LA NOTA CHAPINA

Publicación entra en vigencia hoy mismo, pero el PDH advierte que violenta principio de jerarquía normativa porque la resolución no puede derogar el Decreto Legislativo 35-2017.

Por: Katerin Chumil / elPeriódico

El Gobierno de Guatemala publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 2-2019 por medio del cual declara terminado el acuerdo existente entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Estado, que da vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Según se indica en el documento firmado por todo el gabinete, para fundamentar su decisión consideró como una motivación principal el supuesto silencio y desinterés de la secretaría general de la ONU en torno a la negociación de la queja planteada contra el comisionado Iván Velásquez.

En ese entonces, el Ejecutivo dijo en un comunicado que durante la reunión sostenida con el secretario de la organización mundial, António Guterres, el presidente Jimmy Morales “planteó la necesidad que la CICIG se circunscribiera al mandato otorgado para su funcionamiento” y a las leyes del país.

Sin embargo, dos días después, el mandatario declaró “non grato” a Velásquez y ordenó expulsarlo de Guatemala. Tal decisión surgió luego de que el Ministerio Público y la misión anticorrupción solicitaron a la Corte Suprema abrir antejuicio en su contra por supuesto financiamiento electoral ilícito en la campaña del 2015.

El acuerdo gubernativo informa que en Consejos de Ministros se acordó dar por terminada la norma que dio vida a la CICIG y la cual fue aprobada por el Congreso. La disposición entra en vigor a partir de hoy.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, expresó en su cuenta de Twitter que lo publicado por el Gobierno violenta el principio de jerarquía normativa ya que esa resolución no puede derogar el Decreto Legislativo 35-2017 que avaló a la Comisión.

Asimismo, hace “un llamado para que juntos defendamos el Estado de derecho” y exige al presidente Jimmy Morales “el restablecimiento inmediato de la cordura para retrotraer esas acciones ilegales y antidemocráticas”.

EL PERIÓDICO

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