LA NOTA CHAPINA

LA NOTA CHAPINA: Iván Velásquez: “En casa de Bosch me dijeron que habían aprendido la lección y que esto tenía que parar”

Sin el habitual saco y sin el peso de cuidar milimétricamente cada una de sus palabras por el cargo que tenía, Iván Velásquez, exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, habla (un tanto más relajado) de sus años al frente del equipo, de los empresarios que aceptaron sus errores pero que le insistieron en poner “punto y final” a la lucha contra la corrupción, y de cómo haberse negado fue el detonante para iniciar una estrategia para expulsar a la Cicig. Esta es la primera entrega de una conversación que tuvo lugar en Bogotá en septiembre, días después del cierre de la comisión.

Hay, en la vida de Iván Velásquez, un gesto mínimo, un “entretenimiento distinguido, burgués, ocioso y elegante” que muchos damos más o menos por sentado y a él le ha sido restituido hace poco: salir a pasear. “Pasear es un rito civil, y caminar un acto animal. Pasear es algo social, y caminar algo más bien selvático, aunque sea por las calles de una ciudad”, escribe Juan Marqués en un prólogo a un libro sobre el arte de andar. Mientras residió en Guatemala, entre 2013 y 2018, el que dirigiera hasta hace un mes la Comisión internacional Contra la Impunidad en Guatemala tuvo limitados ese acto y ese rito, pero no la selva. A veces sus subordinados levantaban la vista de dosieres y expedientes de investigaciones que causaban pavor entre los prohombres del país, y mirando por la ventana le veían estirar las piernas a media mañana o media tarde dentro del recinto amurallado de las oficinas que ocupaban en la zona 14 de la capital.

Allí, en su lugar de trabajo, habitaba sin vida social —lo que para él era común desde hacía al menos 28 años, cuando investigaba el tráfico de drogas en Medellín y 25 o 30 soldados se instalaron permanentemente fuera de su casa para protegerlo— y sin familia —una novedosa sensación de soledad: “Eso sí es algo que extrañé”, concede—; permanecía dentro por seguridad siempre que no tenía que abandonarlo por razón de compromisos laborales. Los fines de semana solía permitirse otra excepción desaforada: asistía a misa. Primero acudía a la iglesia de San Judas Tadeo, y luego empezó a pensar que podía conocer de forma efectiva la ciudad de Guatemala si dedicaba cada fin de semana a un templo distinto y a una diferente feligresía. Este acto de piedad dominical constituía seguramente para él (y en buena medida para los de seguridad) su mayor desmadre conocido, tanto que él se refiere al rito como “celebración”, aunque en ciertas fechas optó por la aventura de caminar en la calle los 100 o 200 o 300 metros que separan algunos restaurantes de su despacho, y los guardaespaldas tuvieron que organizarlo todo repentinamente para que su vehículo blindado se moviera acompasadamente a su lado, y ellos pulularan en torno a él como polillas sobre un cartel luminoso. No anduvo por Guatemala, no conoció la ciudad más allá que en dosieres, solo los edificios oficiales, los centros de convenciones y otros no-lugares. Una vez viajó, por placer, a Petén, dice, para que lo conociera una hija. Solo una.

Y sin embargo este hombre que no holló las calles, tuvo acceso a una selva que la mayoría de los tranquilos o febriles transeúntes locales nunca ha visto: la jungla de relaciones y delitos que estructura el edificio del poder y el dinero y la impunidad en el país.

Enrique Naveda

En septiembre de 2018, el Gobierno le cerró la entrada a Iván Velásquez. Hoy, el excomisionado se ha reestablecido en Bogotá (Colombia) y mientras recupera un viejo proyecto de estudios jurídicos desarrolla consultoría internacional. / Enrique Naveda

Es 8 de septiembre en Bogotá. Hace cinco días antes ha terminado, oficialmente, el mandato de la comisión que encabezó durante seis años, aunque él no ha pisado el territorio guatemalteco desde que hace justo uno el presidente Jimmy Morales, archienemigo suyo por la investigación que abrió contra su hijo y su hermano, aprovechó que estaba de viaje para ejecutar uno de los momentos clave de una estrategia diseñada para acabar definitivamente con el momentum de la lucha contra la impunidad y prohibir que el comisionado regresara.

