LA NOTA ECONÓMICA

Funcionarios serán beneficiados con créditos aprobados para la crisis del coronavirus

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ECONÓMICA

El Congreso aprobó la madrugada de este miércoles la ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus covid-19, luego de aprobar dos préstamos por US$450 millones y la ratificación del toque de queda y la ampliación del estado de Calamidad Pública.

La disminución de la tasa líder de interés significa que el costo del dinero se abarate para los usuarios finales ya sea para el consumo, hipotecario o empresarial mayor o menor. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca) La disminución de la tasa líder de interés significa que el costo del dinero se abarate para los usuarios finales ya sea para el consumo, hipotecario o empresarial mayor o menor. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Luego de una maratónica jornada que duró las 12 horas, los diputados aprobaron la ley de emergencia, sin embargo, en el artículo 13 del proyecto donde se destinan Q400 millones para apoyar a los micro, pequeña y mediana empresa (MiPymes), también aprobaron que esos créditos pueden ser beneficiadas las personas políticamente expuestas.

Según la Superintendencia de Bancos (Sib), las personas expuestas políticamente son aquellas que desempeñan o hayan desempeñado un cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella que tiene o se le ha confiado una función prominente en una organización internacional, así como, los dirigentes de partidos políticos nacionales y de otro país que por su perfil están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica.

En este grupo están el presidente y vicepresidente de la República, los ministros, los diputados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, jefes de fiscalías, Contralor General de Cuentas, Procurador General de la Nación, Superintendente de Administración Tributaria y cerca de más de 500 funcionarios del Estado.

David Casasola analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que ese punto es parte de los elementos que hay que fiscalizar al momento de que se ejecute estas medidas que son extraordinarias.

“De alguna manera quizá levantar esa restricción puede ser algo peligroso sino se tiene clara la priorización de los beneficiarios, creería que en este caso si tienen muy claro la priorización no habría ningún problema en cuanto sea una persona políticamente expuesta”, dijo Casasola.

El experto también señaló que debe haber un criterio de priorización muy claro en cuanto a la generación de empleo, vulnerabilidad para caer en pobreza extrema, en cuanto a la vulnerabilidad por ejemplo de caer en quiebra una empresa. “El desafío o la pelota está en la cancha del ejecutivo ahora habrá que ver la capacidad de gestión, priorización y transparencia para asegurar que esos recursos causen el impacto que se espera”, dio el analista económico.

El economista Édgar Balsells indicó que las MiPymes tiene que ver con microfinanzas y no con bancos y además ellos ya tiene un fideicomiso en el Ministerio de Economía, no ve la necesidad de crear otro fondo.

Balsells quien también fue ministro de Fianzas considera que esto podría beneficiar no solo a los diputados, sino también a los funcionarios que tiene alguna empresita.

“Los parientes de los diputados y los diputados o caciques, alcaldes ellos no son vulnerables, y si hay personas que son vulnerables y que o tiene capital como los artesanos y pequeños productores”, aseguró Balsells.

El economista añadió que envían una señal de que lo aprobado no es para el grupo de vulnerabilidad, y que ese grupo de micro empresario es muy bien conocido por las entidades de microfinanzas y de Micoope (Cooperativas de Ahorro y Crédito). “Ellos son los que de verdad saben el giro del negocio y no los bancos, menos el Crédito Hipotecario Nacional que es para vivienda”, afirmó.

Ley de emergencia

El Congreso aprobó la ley de emergencia con el objetivo de crear las medidas iniciales, sanitarias, económicas, financieras y sociales necesarias para atender la crisis derivada de las medidas adoptadas para contener y mitigar los efectos de la pandemia denominada covid-19 y para proteger a los habitantes de la República sobre todo a la población más vulnerable.

Dentro de lo aprobado en la normativa está la vigilancia a que no se de acaparamiento y precios de referencia a los 34 productos que conforman la canasta básica.

Prohíbe el cobro de multas, moras, gastos administrativos o intereses por atraso en cuotas correspondientes a centros educativos o de universidades toda vez la persona este al día en sus cuotas.

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas velarán porque no se suspendan los aportes para la alimentación escollar y que se cumpla el derecho de alimentación.

En ese sentido Érick Fernando Mazariegos Salas, viceministro administrativo del Ministerio de Educación, dijo que la normativa aún no ha sido publicada en el diario oficial, por lo que aún no entra en vigencia.

Diana Brown, presidenta de la Asociación de Colegio Privados, indicó que en momentos de crisis este es un apoyo para los hogares guatemaltecos: “No tenemos ningún inconveniente con ello y es un apoyo para el padre de familia”, dijo.

Sin embargo, preocupa a la asociación que el pago de las colegiaturas de abril y mayo puedan atrasarse, pues esto afectaría la cancelación de salarios de aproximadamente 35 mil maestros que laboran en los colegios.

Abastecer Hospitales

En salud se aprobó que se debe dotar de información sobre procedimientos de prevención y cuidados. El IGSS y hospitales privados deben unirse a las campañas de información y la Academia de Lenguas Mayas difundirá la información en los principales idiomas mayas.

Que deben estar abastecidos los hospitales y centros de salud, también se otorgaron Q700 millones para la adecuación de Hospitales y Centros de Salud, incluyendo la instalación de hospitales y otras unidades de atención temporales.

