LA NOTA CHAPINA

LA NOTA CHAPINA: Aceptación de cargos podría no aplicar para estos delitos

Organizaciones de sociedad civil y centros de investigación consideran que la iniciativa ley de aceptación de cargos debería excluir a quienes hayan cometido delitos contra niños y adolescentes, violencia sexual y femicidio, o de lo contrario podría ser un retroceso a los logros obtenidos con anterioridad.

Por Carlos ÁlvarezLa Comisión Específica para analizar la iniciativa de ley de aceptación de cargos se reunió este jueves en el Congreso. (Foto Prensa Libre: Carlos Álvarez)La Comisión Específica para analizar la iniciativa de ley de aceptación de cargos se reunió este jueves en el Congreso. (Foto Prensa Libre: Carlos Álvarez)

Las posturas surgieron dentro de una audiencia de la comisión específica que analiza la iniciativa y tomó nota de los insumos.

Las instituciones que participaron son Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Fundación Guatemala 2020, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), Fundación Sobrevivientes y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg).

Erika González, de FADS, planteó ante los diputados de la comisión que no se debería dar  una reducción de pena a algunos delitos, entre ellos los de violencia sexual, contra niños y adolescentes y el femicidio.

Agregó que también se debe plantear una forma para que exista una respiración digna al daño que se provocó.

César Sigüenza, de la Fundación Guatemala 2020, señaló que el trámite debería ser llevado en una sola audiencia, aunque no quiere decir que se haga en un solo día pues esto brindaría certeza al procedimiento.

Coincidió con que se debería excluir de la aplicación de esta ley a los delitos de lesa humanidad y contra la libertad, identidad sexual y trata.

Agregó que la reincidencia debería desaparecer como concepto agravante, pues es un castigo doble por un mismo hecho. “Recomendamos que no quede la reincidencia, pero, si queda, que el juez evalué si un reincidente puede o no optar a la aceptación de cargos”, dijo.

Otro punto en el que concordó es en el de la relación. “Es la mejor forma que la sociedad tenga una respuesta justa a un acto delictivo. De nada sirve encarcelarlas si no existe una reparación a la víctima”, añadió el experto.

Rodolfo Díaz, de la Fundación Sobrevivientes, enfatizó que hay normas que no se deben trasgredir, resaltó que estos son los convenios internacionales pues al hacerlo se podría caer en una inconstitucionalidad.

 

Díaz indicó que la aceptación de cargos “podría ser un retroceso a algunas legislaciones que protegen a  grupos vulnerables como los niños y adolescentes”, y por tanto es necesario excluir a este tipo de delitos, además de violencia contra la mujer y femicidio.

Agregó que otros puntos que se debería tomar en cuenta la opinión de la víctima sobre la petición del sindicado para adherirse a este tipo de legislación.

Rubí Hernández, de Unamg, consideró que la verdadera solución para evitar la mora judicial es que “se deben crear más juzgados y evitar el litigio malicioso” y que ideas para estas deberían privilegiarse antes que la reducción de penas, como resolvió recientemente la Corte de Constitucionalidad sobre el delito de femicidio.

“No podemos pensar que una rebaja de la pena nos va a permitir solventar la problemática. Una de las grandes debilidades está la generalización del delito, manifestamos preocupación por los delitos sexuales, femicidio y delitos contra la vida”, añadió Hernandez.

Consideró que si se dejan esos delitos sería una burla para las víctimas y que consideran que la aplicación de esta legislación no garantiza que se disminuya la mora judicial.

La activista consideró necesario que esta ley solo se aplique a delitos menores y bajo ninguna circunstancia a los delitos antes descritos pues eso podría considerarse como un “un retroceso” a los logros que se han obtenidos hasta hace poco tiempo.

El representante de Ipnusac, Lisandro Acuña, dijo que se está sobrelegislando la reparación digna y la reincidencia, por lo que recomendó a la comisión hacer un análisis sobre esto.

De la misma forma opinó que hay que revisar la legislación de los delitos de la violencia sexual, la ley contra el femicidio para “evitar una antinomia jurídica”.