Ahora Velásquez sonríe sombrío por un instante, y no precisamente porque todo apunte a que hoy, dada la hora, es improbable que vaya a llegar a misa. Lo que le inquieta es la suerte que vayan a correr sobre todo los guatemaltecos que trabajaron con él, y las amenazas y hostigamiento que pesan sobre ellos. Pero le gusta andar y hoy ha andado: ha venido caminando veinte o treinta cuadras (o paseando —no ha debido de ser nada salvaje, ni en actitud ni en esfuerzo: viste igual de oscuro aunque menos monástico o funcionarial que cuando residía en Guatemala, pero no suda—) y así pretende regresar, disfrutando de ese goce plácido y paradisíaco. Por eso también está relajado. ¿En qué cree este hombre cuyos detractores más notorios, Álvaro Uribe en Colombia (en su momento lo fue Pablo Escobar), y buena parte de la clase política y empresarial guatemalteca, tratan de presentarlo como misionero de un depravado progresismo internacional? “El asunto no es esto de izquierdas y de derechas”, replica Velásquez, “ni de comunismo y anticomunismo: lo que siempre manifesté es que creo en la Dignidad del Hombre: cualquier régimen que pueda garantizarla es el que debe servirle al mundo”.

Dignidad y Progreso es “que una persona pueda vivir en condiciones materiales de existencia dignas. Que pueda vivir en libertad. Que pueda ejercer la democracia. Que pueda participar si le interesa los asuntos públicos. Una vida digna en lo material pero también en su intelectualidad, en su espíritu y promoción humana”. Esa idea tan sencilla, dice, es la que ha impulsado su vida laboral: “Trabajar por la justicia es trabajar por la democracia. Se reivindica que no haya personas especiales por encima de la ley, que no puedan ser siquiera investigados. Todos iguales. Hay una relación muy directa entre Justicia, democracia, derechos humanos. Hay muchos afiebrados en Guatemala que creen que el Estado social y democrático de derecho es una idea comunista. Pero la Corte Constitucional colombiana ha desarrollado bastante el concepto y es eso: generar un estado de derecho en el que se garantice la vida digna de sus habitantes de un país, pero también la participación en las actividades públicas”.

¿Quiénes son los artífices de la estrategia para sacar a la Cicig? Siempre se habla de ellos de una manera muy vaga?

A finales de 2016 hubo conocimiento público de las actividades de lobby directas y contratadas por empresarios guatemaltecos en los Estados Unidos.

¿Esos empresarios concretos son los principales artífices de la estrategia, los que pensaron y ejecutaron?

Los que pensaron y ejecutaron están vinculados con las personas afectadas en el Mariscal Zavala, pero también con el entorno del presidente Morales y el propio Presidente.

Esos empresarios, si no recuerdo mal, son algunos socios de la cementera.

Son más.

¿Quiénes?

… (Evade). Pero hablando del tema, unos empresarios financiaron ilícitamente al candidato Morales en el 2015, y distorsionaron la democracia. Cuando tuvimos los datos específicos de cada uno de ellos, se aproximaron a la Comisión para decir: “Lo hicimos y estamos muy arrepentidos, y quisiéramos ver cómo podemos solucionar las cosas”. La fiscal Thelma Aldana y yo les dijimos que reconocieran el hecho pero que no negociaríamos impunidad. Hicieron un reconocimiento público de lo que “llamaron el error”. Debería haber sido una gran oportunidad de recomposición social y compromiso con la democracia, pero luego lo usaron para disculparse con el presidente Morales diciendo que fueron extorsionados o chantajeados por mí. El reconocimiento no era necesario para la investigación. Estaba en las pruebas. Estaban los cheques.

¿Entendieron desde el primer momento las claves de la estrategia contra la Cicig?

Los vimos desde sus primeras manifestaciones, a finales del 2016. Utilizaron muy hábilmente argumentos de toda naturaleza, principalmente argumentos falsos. El tema de los Bitkov, por ejemplo, y la de la Comisión de Helsinki y la invitación a explicar en la comisión la investigación. Yo decía: “Este es un acto soberano de la Fiscalía guatemalteca que investigó a los Bitkov. Si la Fiscalía guatemalteca va a la Comisión y necesita que los acompañemos, vamos. Pero nosotros no tenemos por qué asistir a un enjuiciamiento a la Fiscalía de Guatemala ni a los jueces de Guatemala en la Comisión de Helsinki”. ¿Decisión correcta políticamente? Probablemente no. Permitió que muchos dijeran: “esta es la soberbia de la Comisión, que no rinde cuentas. ¿Cómo es que no va a explicar?”. Pero hay valores mucho más importantes que tienen que ver precisamente con el Estado de derecho, con la democracia, y con los órganos nacionales. Los mismos oportunistas del nacionalismo que en Guatemala criticaban a la Comisión porque era una injerencia en su soberanía eran los que pedían a Estados Unidos intervención respecto al tema Bitkov. ¿Cómo se enfrenta algo así? Para mí era inconcebible que alguien, aparte de los propagandistas, llegara a aceptar que la lucha contra la corrupción significaba el decaimiento de la economía, la pérdida de la inversión extranjera y la parálisis del Estado.

