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LA NOTA CHAPINA: 47 días después, Consuelo Porras ya puede considerarse la fiscal de Jimmy Morales

Se terminó el beneficio de la duda para la fiscal general que asumió el 17 de mayo con la responsabilidad de mantener el trabajo de 10 años de lucha contra la impunidad.

Consuelo Porras, el 17 de mayo de 2018, el día que tomó posesión.

FOTO: CARLOS SEBASTIÁN

Todos sabíamos que Consuelo Porras que era la candidata más débil de los seis finalistas, un listado en el que sorprendentemente habían cinco buenos candidatos: Patricia Gámez, Miguel Ángel Gálvez, Edgar Melchor, Verónica Ponce y Brenda Dery Muñoz.

Todos sabíamos era sospechoso que a media contienda, Consuelo Porras saliera diciendo en público que el presidente Jimmy Morales era ‘un aliado en la lucha contra la corrupción’, pero algunos lo pensamos como una estrategia de chaquetería.

Todos sabíamos que era sospechoso que fuera la magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad electa gracias a los cabildeos de Blanca Stalling, la jueza de Roxana Baldetti y Pérez Molina.

Todos sabíamos que era sospechoso que tuviera fama de ser una magistrada que se excusaba de conocer los casos más fuertes.

Pero decidimos darle el beneficio de la duda. Yo por ejemplo se lo di frente a las cámaras del continente en una entrevista en CNN. Mi colega Felipe Valenzuela dijo incluso que le daba ‘el beneficio de la esperanza’.

¿Por qué se lo íbamos a dar a pesar de estas luces amarillas de alerta?

En mi caso, creía que la fuerza magnética del prestigio de luchar contra la corrupción y la impunidad era demasiado grande para despreciarla.

La impunidad es un problema epidémico en el planeta y en América Latina. Pero Guatemala es un ejemplo de cómo se puede mejorar cuando se lucha contra las estructuras que procuran impunidad y corrompen la justicia. No conozco de otro país en el continente que haya reducido la impunidad en 8 puntos porcentuales reales en 10 años, hasta 92%.

Estos avances que parecen tan pocos en diez años lograron, en parte, reducir los homicidios a la mitad. ¡A la mitad! Se salvaron, como demostramos en esta investigación de Nómada que nos tomó un año, por lo menos 4,030 vidas. Pasamos de 48 asesinatos por cada 100 mil habitantes a 28 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Todavía estamos muy mal, muy mal. Pero 10 años de administraciones independientes en el Ministerio Público nos sitúan en una posición única en América Latina para institucionalizar los cambios en la justicia.

Ya habíamos logrado que empezaran a funcionar la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Fiscalía de Delitos contra la Vida. Empezaba a espabilar la Fiscalía de Delitos Contra la Mujer y creímos que la de Asuntos Electorales.

Hemos construido un marco legal en el que el jefe del Ministerio Público es probablemente el segundo funcionario con más poder después del Presidente de la República, que no puede relevarlo si es independiente de sus amigos, aliados o de él mismo. Porque hemos aprendido que el Ministerio Público puede ser el contrapeso para las bandas de ladrones que tienen cooptados el Gobierno, el Congreso y el Sistema de Justicia.

De hecho, el equipo de seguridad física de la Fiscal General es del mismo tamaño que el del Presidente de la República.

Además, un pequeño detalle, quien dirija el Ministerio Público de Guatemala tiene un aliado espectacular en la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), que cuenta con un equipo de 150 personas que pueden asistir en investigaciones sin compromisos políticos, sin cálculos.

Como el comisionado Iván Velásquez decidió en 2015 combatir la corrupción que financia las estructuras que producen impunidad, el trabajo del MP se convirtió en algo absolutamente popular en Guatemala.

La anterior fiscal general, Thelma Aldana, se convirtió en la funcionaria mejor valorada del país y fue reconocida en todo el planeta por esos logros.

Con todo esto, pensábamos que Consuelo Porras no iba a tener excusas para no trabajar. La opción era fácil: Pasar a la historia como la que institucionalizó la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala o pasar a la historia como la que la frenó.

¿Por qué Consuelo Porras habría de preferir quedar bien con las estructuras que promueven corrupción e impunidad?

No lo sabemos. Pero desde el 17 de mayo que todo cambió en el Ministerio Público.

Entiendo, por tres fuentes en el sistema de justicia y la fiscalía, que hay una decena de casos listos por parte de los equipos de la CICIG y el MP desde hace más de un mes y doña Consuelo Porras dice que todavía no hay que presentarlos.

Que finalmente la semana pasada, después de seis semanas y media, se dignó a aceptar dos casos, y que no son tan grandes.

Porque el caso más grande, el del Financiamiento Electoral Ilícito en el que no solo hay evidencias sino testimonios de aceptación de cargos contra el presidente Jimmy Morales, es demasiado peso para doña Consuelo Porras.

A pesar de que el 15 de mayo Thelma Aldana e Iván Velásquez habían anunciado que a la investigación le faltaban una o dos semanas, entiendo que doña Consuelo Porras es de la opinión que hay que revisar más bien las 13,000 actas, hablar con 13,000 fiscales de mesa y atrasar la investigación hasta que se acabe el período de Jimmy Morales y el suyo para no tener que tomar una decisión. Y no hace falta llamarla para que ella lo niegue y diga que está analizándolo meticulosamente. La única forma de demostrar lo contrario es actuando.

El caso, según las evidencias que hemos visto todos y lo que han presentado los equipos del MP a la CICIG, está listo.

Retrasar casos como este o como cualquier otro tiene un nombre: retrasar la justicia, obstaculizarla.

Consuelo Porras fue la fiscal con el beneficio de la duda. Con sus acciones ha perdido ese estatus.

47 días después, Consuelo Porras es la fiscal de Jimmy Morales. Con sus acciones, nos deberá demostrar si hay que quitarla de esa categoría en la historia o si empezamos a pedir que se le investigue por obstaculizar la justicia.

NÓMADA

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