También otorgaron Q100 millones para implementar en la red hospitalaria laboratorios de prueba para la detección de covid-19 y que el Ministerio de Salud debe de hacer la pruebas de detección a las personas que estén en cuarentena y que estén en riesgo y que también pueden hacer pruebas el IGSS y a la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos bajo la rectoría de Salud cuando sean necesarios.

Atención a migrantes

Los diputados también aprobaron que el ministerio no podrá negar la atención médica a los migrantes en tránsito dentro del territorio nacional y deberá girar instrucciones a hospitales y centros de salud para que se dé cumplimiento.

También deberán dar atención medica permanente en el Cetro de Atención de Retornados, así como información necesaria para que tomen las medidas para contener la propagación del virus.

Grupos promigrantes recibieron con beneplácito la noticia de la aprobación de medidas para vigilar la salud de los deportados, entre estas la instalación de una clínica de atención que suplantará a la pequeña que se encuentra dentro de la Fuerza Aérea de Guatemala.

Los activistas temen en que de continuar con los procesos de deportación desde EE. UU. el covid-19 podría ingresar al país en cualquier momento, sobre todo después de que ya es oficial de que al menos un migrante en detención fue diagnosticado positivo y debido al pobre control que se tiene de los deportados cuando son llevados a sus lugares de origen.

Desde que Guatemala cerró sus fronteras, han ingresado al menos cuatro vuelos con guatemaltecos que fueron detenidos en EE. UU. y enviados de vuelta al país, estos han transportado a 270 personas.

Lo aprobado

  • Educación

Suspensión de multas

Se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos administrativos o intereses por atraso en cuotas correspondientes a centros educativos o de universidades toda vez la persona este al día en sus cuotas.

Alimentación escolar

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas velarán porque no se suspendan los aportes para la alimentación escollar y que se cumpla el derecho de alimentación.

Pago de pacto colectivo

Se otorgaron Q400 millones al Ministerio de Educación para el pago de sueldos y salarios en el cumplimiento de pactos colectivos.

  • Salud

Información en idiomas

El Ministerio de Salud debe dotar de información sobre procedimientos de prevención y cuidados. El IGSS y hospitales privados deben unirse a las campañas de información y la Academia de Lenguas Mayas difundirá la información en los principales idiomas mayas.

Abastecimiento de hospitales

Las autoridades correspondientes velarán que los hospitales y centros de salud estén abastecidos de insumos correspondientes.

Se otorgaron Q700 millones para la adecuación de Hospitales y Centros de Salud, incluyendo la instalación de hospitales y otras unidades de atención temporales, además, del equipamiento hospitalario y los insumos necesarios para su operatividad.

Las municipalidades podrán comprar hasta Q300 millones en compras directas orientadas a la emergencia covid-19.

Pruebas de covid-19

Los diputados otorgaron Q100 millones para implementar en la red hospitalaria laboratorios de prueba para la detección de covid-19.

El Ministerio de Salud de forma obligatoria debe realizar las pruebas de detección a las personas que estén en cuarentena y que estén en riesgo.

Se autoriza la realización de pruebas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos bajo la rectoría del Ministerio de Salid en los casos que sean necesarios.

El ministerio no podrá negar la atención médica a los migrantes en tránsito dentro del territorio nacional y deberá girar instrucciones a hospitales y centros de salud para que se dé cumplimiento.

También verán dar atención medica permanente en el Cetro de Atención de Retornados, así como información necesaria para que tomen las medidas para contener la propagación del virus.

Obligaciones por pactos colectivo

También se otorgaron Q567.5 millones al Ministerio de Salud para el pago de sueldos y salarios en el cumplimiento de pactos colectivos.

  • Social

La Diaco vigilará que no se produzca acaparamiento.

El Ministerio de Economía fijará precios promedio al 15 de marzo por cada uno de los 34 productos de la canasta básica.

Por aparte se otorgaron Q100 millones para la ampliación de cobertura del programa del adulto mayor.

También Q100 millones para el programa de cobertura del Programa de Agricultura Campesina.

Se garantiza el suministro de energía eléctrica, sobre todo el subsidio que beneficia a la población en pobreza y extrema pobreza.

Se otorgaron Q700 millones para un programa de asistencia por medio de cupones para familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo a personas a adulto mayores, así como personas de la tercera edad que se encuentren en asilos. Este programa se hará en coordinación del Mides y Maga para una base de beneficiarios únicos, los cupones se canjearán en farmacias y tiendas de barrios. Serán Q350 millones para cada uno.

Se prohíbe atender peticiones de incrementos salariales y otorgamientos de prestaciones o beneficios laborales adicionales.

El pago diferenciado se aplicaran según sea el caso a vencimientos de cuotas de tarjeta de crédito, créditos con garantía fiduciaria, prendario o hipotecario para vivienda, por la cuotas de dos meses, los pagos podrán diferir de seis meses sin intereses moratorios a partir que finalice la crisis.

  • Pequeñas empresas

Se crea un fondo de protección de capitales de Q250 millones para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesionales, empresas.

Un fondo para las MiPymes de Q400 millones para brindarles créditos con intereses preferenciales.

Los contribuyentes afectos al Impuesto de Solidaridad (ISO) podrán diferir el pago correspondiente al trimestre hasta el 30 de septiembre al contado sin que eso genere sanción, multa o recargo alguno, quien acepte no podrá despedir a ningún trabajador hasta terminado de pagar el mismo.