“En este momento tuvieron la respuesta de que la lucha contra la corrupción iba a seguir hasta donde se pudiera llegar. Esta reunión fue la decisiva para desatar la estrategia que desarrollaron después”

Naturalmente, la lucha contra la corrupción implica la parálisis de un Estado corrupto. Pero fue una sorpresa que, en una reunión en el Departamento de Estado, un funcionario me preguntara: “¿Y usted no cree que esto está afectando la economía del país?” ¿Cómo se puede pensar eso? Con el tema de la Terminal de Contenedores de Barcelona y TCQ otros dijeron en un foro muy respetable: “Esa acción de la Fiscalía contra TCQ está afectando la inversión extranjera”. Y yo dije: “¿Entonces lo que se necesita es que se permita la inversión corrupta?” Si les preocupa que se pierda la inversión extranjera si investigamos la corrupción que hay en ella, entonces es que quieren que siga la inversión corrupta. ¿Cómo se puede luchar contra una concepción de esa naturaleza? A los correctos les interesa mucho más que se sepa que en Guatemala hay una sana y libre competencia en la contratación y no que está intermediado por sobornos.

¿Por qué tuvo éxito esa idea?

Para mí es inconcebible e incomprensible. Pero por interés.

¿Qué interés podía tener un funcionario de Estados Unidos? ¿O era desinformación?

No sé. ¿Qué hubiéramos podido hacer nosotros? Hicimos lo que lealmente creímos que debíamos hacer: mostrar cómo eran las cosas. Cuando se dice que el hacinamiento penitenciario en Guatemala es culpa de la Cicig, pero de los veintitrés mil presos, las investigaciones en las que participábamos implicaban 600 (3 %), ¿qué haces más que mostrar esas cifras?

¿Cambiaría algo de lo que hizo? ¿Caso de Arzú, la familia del presidente, los empresarios, otra?

Tal vez de lo más cuestionado fue la captura del hermano del presidente, y la petición de detención preventiva del hijo cuando acudió a la audiencia. Las decisiones, particularmente las de captura, son del Ministerio Público. Actuamos como una unidad y cuando se asume una decisión, se asumió. No vamos a cuestionarlo. Había elementos para solo citar al hijo: cuando supo, se presentó ante la Fiscalía, ante los jueces y él fue el que reveló que su tío estaba involucrado. Eso no se sabía. ¿Que no se hubiera investigado? Definitivamente no. Eso es lo que ha existido siempre, que a determinadas personas no se les afecta por quienes son. ¿Que denunciar el caso del alcalde Arzú y la municipalidad significaba que la Cicig no continuara? Lástima. No podíamos transigir porque cuando uno empieza a transigir con un caso, puede transigir con cualquiera. Esto se trata de fortalecer institucionalidad. De construir democracia. De edificar un sistema de justicia que no atienda a los privilegios, sino que le presente al juez lo que se encuentra, sin seleccionar en función de si puede afectar a Pedro o a Juan y pensando que Juan es tan fuerte que nos va a afectar a nosotros. Hay un hecho que demuestra que la decisión obedece a convicciones y no a oportunismo o a coyunturas.

Después del caso Cooptación, en el segundo semestre del 2016, ya habían publicado en Siglo 21 un editorial pidiendo la ley de punto y aparte, cuando el presidente del Cacif, José González Campo, me dijo que había mucha preocupación y me preguntó si aceptaría una reunión con algunos en la casa de Juan Luis Bosch. Llego yo solo, y hay 20 o 30 de los más importantes empresarios de Guatemala que me dicen que ya habían aprendido la lección y que esto tenía que parar. Que si no parábamos, lo que había que hacer era ponerle una cerca al país, rejas al país, porque todos quedarían presos. Que ellos no iban a volver a actuar como lo habían hecho en el pasado. Ellos decían que en muchas ocasiones los habían extorsionado. Habían tenido que pagar, porque si no, ya no les adjudicaban contratos. Yo les repetí algo que me había dicho González Campo unos meses antes: que su familia, una familia de constructores, había decidido no volver a contratar con el Estado por la corrupción, sino solo privado. Y añadí que había una opción. “¿Por qué los demás sí contrataron?”, pregunté. “Ah”, decían, “pero también exigían que pagáramos para que se nos hiciera pago por avance de obra”. “Bueno, probablemente la primera vez. Pero si ya sabían que el mecanismo era pagar un porcentaje para que les pagaran a ustedes, ¿por qué siguieron contratando?” – “¿Y, entonces, hasta dónde piensa llegar?”. Les dije que llegaríamos hasta donde las pruebas permitieran; “Ese es el límite que tenemos” – “¿Pero usted no cree que esto está haciendo mucho daño, que afecta a la economía del país? ¿Que esto es un problema que afecta la seguridad jurídica?”. Yo dije: “Por el contrario. Esto es lo que genera seguridad jurídica, a menos que sea la seguridad jurídica de la corrupción. Pero luchar contra la corrupción favorece el clima de negocios”. En este momento y de manera directa tuvieron la respuesta de que la lucha contra la corrupción iba a seguir hasta donde se pudiera llegar. Esta reunión fue la decisiva para desatar la estrategia que desarrollaron después.

