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TU VOTO SE NOTA: El exsoldado que lidera la amenaza de boicotear las elecciones…¿Galdámez hará fraude el domingo?

  • Por Evelyn De León
Francisco Calmo de León es quien levanta la mano en esta fotografía captada en una de las caminatas en el centro reclamando una compensación económica. (Foto: archivo/AFP) 

Francisco Calmo de León es quien levanta la mano en esta fotografía captada en una de las caminatas en el centro reclamando una compensación económica. (Foto: archivo/AFP)

No pasó del más bajo rango militar y en los años en que perteneció al Ejército (1987-1990) fueron en la época de gobiernos civiles, cuando el conflicto fue menos intenso. En caso de indemnización, le correspondería Q365.63 y no Q85 mil.

Francisco Calmo de León es el exsoldado que se presenta como el presidente de la Asociación de Soldados Veteranos y Militares de Tropa, organización que aún está en formación. Su objetivo como agrupación es reclamar una indemnización de 85 mil quetzales para él y los afiliados a la asociación que dirige.

Formó parte de las filas del Ejército el tiempo mínimo requerido para cumplir con el servicio militar que era obligatorio y su grado fue el más bajo de la jerarquía.

Registros del Ministerio de la Defensa Nacional revelan que Calmo llegó a ser parte de la tropa como soldado de segunda. Comenzó recibiendo mensualmente como estipendio 50 quetzales y terminó recibiendo 75 quetzales. Adicional se le aportaba 25 como bono de riesgo. Eso fue entre 1987 y 1990.

Información Ministerio de la Defensa.

Información Ministerio de la Defensa.

29 meses como soldado

Francisco Calmo nació en Retalhuleu. Cuando faltaban cinco meses para cumplir la mayoría de edad fue reclutado por el Ejército. Era 1987 y era Vinicio Cerezo quien era el Presidente de Guatemala. Pese a ser un civil al frente del Gobierno, para entonces el servicio militar aún era obligatorio.

Oscar Pérez, portavoz del Ejército, dice que un soldado de segunda “es el primer grado que un ciudadano alcanza en la jerarquía militar”.

Calmo estuvo destacado en la zona militar de Suchitepéquez, no hay información de cuáles eran sus funciones específicas. Calmo pidió su baja por haber cumplido el tiempo establecido de servicio y se retiró el 31 de julio de 1990.

Según Calmo y sus asociados, el Estado vulneró sus derechos al haber sido obligado a prestar servicio militar. Por lo menos eso dice ante la mesa de diálogo que logró abrir luego de amenazar con boicotear las Elecciones Generales.

En el Ministerio de la Defensa, no hay registro de pago alguno por prestaciones laborales, indemnización, jubilación o cualquier otro aporte.

El Ejército no los considera parte la institución debido a que sus estatutos no lo establece.

Obliga a negociar

Calmo y su grupo salió a las calles para protestar por la compensación económica.

En el Congreso, el diputado del partido Visión con Valores (Viva), Sergio Rojas, los acuerpó y citó al comisionado del Diálogo Nacional. Así logró abrir la negociación.

Consultado respecto a si el grupo podría actuar por razones políticas, Sergio Flores, comisionado presidencial del Diálogo Nacional, considera: “No sería lejano que alguien quisiera beneficiarse de esta situación”, pero no quiso profundizar al respecto y luego aclaró que su papel es escuchar las peticiones y encontrarles una solución.

Fuentes relacionadas a Calmo mencionan que la mayoría eran integrantes de Avemilgua, la Asociación de Veteranos que dirige José Luis Quilo Ayuso. Pero no está claro si existió una separación real o están aún vinculados.

No fue posible contactar a Calmo porque su teléfono celular suena apagado. Solo hay referencia que informó que viajaría a Estados Unidos. Está citado a presentarse ante la mesa de diálogo el próximo 20 de junio cuando se programó la nueva reunión.

¿Es viable la petición?

El comisionado del Diálogo Nacional declaró a Soy502 que el grupo primero debe concretar la constitución como asociación; de lo contrario “es improbable que se les pueda atender”.

Además, debe analizarle el fundamento para poder otorgarles el resarcimiento. En el caso de los militares, las compensaciones han sido a través del Instituto de Previsión Militar que paga las jubilaciones.

Los exPatrulleros de Auto Defensa Civil (exPac) ya recibieron aportes similares, ejemplifica el comisionado.

Ruth del Valle, que estuvo a cargo de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), opinó que, quien debería pagar la indemnización es el Ministerio de la Defensa “a los soldados que los indemnice el ejército de su propio presupuesto. Por qué a los generales les dan jugosas compensaciones”.

Del Valle ejemplificó que a familiares de víctimas fallecidas durante el conflicto armado, por ejecuciones extrajudiciales o desaparecidos se les otorga 24 mil quetzales como compensación. Aunque hay registros de compensaciones millonarias, según sea el caso.

Si a Francisco Calmo se le aplicara el pago por prestaciones laborales, según la Ley Civil, le correspondería un total de 365 quetzales con 63 centavos, según un cálculo basado en sus salarios. Esto no incluiría bono 14 o aguinaldo, porque en los años que trabajó para el ejército no se encontraban vigentes.

Por ahora no existe un acuerdo de aceptación de pago de parte del Ejecutivo. Lo que hay es un pacto para seguir en diálogo.

SOY 502

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