaciรณn de cultura polรญtica y construcciรณn de ciudadanรญa.

โ€œEl rol del TSE no es รบnicamente durante las elecciones. Estos recursos (de las multas)ย deben utilizarse en procesos formaciรณnย de cultura polรญtica guatemaltecaโ€, dijo.

Atrasos en la informaciรณn

El listado de los candidatos con infracciones se solicitรณ desde el 29 de septiembre vรญa acceso a la informaciรณn pรบblica al TSE. No obstante, el detalle de los nombres se obtuvo hasta ayer.

Uno de los retrasos ocurriรณ porque la unidad de informaciรณn pรบblica (UIP) respondiรณ a la solicitud hasta el 15 de octubre, es decir, en 12 dรญas hรกbiles despuรฉs. Sin embargo, la Ley de Acceso a la Informaciรณn Pรบblica regula que el plazo mรกximo para que las instituciones pรบblicas respondan es de diez dรญas hรกbiles, mรกximo.

Ademรกs, la respuesta que se brindรณ fue incompleta, ya que en un oficio solo se refiriรณ que se habรญan interpuesto 53 sanciones contra personas jurรญdicas individuales, sin especificar el nombre de cada uno.

Por esta razรณn, se interpuso un recurso de revisiรณn en el que se seรฑalรณ al pleno del TSE que la respuesta se dio de forma extemporรกnea y no se entregรณ la totalidad de la informaciรณn requerida.

El 22 de octubre, el pleno de magistrados declarรณ con lugar el recurso y ordenรณ que se entregara la informaciรณn en diez dรญas hรกbiles posteriores al vencimiento del plazo ordinario de la respuesta.

El viernes, la UIP solicitรณ por correo que la informaciรณn se recogiera de forma presencial, la cual estuvo disponible hasta ayer, ya que hace dos dรญas el Ejecutivo decretรณ descanso para las instituciones estatales.

PRENSA LIBRE

Categorรญas:LA NOTA CHAPINA