¿Qué nombres recuerda de esa reunión?

No.

¿Solo Juan Luis Bosch?

Sí.

¿González Campo estuvo ahí?

Sí, con él fue. También Felipe Bosch.

Más allá de estos tres momentos, ¿hay algo que hoy política o judicialmente hubiera hecho de otra manera?

En las investigaciones, no. En la reunión lo que esperaban ellos era que yo actuara políticamente correcto: “Sí, solo terminamos lo que tenemos y hacemos una ley de punto final informal. Dejamos las cosas así y ustedes se comprometen a manejarse bien”, como decían ellos, “que ya aprendimos y ya no vamos a volver a hacer cosas”. Cuando se empieza a negociar se pervierte todo.

Una de las críticas más recurrentes a Cicig es que manejó sus tiempos con oportunidad política. Lo dicen muchos de los críticos. En cambio, muchos de los que defienden a la Cicig dicen que precisamente su problema fue no haber manejado los tiempos: haberse ido de golpe contra todos sin calcular sus propias fuerzas.

El problema de los tiempos siempre es complicado. ¿Cuál es el tiempo adecuado? Si actuáramos con esa lógica, debimos quedarnos con el caso La Línea hasta que concluyera, y el el segundo caso lo presentaríamos en el segundo semestre el 2020. ¿Cuándo es oportuno? Dicen: “es que se investigó a tantos que conformaron un bloque muy fuerte porque eran los más poderosos del país y entonces pudieron reaccionar de esa manera tan contundente…” ¿Cómo se gradúa? Muchas veces insistimos, en público y en privado, sobre la grave situación de la prisión preventiva en el Mariscal Zavala. Pero eso no le interesó nunca a nadie. Y uno podría preguntar respecto de los amigos que critican qué hicieron para impedir que el Mariscal Zavala se convirtiera en lo que se convirtió. Otra crítica: “si la UNE era el sostén de las Cicig en el Congreso, ¿a quién se le ocurre actuar contra la UNE?”. Ah, entonces, ¿basta con que la gente se solidarice con una causa para que ya quede exonerada de todo? Es el caso de Sandra Torres. La investigación por la que hoy está privada de libertad estaba concluida en septiembre de 2018. Se le presentó a la Fiscal General. Venían las elecciones en el 2019. Según ese discurso, no podíamos actuar antes de las elecciones porque ella era secretaria del partido que “respaldaba” a la Cicig en su grave problema con el Gobierno, y el Comisionado no podía entrar al país. Bueno, si eso era así, ¿entonces cuándo se puede actuar? ¿Después de las elecciones? Si la lógica es que antes va a afectar, ¿se hace después? Y si gana, entonces nos dicen que es para afectar su triunfo y ponerle obstáculos. Entonces ¿cuándo? Todos estos cálculos, ¿a qué conducen? A que el caso no se pueda presentar. ¿Cuál es el tiempo de los casos? Para mí ha sido siempre un problema en toda mi actuación de los últimos 28 años. Desde el 91 he visto situaciones de esa naturaleza. Si se estuvieran considerando siempre los tiempos para la acción de la Justicia, no se podría desarrollar. ¿Qué significaría esto? La Justicia sería para los vencidos. La Justicia sería para los que no tengan poder. La Justicia sería para los que no pueden afectar un proceso. Y entonces seríamos, ahí sí, como ha dicho la crítica de los detractores, “selectivos”. Fue nuestra falta de selectividad la que condujo a la conformación del frente en nuestra contra. Pero yo creo que la Justicia no puede mirar esos otros tiempos, conduciría a la inactividad. Cuando reprochan los amigos que se actuara sin tacto o visión política, ¿qué es lo que se está afirmando? Despojado de bonitas palabras: “No se debió actuar contra el alcalde Arzú porque él era un hombre muy poderoso.” Aaah, bueeeno. “¡Tocar a los empresarios! ¡Con lo que han significado a los empresarios en el país! ¿Ya vio cómo fue que por una acción de los empresarios fue que se anuló la sentencia genocidio?” Aaah, bueeeno

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