 

Agregaron que deben revisarse los convenios internacionales para evitar contradicciones y que deben excluirse los delitos de explotación sexual y debe existir una ponderación basada en principio de igualdad procesal.

Diputados

Enrique Alvarez, miembro de la comisión, indicó que es necesario sistematizar las propuestas para que se involucren los asesores de la comisión y diputados para identificar coincidencias que puedan ser fácilmente abordadas.

Álvarez añadió que es necesario identificar los puntos donde hay disenso porque eso permitirá trabajar para lograr consensos.

La diputada Alejandra Carrillo, quien estuvo en la reunión pero no es parte de la comisión, indicó que la iniciativa puede ser un retroceso para la defensa de las mujeres y pidió atención particular a lo que las instituciones expusieron.

El legislador Raúl Romero indicó que la propuesta que se entregará al pleno debe ser aceptable de forma técnica y política.

“Hay que lograr tener legitimidad para la iniciativa, este tipo de trabajo es lo que lo logra. Es vital que este tipo de iniciativas no procuren impunidad para nadie”, señaló Romero.

Mientras tanto, el presidente de la comisión, Manuel Conde, afirmó que tomarán todos los insumos que han recibido de las instituciones y los colocarán en una matriz para que ese análisis sea más factible.

Informó que el próximo lunes la comisión recibirá a representantes de  jueces y magistrados del Organismo Judicial lo cual calificó será un valioso aporte.

Iniciativa

El proyecto fue presentado hace casi un año por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y pretende dar beneficios a quien se declare culpable.

La propuesta contiene 15 artículos que modificarían el Código Penal. En esta iniciativa se contempla la rebaja de penas a cambio de una reparación digna a la víctima o al Estado, es decir, el que viole la ley podría pagar de otra forma y no con cárcel.

La iniciativa también daría la oportunidad a quien acepte sus cargos de convertirse en colaborador para coadyuvar al Ministerio Público (MP) en las investigaciones.

Propuestas

FADS

  • No se debe dar  una reducción de pena a delitos violencia sexual, contra niños y adolescentes y el femicidio.
  • Hay que pensar en algún tipo de reparación digna para las víctimas y agraviados.

Fundación Guatemala 2020

  • Aceptación de cargos debería ser en una sola audiencia
  • El juez debe pronunciarse si acepta o no la solicitud de pena que hace el MP
  • Es necesario que se excluya los delitos de lesa humanidad, libertad e identidad sexual y trata de personas
  • La persona que se declare culpable debería cumplir la pena, aunque resultare conmutable
  • La reincidencia debería desaparecer como concepto agravante.

Fundación sobrevivientes

  • La norma no debe trasgredir convenios internacionales
  • La aceptación de cargos podría ser un retroceso a algunas legislaciones que protegen a  grupos vulnerables como niños y adolescentes
  • Como está la legislación es una disminución a las garantías a las víctimas y se debe excluir a la violencia contra la mujer y el femicidio

Unamg

  • Hay convenios internacionales que se deben tomar en cuenta.
  • Se deben crear más juzgados y evitar el litigio malicioso.
  • La rebaja de la penas nos va a solventar la problemática de mora judicial.
  • Se debe excluir los delitos sexuales, femicidio y contra la vida.
  • La iniciativa no hace referencia al querellante adhesivo, se debería agregar.
  • La iniciativa puede fomentar la corrupción e impunidad ya que aplica para cualquier persona y funcionarios en ejercicio de su cargo.

Ipnusac

  • La reparación digna de las víctimas parece estar sobrelegislada.
  • La figura de reincidencia debería desaparecer porque lo que genera es un mayor entrampamiento al proceso.
  • La Ley contra la Violencia Sexual y la Ley Contra el Femicidio deben ser revisadas  para evitar una antinomia jurídica.
  • Hay que tomar en cuenta la equidad y las capacidades económicas de las personas que son sindicadas.
  • Se debería excluir los delitos de explotación sexual debe y existir una ponderación basada en principio de igualdad procesal.

PRENSA LIBRE

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