LA NOTA CHAPINA

LA NOTA CHAPINA: Exfuncionarios de Gobernación resaltan que patrullaje con Jeep J8 en la Ciudad “no tenía razón de ser”

Señalaron que son unidades artilladas capacitadas para usarse en el combate a estructuras de narcotráfico o crimen organizado y que están asignadas a las Fuerzas de Tarea del país que operan en las zonas fronterizas.

Por Nancy Alvarez

Este miércoles se conversó en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, acerca del uso de vehículos Jeep J8 para patrullajes en la Ciudad de Guatemala. Como invitados participaron Carlos Menocal, exministro de Gobernación; y Julio Rivera Clavería, ex viceministro de Gobernación.

Según los exfuncionarios, aunque no es ilegal el uso de esos vehículos en la Ciudad, en ese contexto y en los puntos específicos que se dio, este no tenía “ninguna razón de ser”.

Documentos filtrados ayer señalan que el Ministerio de Gobernación habría ordenado que se realizaran patrullajes con vehículos Jeep J8 el pasado 31 de agosto en la Ciudad de Guatemala.

Los vehículos fueron observados en esa ocasión en cercanías de la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de la embajada de Estados Unidos, y según los documentos, también circularon en el perímetro de la embajada de México e instituciones de justicia.

La información filtrada detalla que la orden para la movilización de las unidades fue dada por el asesor Héctor Mejía Secaida, precisamente, en nombre del Quinto Viceministro de Asuntos Antinarcóticos, José Olazabal.

La cartera emitió un comunicado en el que señala que el Quinto Viceministerio es el administrador de esas unidades y su despacho coordina con la Policía Nacional Civil (PNC) los apoyos “contra la incidencia criminal, organizaciones delictivas y delitos de seguridad ciudadana, combate al narcotráfico y patrullajes a nivel nacional”.

Ese 31 de agosto, el presidente Jimmy Morales anunció la no renovación del mandato de la CICIG, y a criterio de Rivera por el momento político no había necesidad de hacer un despliegue de esas características, pues era simplemente se trataba de un acto político.

“Era un patrullaje que no tenía razón de ser, aunque no quiere decir que fuera ilegal, pues las autoridades pueden hacer los patrullajes que consideren necesarios según la información que tengan”, dijo.

Además, indicó que los Jeep J8 están asignados a las Fuerzas de Tarea del país, que operan en las zonas fronterizas para el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Menocal coincidió en que no se puede catalogar como ilegal un operativo de esa naturaleza porque el Estado puede usar todos los elementos y recursos que tenga a su disposición para la fuerza coercitiva en materia de seguridad.

Sin embargo, le llamó la atención desde dónde surgió la orden de trasladar a la capital ese equipo que se usa para temas migratorios, fronterizos y contra el narcotráfico, pues debió hacerse desde el mando operativo policial y no desde la orientación de un asesor de un viceministro.

“Digamos que hay una emergencia en la Ciudad, está bien hay que utilizarlos, pero entonces la zona 14, 10 y 1 no son zonas de alto impacto de delincuencia organizada. Sobretodo en esas áreas no hay narcotraficantes que andan haciendo operaciones en las calles”, señaló.

Menocal consideró que “tácticamente fue un error, políticamente fue un mensaje para amedrentar y para demostrar el poder del presidente (Jimmy) Morales, que últimamente ha estado utilizando esa semiología, como vestirse de militar siendo el Comandante General del Ejército”.

A su criterio, este tipo de hechos dan la impresión de que el mandatario está bajo el asesoramiento de militares, y no del Ministerio de la Defensa como institución, sino de militares “que han tenido esas relaciones oscuras del pasado”, y que el Ministerio de Gobernación está cayendo en esas esferas castrenses.

Por aparte, el exministro se refirió a las características de los Jeep J8, que fueron donados a Guatemala por Estados Unidos para reforzar las acciones de seguridad en las fronteras.

Detalló que algunos son blindados, otros semi blindados y algunos de paso ligero, pero la mayoría son artillados, es decir, que cuentan con la capacidad para ser utilizados en operativos de alto impacto, en donde podrían surgir enfrentamientos con estructuras criminales que tienen alto poder de fuego.

En ese sentido, Clavería aseguró que “no vale la pena tener este tipo de vehículos, pues son artillados, y no tienen ninguna razón de estar en la capital, y sí son importantísimos en áreas rurales porque cumplen función de vigilancia, ya que en el caso de un enfrentamiento podrían contenerlo”.

Y resaltó la importancia de que se indague con respecto a las órdenes giradas. “Tiene que iniciarse el proceso con una propia investigación interna de la Inspectoría de la PNC, conjuntamente con el Ministerio Público”, puntualizó.

PUBLINEWS

 

Anuncios