LA NOTA CHAPINA

LA NOTA CHAPINA: MP rompe con CICIG postura por financiamiento electoral ilícito 

El caso contra los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán está por ser archivado. Esto luego que los diputados “arrancaran” del Código Penal el delito que los llevó a Tribunales. El Ministerio Público quiere cerrar el proceso y la CICIG ve un camino para que se juzgue la responsabilidad de los señalados. En una audiencia quedó en evidencia la discrepancia entre ambas entidades.

Los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán durante la audiencia de este martes.

FOTO: SANDRA SEBASTIÁN

Una parte del Código Penal metió en problemas con la justicia a Rodrigo Arenas, Andrés Botrán y a cinco empresarios más, por financiar de forma anónima e ilegal la campaña electoral de Jimmy Morales en el 2015.

El artículo 407 N decía que es delito que una persona individual o jurídica aporte, reciba u autorice recibir dinero para financiar campañas políticas, sabiendo que los fondos son ilícitos. El segundo párrafo, indicaba que el financiamiento electoral ilícito es la contribución recibida en forma anónima y que no se registre en los libros contables del partido político. Los encontrados culpables eran sancionados con hasta doce años de prisión. Eso lo convertía en un delito grave.

Esa era la ley vigente en abril, cuando el Ministerio Público y la CICIG revelaron que Arenas y Botrán hicieron gestiones para que otros cinco empresarios millonarios aportaran más de Q8 millones a la campaña de Jimmy Morales sin pasar por los controles del Tribunal Supremo Electoral.

Un poco de contexto: BI, Cementos, Cervecería, CMI y el azúcar financiaron ilegalmente a Jimmy a través de MCN

El caso está por archivarse luego de que los diputados reformaran el delito y lo sustituyeran por otro con penas de cárcel de 1 a 5 años, lo que lo convierte en un delito menos grave.

Para la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público ya no hay un delito que perseguir. José Rafael Curruchich, fiscal a cargo del caso, llevó una petición al Juzgado de Ericka Aifán, donde los empresarios Arenas y Botrán son procesados.

El 7 de noviembre, un día después de que la reforma al delito entrara en vigor, Arenas, Botrán y los empresarios Fraterno Vila Girón, José Torrebiarte Novella, Guillermo Castillo Villacorta y Felipe Bosch Gutiérrez, presentaron un documento en la Fiscalía donde pedían que se les aplicara un criterio de oportunidad, un procedimiento para cerrar el caso cuando el sindicado acepta que cometió un delito y busca una conciliación con el Ministerio Público.

El fiscal Curruchich dijo que desde antes que entraran en vigor las reformas al delito, el MP ya había decidido cerrar el caso. Esa decisión nació en el despacho de la Fiscal General Consuelo Porras. En una reunión donde se analizó lo que aprobó el Congreso y su impacto en los casos, participaron los fiscales a cargo de esta investigación, Porras, sus asesores,también estuvieron Rony López Contreras y Julio Cordón, Secretario General y Secretario de Política Criminal, respectivamente.

Andrés Botrán fue señalado de entregar Q250 mil a la empresa Novaservicios para pagar gastos de la campaña electoral de FCN-Nación; Rodrigo Arenas realizó gestiones para que cinco empresarios millonarios aportaran dinero sin pasar por los controles internos del partido ni por el Tribunal Supremo Electoral.

La Fiscalía que bajo el mando de Thelma Aldana —en abril—, los señalaba con documentos y testimonios —incluso la confesión de los empresarios—, pidió este 20 de noviembre el cierre de este caso con preguntas y argumentos como este:

—¿Quién convirtió en anónimos esos aportes? ¿Será que fue la entidad Novaservicios, Sociedad Anónima o fue el partido político FCN-Nación quien tenía la obligación de registrarlos en su contabilidad y reportarlos al TSE? ¿Será que el señor Rodrigo Arenas y Andrés Botrán tenían la obligación de reportar esos aportes?

Curruchich recordó que sí hubo una conducta ilegal que en su momento los llevó a tribunales, con el respaldo del delito que los diputados removieron de la ley. Las reformas en el Congreso beneficiaron no solo a Arenas y Botrán, si no a los secretarios generales de los partidos políticos y a quienes han financiado campañas de forma ilegal.

Para ser beneficiado con un criterio de oportunidad, uno de los requisitos es que el imputado llegue a un acuerdo con los fiscales para reparar el daño que causó. En este caso el afectado fue el Estado de Guatemala, representado en la audiencia por la Procuraduría General de la Nación.

Sobre eso el fiscal pidió que el empresario Botrán reparara el daño con un aporte de Q250 mil y Arenas, el pago de Q94 mil, basados en lo que podrían costar sus gestiones al Tribunal Supremo Electoral para apoyar las elecciones del año 2019.

Juan Fernando Gómez González, abogado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dijo que estaban en desacuerdo con el Ministerio Público y pidió que la jueza le fijara un plazo a la Fiscalía para que se presentara al juzgado con más argumentos para pedir un criterio de oportunidad u otra salida para el caso. El abogado dejó entrever que hay elementos para llevar este caso a un juicio.

—Cuando se nos notifica que la Fiscalía va a realizar su acto conclusivo, tiene que indicar qué tipo de acto va a realizar. Su decisión fue solicitar un criterio de oportunidad, pero dentro del expediente no hay ningún acuerdo previo. Nos preguntamos, ¿de qué criterio de oportunidad estamos hablando si no hay un acuerdo previo? Aquí francamente no puede aplicarse y ese es un vicio de procedimiento. Nosotros acá tenemos otros alegatos. Vamos a demostrar que en este caso no es procedente un criterio de oportunidad. Esta diligencia no procede. Nosotros creemos que lo más prudente es que si la fiscalía no cuenta con los elementos necesarios para poder hacer su requerimieneto, se le aperciba (se le fije un plazo para presentar otro).

La Procuraduría General de la Nación, que en este caso representa al Estado de Guatemala, afectado con el financiamiento ilícito de campañas electorales, también se opuso al cierre de la investigación y fue más allá al pedir una investigación más profunda.

—No se ha tenido ningún tipo de acercamiento para poder discutir la posible reparación al Estado de Guatemala, ni por el MP ni por los procesados, dijo el abogado Eliseo Humberto Solís Muñoz. Agregó que es posible que se cometieran más delitos y solicitó a la Fiscalía ahondar en la posible comisión de lavado de dinero.

La jueza Erika Aifán rechaza la petición del MP y dijo que la solicitud se hizo sin reunir los requisitos legales y que “eso fue irresponsable”. Luego le llamó la atención a la fiscalía por solicitar el beneficio para los sindicados obviando los requerimientos y por no argumentar bien su petición, pues en algunos momentos se basó en el artículo que ya no está en vigencia y en otras, al delito ya reformado.

Aifán le dio tres días al Ministerio Público para que vuelva presentarse al juzgado. Todo apunta a que la Fiscalía de Delitos Electorales, en base a la decisión de Consuelo Porras, pedirá que se cierre el caso a través de otro procedimiento.

Además, el próximo 20 de diciembre, el Ministerio Público deberá llevar una postura para el caso de los cinco empresarios millonarios que confesaron aportar a la campaña presidencial de Jimmy Morales más de Q8 millones. Lo que suceda en estos procesos impactará en el trámite de las investigaciones por financiamiento electoral contra los partidos Líder, Encuentro por Guatemala y la Unidad Nacional de la Esperanza.

La CICIG es la mano derecha de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. En la unidad de Delitos Electorales, los criterios los separan en los juzgados.

NOMADA

 

 

 

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