LA NOTA CHAPINA

LA NOTA CHAPINA: Ley de aceptación de cargos no aplicaría en casos de corrupción

La propuesta de ley de aceptación de cargos necesita enmiendas, según la comisión legislativa que la analiza. Sin embargo los diputados estiman que no debería beneficiar con rebaja de penas a quienes estén implicados en casos de corrupción.

Por Manuel Hernández Mayén

La iniciativa de ley de aceptación de cargos busca descongestionar las cárceles en el país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La iniciativa de ley de aceptación de cargos busca descongestionar las cárceles en el país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Luego de escuchar a varios sectores, la comisión específica determinó que es necesario que en la Instancia de Jefes de Bloques se proponga realizar una serie de enmiendas a la iniciativa 5311, la cual ya tiene dictamen favorable y está lista para conocerse en el Pleno.

En consenso se acordó este jueves que es necesario presentar varias enmiendas al proyecto antes descrito, que tiene como objeto otorgar beneficios de rebajas de penas y a su vez coadyuvar para reducir el hacinamiento en los centros de privación de libertad.

El diputado presidente de la comisión, Manuel Conde Orellana, resaltó que es importante hacer las enmiendas en seis puntos:

  1. Reducir el trámite de la aceptación de cargos
  2. La restricción a la rebaja de penas
  3. Los beneficios de la aceptación de cargos
  4. El deber de declarar como testigo
  5. La reparación digna
  6. El recurso de apelación.

La recomendación de la comisión se centra en reducir a no más de tres audiencias la declaración del imputado que buscaría acogerse a la ley de aceptación de cargos. Este criterio difiere con el de la Corte Suprema de Justicia, que ha señalado que se podría llevar en dos audiencias, mientras que el proyecto contempla hasta cuatro.

Otro de los aspectos que se debe analizar con más detalle, ahora en por los Jefes de Bloques, es la aplicación de los beneficios de la aceptación de cargos cuando la víctima sea un niño, niña, adolescente, además de los delitos contra libertad e indemnidad sexual de las personas y la trata de personas.

También se recomienda revisar las rebajas de pena al delito de extorsión y sus modalidades, ya que la restricción del beneficio solo incluía caso de genocidio desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y delitos contra los deberes de la humanidad.

Conde Orellana indicó que el tema relacionado con los delitos de corrupción y contra la delincuencia organizada, debe ser discutido por los diputados.

Además, se propone que, si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración, una vez firme el auto de procesamiento, podrá tener una rebaja del 40 por ciento, si lo hace entre la audiencia de primera declaración hasta que se dicte apertura juicio, el beneficio sería de una reducción del 30 por ciento y si lo hace después de la apertura a juicio sería beneficiado con una quinta parte. Aunque la comisión considera que para el primero y segundo la rebaja sería del 50 por ciento y 40 por ciento, respectivamente.

El testigo

En el tema de declarar como testigo, la comisión establece que se deje claro lo que establece la Constitución, en donde detalla que la persona no podrá declarar en contra de sí misma o parientes. En la redacción original la redacción era ambigua, según la comisión, lo que podría prestarse para impugnaciones posteriores.

La Comisión también estimó hacer una enmienda en el tema de la reparación digna que establece el proyecto de ley, sobre todo, establecer que la reparación digna no sea tomada como como un mecanismo sancionatorio, también prever una condición objetiva para determinar que la reparación digna en monto como en tiempo. Así como incluir que los estándares de reparación sean integrales.

También se pide que en la regulación a la apelación se incluya a todos los sujetos procesales y no solo se limite al procesado.

Proceso legislativo

La iniciativa 5311 fue presentada en agosto del año pasado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y pretende reformar el Código Penal para hacer viable un mecanismo que permita que alguien acepte los cargos que se le imputen, a cambio, el sindicado podrá recibir una pena menor.

Recibió el dictamen favorable en septiembre del 2017 por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero no fue sino hasta este año que se logró agendar para que se conociera en el Pleno.

La propuesta ha tenido otros atrasos, como la falta de consensos y criterios divididos por las reformas que proponían, lo que obligó a que se creara una nueva comisión, esta vez específica, para analizar el dictamen de la iniciativa.

Dicha sala de trabajo tiene como objetivo recabar información de todos los sectores posibles, compararlos y analizarlos para posteriormente elaborar un informe circunstanciado que debe presentar al Pleno. Aún no hay fecha para que la conozcan en el Hemiciclo.

PRENSA LIBRE

 

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