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LA NOTA CHAPINA: Qué viene después de deshacerse de la Cicig? Detener la persecución penal y restaurar el sistema de impunidad

Decenas de personas se manifestaron la noche del lunes 8 de enero en las afueras de la Corte de Constitucionalidad, para exigir el cumplimiento del Estado de Derecho y apoyar a la Cicig / Esteban Biba-EFE
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Deshacerse de la Cicig no es el objetivo único del presidente Jimmy Morales y sus aliados, pero es un paso indispensable, sí, para avanzar en lo verdaderamente importante: detener la persecución penal por casos de corrupción y restaurar el sistema de impunidad que reinaba hasta antes de abril de 2015. Esa es la conclusión de Carlos Arrazola en este análisis de situación sobre la crisis política que afronta el país, que ha construido a partir de consultas con más de una decena de fuentes políticas, diplomáticas y judiciales.

 

Durante los últimos 16 meses el presidente Jimmy Morales ha ocupado su tiempo en un solo objetivo: deshacerse de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Con la ayuda de sus aliados en el Congreso, el sector empresarial, el Organismo Judicial y la cúpula del Ejército, ha utilizado todo tipo de argucias e ilegalidades para lograr el objetivo.

A pesar de los reveses judiciales y diplomáticos ha logrado victorias importantes. Le han contrariado los fallos de la Corte de Constitucionalidad y el rechazo de la secretaria general de la ONU, pero ha conseguido que el comisionado Iván Velásquez no regrese, se le han alineado buena parte de las fuerzas políticas en el Congreso, aunque menos de las que necesita, ha obtenido la pasividad del gobierno de Estados Unidos y el respaldo abierto del Cacif y de los grupos más conservadores del país y la complicidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Su último triunfo, quizá el más determinante hasta el momento, ha sido fracturar a la Cicig. Más de una docena de investigadores y funcionarios de esa comisión, entre ellos algunos guatemaltecos, abandonaron el país en los últimos días siguiendo los protocolos de seguridad de las Naciones Unidas. “Hay amenazas reales en contra de la integridad física del personal”, me dijo una miembro del cuerpo diplomático, y agregó: “No tenemos la menor idea de si volverán y continuarán con las investigaciones”.

La salida del personal de la comisión, la entrega de las licencias de portación de armas asignadas a los miembros de su seguridad, y el traslado de sus archivos a la sede de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público hacen pensar según las fuentes que difícilmente se reincorporarán en el futuro cercano, y menos aún que vendrán sustitutos. Oficialmente, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha rechazado la decisión del Gobierno de dar por terminado el mandato de la Comisión, y luego de que la Corte de Constitucionalidad haya ordenado al presidente Morales dar marcha atrás, ha dejado en manos de Iván Velásquez la reorganización de la Cicig de aquí hasta el próximo 3 de septiembre, que es cuando legalmente concluye su mandato. Si para Velásquez no ha sido fácil dirigir la comisión a la distancia, pues lleva desde septiembre en Nueva York, más complejo será para los investigadores.

Dirigentes de organizaciones del movimiento social se manifestaron el martes 9 de enero, en las afueras de la Corte de Constitucionalidad, para exigir al Gobierno que respete el Estado de Derecho. / Esteban Biba / EFE

Con la Cicig fuera del camino, la lucha contra la corrupción y la impunidad queda en manos de la fiscal general Consuelo Porras, que según diversas fuentes del Ministerio Público “no ha boicoteado ni detenido” ninguno de los casos investigados por la Cicig pese a que ni Velásquez ni la Cicig son santos de su devoción. Una fuente del sector justicia me recalcó que hay aún varias investigaciones fuertes que la Fiscalía contra la Impunidad ha venido trabajando con la Cicig, con “peces gordos” y que habrá que observar cómo actúa sin la presencia de la Comisión.

El papel de Estados Unidos será determinante, y les preocupa el futuro de los esfuerzos anticorrupción en Guatemala. En un pronunciamiento difundido el lunes 8 de enero la embajada estadounidense señaló: “El Estado de Derecho, la reducción de la corrupción y el fin de la impunidad son clave para la seguridad, la estabilidad y la prosperidad, no solo en Guatemala, sino en toda la región. El gobierno de los Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar a las instituciones guatemaltecas y al pueblo guatemalteco en su lucha continua contra la corrupción y la impunidad. Instamos a todos a preservar la paz y evitar la violencia”.

Fuentes políticas y diplomáticas atribuyen al embajador Luis Arreaga una gran influencia en la designación de Porras como fiscal general y según trabajadores del Ministerio Público se reúnen al menos una vez por semana. Además, desde la llegada de Porras es común observar en la sede central de la Fiscalía a funcionarios de diferentes agencias estadounidense.

Después de la Cicig, la restauración

Deshacerse de la Cicig no es el fin último del gobierno, “y las mafias que lo apoyan”, dice la activista Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack y una de las principales promotoras de la creación de ese organismo internacional. El verdadero objetivo, asegura, es detener la persecución penal en contra de “los grupos poderosos” que integran las “redes político-económicas ilícitas”, revertir los procesos judiciales ya iniciados por casos de corrupción y crimen organizado, y “restaurar el sistema de impunidad” que prevalecía hasta abril de 2015. “La estrategia es la crisis permanente, y el miedo”, con eso logran mantener ocupada la atención de la opinión pública y la inmovilización de la ciudadanía para defender sus derechos, señala la activista.

El cambio repentino del director general de la Policía Nacional Civil, el pasado lunes, revivió el temor de que el Gobierno esté buscando sumisión total de parte de la Policía y preparando el terreno para instaurar un estado de excepción en el país, con el fin evitar manifestaciones masivas y detener a quienes considere sus opositores. Llegado el caso, no se sabe si el presidente obtendría los 105 votos del Congreso para ratificarlo, pero algunos analistas advierten que podría bastarle el tiempo que pase desde que el presidente y su Consejo de Ministros lo aprueben y un eventual rechazo del Congreso.

El presidente Morales es la “cara visible, el portavoz y ejecutor” de las acciones pero no el estratega.

El presidente Morales es la “cara visible, el portavoz y ejecutor” de las acciones pero no el estratega. Los nombres del general Ricardo Bustamante, miembro conspicuo del Gobierno de Otto Pérez, y de los sempiternos embajadores Acisclo Valladares y Antonio Arenales Forno se repiten entre las fuentes consultadas como los ideólogos detrás de la estrategia de la restauración. Los nombres del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, la canciller, Sandra Jovel Polanco, y los diputados del partido Todos, Felipe Alejos, y del Frente de Convergencia Nacional, Javier Hernández, surgen, entre otros, como “los operadores”.

La primera acción para detener la persecución penal la ejecutaron de inmediato. El martes los abogados de la Procuraduría General de la Nación pidieron a los tribunales de los casos Botín Registro de la Propiedad, Cooptación del Estado y Alcalde de Antigua, que eliminaran a la Cicig como querellante adhesivo, pese a que la Corte de Constitucionalidad acababa de ratificar su vigencia y legalidad. Varios investigadores de Cicig tampoco pudieron presentarse a sus audiencias.

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